Jueves, 01 Agosto 2013 16:09

LEY DE MINERÍA

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LEY DE MINERÍA

LIBRO PRIMERO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

OBJETO, DOMINIO Y ALCANCE DE LA LEY

ARTÍCULO 1. (OBJETO).- La presente Ley se rige por los preceptos de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y tiene por objeto regular las actividades minero metalúrgicas estableciendo principios, lineamientos, normas y procedimientos para establecer el régimen de prospección, exploración, uso y aprovechamiento responsable, planificadoysustentable de los recursos minerales; la estructura institucional, los roles y atribuciones de las entidades estatales y de los actores mineros y la estructura, atribuciones y procedimientos de la jurisdicción administrativa minera.

 

ARTÍCULO 2. (DOMINIO Y DERECHO PROPIETARIO DEL PUEBLO BOLIVIANO).- I. Los recursos minerales, cualquiera sea su origen o forma de presentación existentes en el suelo y subsuelo del territorio del Estado Plurinacional son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano; su administración corresponde al Estado con sujeción a lo previsto en la presente Ley.

II. Ninguna persona natural o colectiva, aún siendo propietaria del suelo, podrá invocar la propiedad sobre los recursos minerales, que se encuentren en el suelo y subsuelo.

ARTÍCULO 3. (ALCANCES Y EXCLUSIONES).- I. La presente Ley alcanza a todas las actividades mineras que se realicen sobre los recursos minerales que se encuentran en el suelo y subsuelo del territorio boliviano, cualquiera sea su origen, incluyendo granitos, mármoles, travertino, pizarras, areniscas, arcillas y otras rocas; minerales industriales como  yeso, sal, micas, asbesto, fosfatos, bentonita, baritina, azufre, fluorita, boratos, carbonatos, magnesita, caliza; piedras semipreciosas: cristal de roca y variedades de cuarzo, ágata, amatista, granates, topacio, berilo, sodalita, citrino y piedras preciosas como diamante, esmeraldas y otras; y tierras raras.

II. Las aguas minero medicinales, gas, petróleo y demás hidrocarburos, están fuera del alcance de la presente Ley. Su administración, regulación y aprovechamiento se rigen por disposiciones especiales.

ARTÍCULO 4. (RÉGIMEN DE ÁRIDOS).- I. Se considera como áridos a la arena, cascajo, ripio, piedra, grava, gravilla y arenilla como materiales detríticos que se encuentran exclusivamente en los lechos, cauces y/o márgenes de los ríos.

II. Se atribuye a los Gobiernos Municipales la competencia para fines de regulación, el manejo y explotación de áridos, que quedan excluidos de la competencia de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.

III. Los actuales titulares de autorizaciones municipales de explotación de áridos y similares materiales otorgadas por los Gobiernos Municipales de acuerdo con la Ley Nº 3425 de 20 de junio de 2006 y normas reglamentarias y municipales en áreas que no fueran lechos, cauces y/o márgenes de ríos, quedan prohibidos de realizar trabajos de explotación minera.

IV. Si a consecuencia de la actividad minera se encontraren áridos concurrentemente con minerales y metales, el titular de los derechos mineros de uso y aprovechamiento tramitará ante el Gobierno Municipal competente la autorización o licencia que corresponda, si decidiera su comercialización.

V. El actor productivo minero que dentro del área minera otorgada o reconocida por el Estado, encuentre actividad de explotación de áridos por un tercero con licencia o autorización municipal, respetará los derechos del tercero.

VI. Si a consecuencia de la explotación de áridos se encontrare concurrentemente minerales o metales, para su uso y aprovechamiento el titular de derechos sobre áridos, deberá tramitar ante la AJAM la suscripción del respectivo contrato de uso y aprovechamiento cumpliendo al efecto los requisitos establecidos en la presente Ley. En caso contrario, se considerará explotación ilegal de minerales.

VII. El tratamiento de rocas con la finalidad de producir áridos constituye explotación minera. Los titulares de Autorizaciones Municipales para tratamiento de rocas, según lo previsto anteriormente, tramitarán su adecuación a Contratos Administrativos Mineros de Uso y Aprovechamiento, bajo las mismas normas de adecuación exigidas a los titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales, siempre y cuando no se encuentren dentro de los límites de poblaciones y ciudades excluidas, de acuerdo al Artículo 88, en cuyo caso solo podrán realizar explotación de áridos, bajo normas municipales aplicables.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS Y DEFINICIONES DE LA LEY DE MINERÍA

ARTÍCULO 5. (PRINCIPIOS).- Son principios de la ley minera:

a)Prioridad del cateo, prospección y exploración. El Estado Plurinacional privilegia las actividades de cateo, prospección y exploración minera, tanto estatales, privadas y cooperativas, como un medio imprescindible para ampliar y desarrollar el potencial minero en todo el territorio boliviano.

b) Carácter estratégico de la industrialización minero metalúrgica. Establece la prioridad del desarrollo de la industrialización de recursos minerales.

c) Prioridad de la investigación, formación y desarrollo tecnológico. Determina la prioridad de la investigación, formación y desarrollo tecnológico, para el cambio cualitativo y cuantitativo de la minería y metalurgia del país

d) Seguridad jurídica. El Estado en cumplimiento objetivo de la Constitución Política del Estado otorga, reconoce, respeta y garantiza los derechos de los actores mineros en el uso y aprovechamiento de los recursos minerales en toda la cadena productiva, garantizando la inversión y el ejercicio pleno de sus actividades.

e) Fiscalización y Supervisión. El Estado a través del Ministerio de Minería y Metalurgia y sus entidades especializadas, fiscalizará y supervisará la actividad minero metalúrgica en toda la cadena productiva, de acuerdo con la presente Ley.

f) Responsabilidad Social. La responsabilidad social implica el aprovechamiento de recursos mineros, en el marco del desarrollo sustentable, orientado a mejorar la calidad de vida de las y los bolivianos.

g) Promoción de la inversión. El Estado tiene como función y obligación, promover políticas para la inversión en el sector minero en toda la cadena productiva.

h) Igualdad de oportunidades y garantías. La economía plural en el sector minero metalúrgico se expresa en la igualdad de oportunidades y garantías para todos los actores productivos mineros, considerando su naturaleza jurídica diferenciada.

i) Derechos laborales y sociales. Toda actividad minera deberá garantizar los derechos laborales y sociales de los trabajadores mineros; prohibiéndose el régimen de servidumbre, el trabajo infantil y la discriminación laboral por razón de género.

j) Seguridad industrial. Toda actividad minera obliga al cumplimiento de las normas de salud y seguridad ocupacional en el trabajo.    

K) Protección del medio ambiente. Las actividades mineras se rigen por las normas de protección al medio ambiente.

ARTÍCULO 6. (DEFINICIONES).- En la presente ley las expresiones:

  1. a)Autorizaciones Transitorias Especiales" o "ATEs" (y su singular), de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 726 de 6 de Diciembre 2010, se refieren a las ex concesiones mineras reguladas por el Código de Minería (Ley Nº 1777 de 17 de marzo de 1997), y sus modificaciones y Reglamentos, vigentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley, incluyendo los efectos derogatorios de dicho Código según lo dispuesto por la Sentencia Constitucional Nº 032 de 10 de mayo de 2006. Las ATEs constituyen también áreas mineras o parajes mineros según lo previsto en los Artículos 13, 14 y 15 de la presente Ley.
  2. b)AJAM se refiere a la AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA, establecida de acuerdo con la presente ley.
  3. c)El término “mineral” o “minerales” comprende a los minerales metálicos y no metálicos.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 7. (CARÁCTER ESTRATÉGICO DE LOS RECURSOS MINERALES Y COMPETENCIA).- I. Los recursos minerales y las actividades mineras son de carácter estratégico, de utilidad pública y necesidad estatal para el desarrollo del país y del pueblo boliviano.

II. De acuerdo con la Constitución Política del Estado, Artículo 298 Parágrafo II) Num. 4), la definición de políticas mineras, reconocimiento de derechos, creación de entidades y empresas públicas relacionadas a las actividades mineras en toda o parte de la cadena productiva, son competencia exclusiva del nivel central del Estado.

ARTÍCULO 8. (CARÁCTER ESTRATÉGICO, FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN).- I. Se declara de carácter estratégico y de prioridad nacional la industrialización de minerales y metales producidos en el territorio nacional.

II. El Ministerio de Planificación del Desarrollo otorgará prioridad a los proyectos de industrialización de los productos del sector minero estatal, en la búsqueda y asignación de recursos de inversión y financiamiento externo.

III. Los créditos u otras formas de financiamiento provenientes de entidades estatales, destinados a la transformación industrial de minerales y metales de propiedad del Estado, se otorgarán en las condiciones más favorables vigentes para entidades de la misma naturaleza.

IV. El Estado a través de la ejecución de su política financiera fomentará la industrialización de minerales y metales de las Cooperativas mineras.

V. El Estado promoverá la industrialización de minerales y metales de la minería privada.

VI. Los procesos de industrialización autorizados en la presente ley a las empresas mineras estatales, podrán realizarse por la propia empresa o mediante una empresa autorizada mediante Decreto Supremo del Órgano Ejecutivo, a solicitud de la empresa interesada.

ARTÍCULO 9. (CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MINERAS).- I. Para fines de la presente Ley, la cadena productiva minera comprende las siguientes actividades:

Cateo. Búsqueda rudimentaria   de indicios de mineralización en superficie.

Prospección. Búsqueda de indicios de mineralización en el suelo y subsuelo mediante métodos geológicos, geoquímicos, geofísicos y otros empleando instrumentos y técnicas apropiadas.

Prospección aérea. Búsqueda de indicios de mineralización en el suelo y subsuelo desde el aire, mediante métodos y técnicas de precisión.  

Exploración. La determinación de la dimensión y características del yacimiento, de la cantidad y calidad del mineral, y su evaluación para fines de desarrollo minero.

Explotación. La preparación y desarrollo de un yacimiento o mina, la extracción del mineral, su transporte a bocamina o plantas de tratamiento o concentración.

Beneficio o Concentración. Procesos físicos, químicos y tecnológicos destinados a elevar el contenido útil o ley del mineral.

Fundición y Refinación. Procesos de conversión de productos minerales y metales en metales de alta pureza.

Comercialización de minerales y metales. Compra-venta interna o externa de minerales o metales.

II. La industrialización, para efectos de esta ley, se entiende como el proceso de transformación de minerales y metales en bienes de capital, bienes de consumo intermedio y bienes de consumo final, cuando la materia prima es resultado de la actividad minera.

ARTÍCULO 10. (PROSPECCIÓN, EXPLORACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO).- El Estado, en ejercicio de su facultad de administración, otorga y garantiza los derechos de prospección, exploración, uso y aprovechamiento de los recursos minerales a través de los actores productivos mineros en toda la cadena productiva, mediante reconocimiento de derechos, contratos y autorizaciones.

ARTÍCULO 11. (RECURSOS MINERALES Y SU DIVERSIFICACIÓN).- I. El Estado Plurinacional a través de sus entidades y empresas competentes y con la participación de los actores productivos mineros promoverá e incentivará la diversificación de las actividades mineras en todo el territorio para explotar racionalmente rocas ornamentales, minerales industriales, minerales evaporíticos, piedras preciosas y semipreciosas, tierras raras y similares.

II. El Estado a través de sus organismos especializados investigará, conocerá y controlará la presencia, explotación, recuperación, comercialización y exportación de minerales acompañantes al mineral principal, que tengan valor comercial.

ARTÍCULO 12. (YACIMIENTOS DETRÍTICOS – ALUVIALES).- I. El Estado incentivará y promoverá la exploración y el aprovechamiento integral y diversificado de los yacimientos minerales detríticos aluviales, glaciales y fluvioglaciares.

II. El uso y aprovechamiento y la ejecución de la cadena productiva de dichos yacimientos deberá considerar y lograr la mejora permanente y eficiente en los sistemas de extracción y recuperación de los minerales, especialmente de finos,   mediante la aplicación de técnicas ambientalmente eficientes.

III. Los operadores mineros deberán propender a la mecanización de sus trabajos de producción y procesamiento y a la introducción de técnicas y tecnologías apropiadas y modernas.

IV. Se planificarán las operaciones de explotación y recuperación para generar reservas que justifiquen inversiones y expansión, a los fines de incrementar la producción de oro y otros minerales evitando la pérdida de mineral en colas y residuos, mediante labores irracionales y selectivas.

ARTÍCULO 13. (ÁREA MINERA, PARAJES MINEROS Y PRIORIDAD).- I. Área Minera es la extensión geográfica destinada a la realización de actividades de prospección, exploración o de uso y aprovechamiento, junto con otras de la cadena productiva minera, definidas en la presente Ley, reconocida u otorgada por el Estado, en la cual el titular ejerce sus derechos mineros por sí mismo o en contrato con terceros.

II. Son Parajes Mineros: los residuos, boca minas, desmontes, colas, escorias, relaves, pallacos y similares, considerados con anterioridad a la presente Ley en forma independiente de las Autorizaciones Transitorias Especiales.

III. Por ser los recursos minerales, de propiedad y dominio del pueblo boliviano, administrados por el Estado de acuerdo con esta Ley, las Áreas Mineras y los Parajes Mineros son intransferibles, inembargables y no son susceptibles de sucesión hereditaria.

IV. Para fines de reconocimiento o de adecuación de derechos previstos en la presente ley, las ex concesiones mineras por pertenencias o cuadriculas denominadas Autorizaciones Transitorias Especiales de acuerdo al D.S. Nº 726 de fecha 06 de diciembre de 2010, tienen Áreas Mineras sobre las que se reconocen derechos pre constituidos o derechos adquiridos.

V. Respecto de Áreas Mineras de libre disponibilidad, la prioridad en la presentación de la solicitud otorga derecho preferente para obtener Autorización de Prospección y Exploración o Contrato Administrativo Minero de acuerdo con la presente ley.

ARTÍCULO 14. (UNIDAD DE MEDIDA DEL ÁREA MINERA Y CONSOLIDACIONES).- I. La unidad de medida del área minera es la cuadrícula. La cuadricula tiene la forma de una pirámide invertida, cuyo vértice inferior es el centro de la tierra, su límite exterior en la superficie del suelo corresponde planimétricamente a un cuadrado de quinientos metros por lado, con una extensión total de veinticinco hectáreas. Sus vértices superficiales están determinados mediante coordenadas de la Proyección Universal y Transversal de Mercator (UTM), referidas al Sistema Geodésico Mundial (WGS-84). Una cuadricula no es susceptible de división material.

II.Cuando una o varias ATEs de un mismo titular por pertenencias, se encuentren en su integridad en una o más cuadrículas en áreas francas o libres, las mismas quedan consolidadas a las respectivas cuadrículas, a los fines de su adecuación a Contrato Administrativo Minero.

III. Cuando un titular por pertenencias que se encuentran dentro de una o varias cuadrículas de otro titular, no solicite adecuación a Contrato Administrativo Minero, dichas pertenencias quedarán consolidadas automáticamente a favor del titular de las cuadrículas, sin perjuicio de las obligaciones de este último de acuerdo con la presente Ley. El titular de cuadrículas deberá incorporar dicha nueva área en sus planes de trabajo inversión o trabajo y desarrollo, según corresponda.

IV. Cuando se hubieren adecuado áreas por pertenencias y por cuadrículas sobrepuestas de diferentes titulares, y el titular por pertenencias pierde sus derechos de acuerdo con la presente Ley, el titular por cuadrículas las consolidará previa notificación dispuesta por el Director competente y Resolución confirmatoria. El titular de cuadrículas deberá incorporar dicha nueva área en sus planes de trabajo inversión o trabajo y desarrollo, según corresponda.

V. Salvo por lo dispuesto en los parágrafos anteriores, elárea minera por pertenencias no consolidada a cuadrículas, mantiene sus características físicas originales a los fines de la presente Ley.

ARTÍCULO 15. (CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA MINERA).- I. El Área Minera como extensión geográfica por cuadrícula está formada por una o más cuadriculas colindantes al menos por un lado.

II. Las cuadriculas están orientadas de Norte a Sur y registradas en el cuadriculado minero nacional preparado por el Instituto Geográfico Militar y el Servicio Técnico de Minas.

III. Cada cuadricula se identifica por la coordenada en su vértice sudoeste y se ubica por el número de la Hoja de la Carta Geográfica Nacional a escala 1:50.000 publicada por el Instituto Geográfico Militar y por el sistema matricial de cuadriculado minero establecido por el Servicio Técnico de Minas. Una cuadricula deberá ubicarse por las coordenadas UTM de cada uno de sus vértices.

IV. Solo en zonas de frontera internacional y en las franjas de traslapo de las zonas 19, 20 y 21 de la proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) pueden existir cuadriculas que tengan menos de 25 hectáreas y no tengan los 500 metros por lado.

V. Cuando un titular goce de derechos por cuadrículas siendo al mismo tiempo titular de pertenencias superpuestas a las cuadrículas, las primeras quedan automáticamente consolidadas en las cuadriculas, a los fines de adecuación a la presente Ley.

ARTÍCULO 16. (FUNCIÓN ECONÓMICA SOCIAL).- Es el uso y aprovechamiento de los recursos minerales, precautelando la sustentabilidad de la actividad minera y la generación de empleo, respetando la dignidad y derechos laborales de los trabajadores mineros, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su titular, cuyo incumplimiento y régimen sancionatorio se rige por las normas específicas aplicables a cada materia.

ARTÍCULO 17. (INTERÉS ECONÓMICO Y SOCIAL).- El interés económico social previsto en el parágrafo V del Artículo 370 de la Constitución Política del Estado y en la presente Ley, se cumple con el pago del derecho de vigencia y la obligación de inicio y continuidad de la actividad minera, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 123, 212, 213 y 214 de la presente ley.

ARTÍCULO 18. (PARTICIPACIÓN DE LAS NACIONES y PUEBLOS INDÍGENA, ORIGINARIO CAMPESINO).- Las naciones y pueblos indígena, originario campesino, gozan del derecho a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos minerales en sus territorios, conforme al régimen regalitario minero, sin perjuicio de las medidas y compensaciones que correspondan de acuerdo con el régimen de consulta previa establecida en la presente ley.

ARTÍCULO 19. (PROPIEDAD DE LA TIERRA).- El uso y aprovechamiento de los recursos minerales, constituye un derecho distinto e independiente del derecho de propiedad de la tierra.

ARTICULO 20. (INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES MINERAS).- El Estado y los actores productivos mineros promoverán programas dirigidos a la investigación de los procesos mineros, la formación de operadores y la capacitación en todos los niveles.

ARTICULO 21. (PLANES DE TRABAJO).- I. Los Planes de Trabajo e Inversión o Planes de Trabajo y Desarrollo requeridos en la presente Ley, se elaborarán y presentarán tomando en cuenta la ubicación, características geológicas, mineras, metalúrgicas, de acuerdo a lo que corresponda al actor productivo minero, según lo establecido en el Artículo 119 – d) de la presente Ley. Estarán acompañados de un presupuesto y cronograma de actividades iniciales propuestas.

II. Los planes podrán ser integrales o desagregados por actividades o proyectos, de implementación periódica y progresiva, en fases o etapas, los mismos podrán modificarse o actualizarse, según sus avances.

III. Las modificaciones o actualizaciones significativas deberán ser comunicadas a la AJAM, con la debida justificación técnica y financiera.

IV. Los planes de trabajo y presupuesto financiero de las actividades de prospección y exploración serán estimaciones que podrán ajustarse periódicamente. Los ajustes significativos serán comunicados a la AJAM.

V. Cuando un Plan de Trabajo e Inversión, presentado inicialmente o reformulado de acuerdo con el presente Artículo, proponga que las inversiones en el proyecto minero sean superiores a la suma de $us. 1.000.000.- o su equivalente en moneda nacional, se aplicará lo establecido en el Artículo 111.

ARTICULO 22. (GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES).- Por ser los recursos minerales de carácter estratégico y la creación de empresas públicas mineras estratégicas competencia privativa y exclusiva del nivel central del Estado, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, no podrán constituir unidades o empresas mineras departamentales, regionales y/o municipales, ni participar en la cadena productiva minera directa o indirectamente.

CAPÍTULO IV

ÁREAS DE RESERVA FISCAL MINERA

ARTÍCULO 23. (RESERVA FISCAL MINERA).- I. La Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley expresa, a propuesta del Órgano Ejecutivo podrá declarar como Reserva Fiscal, determinadas zonas del territorio nacional, con la finalidad de efectuar labores de prospección, exploración y evaluación, para determinar el potencial mineralógico del área de reserva e identificar nuevas Áreas Mineras de interés, respetando derechos pre constituidos y adquiridos.

II. La Ley que establezca la Reserva Fiscal señalada en el parágrafo precedente, tendrá una vigencia no mayor a tres años desde su promulgación, a cuyo vencimiento quedará sin efecto, sin necesidad de disposición legal expresa.

III. Durante la vigencia de reserva fiscal, no podrá otorgarse derechos mineros bajo ninguna de las modalidades establecidas en la presente ley, en el área de reserva.

ARTÍCULO 24. (DERECHO PREFERENTE DE LAS EMPRESAS ESTATALES).-I. Al vencimiento del plazo de vigencia o cumplimiento del objeto establecido en la Reserva Fiscal Minera, la COMIBOL tendrá derecho preferente para solicitar el área minera necesariapara el ejercicio del derecho de uso y aprovechamiento en el número de cuadrículas de su interés, mediante Contrato Administrativo Minero de acuerdo al procedimiento establecido en la presente ley.

II. Las áreas que no hubieran sido objeto de solicitud por las empresas estatales, en un plazo máximo de seis meses pasaran a ser áreas de libre disponibilidad y podrán ser otorgadas mediante contratos a otros actores productivos mineros.

ARTÍCULO 25. (MINERALES Y METALES RESERVADOS PARA EL ESTADO).- El Estado mediante ley podrá reservar minerales estratégicos para uso y aprovechamiento exclusivo por parte de Empresas Estatales, respetando derechos pre-constituidos o adquiridos.

ARTÍCULO 26. (PROHIBICIÓN DE EXPLOTACIÓN DIRECTA POR PARTICULARES).- Se prohíbe la explotación de minerales radioactivos por actores productivos no estatales. El actor productivo minero cuando encontrare en sus áreas minerales radioactivos en volúmenes o tenores significativos, deberá informar del hallazgo al Ministerio de Minería y Metalurgia y a la AJAM, para que se adopten las medidas que correspondan.

ARTÍCULO 27. (PROHIBICIONES EN ÁREA DE FRONTERA).- Sujeto a lo dispuesto en el Artículo 112, las personas extranjeras, individualmente o en sociedad, no podrán obtener de la AJAM Autorizaciones de Prospección y Exploración ni suscribir individualmente o en sociedad Contratos Administrativos Mineros de Uso y Aprovechamiento sobre áreas mineras situadas dentro de los cincuenta kilómetros a partir de la línea fronteriza internacional del Estado, excepto en caso de necesidad estatal declarada por ley expresa, aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

CAPÍTULO V

SUJETOS Y ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS

ARTÍCULO 28. (SUJETOS).- I. Podrán ser sujetos de derechos mineros las personas individuales, colectivas, estatales, privadas y sociales, nacionales o extranjeras, con capacidad jurídica y, en su caso personalidad jurídica propia, que les habilite para ser titulares de derechos y obligaciones, a cuyo fin cumplirán con las normas y procedimientos establecidos en la presente ley y otras normas jurídicas aplicables. Para ello deberán organizarse bajo cualesquiera de las modalidades de actores productivos mineros reconocidas por la Constitución Política del Estado y la presente ley, quedando sujetos a los derechos y obligaciones que correspondan.

II. Toda empresa creada o por crearse dedicada a las actividades mineras estará sujeta a la presente ley.

ARTÍCULO 29. (PROHIBICIONES).- I. No pueden adquirir ni obtener derechos mineros, personalmente o por interpósita persona, mientras ejerzan sus funciones, bajo sanción de nulidad, en todo el territorio nacional:

a) El Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional, Senadores y Diputados, Ministros de Estado, Viceministros, Directores Generales, Gobernadores de Departamentos, Gobernadores y Asambleístas Departamentales, servidores públicos y consultores del Ministerio de Minería y Metalurgia y del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas; de las entidades, empresas y corporaciones del Estado que tengan relación con actividades mineras, Ministros, Magistrados, Jueces y Fiscales del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público, Autoridades Nacionales, Departamentales y Regionales de la Jurisdicción Minera, servidoras y servidores de la Contraloría General del Estado, de la Procuraduría General del Estado, Generales, Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en servicio activo; servidores y servidoras de la Contraloría Departamental, servidoras y servidores públicos de los gobiernos autónomos, incluyendo alcaldes y concejales.

b) Los administradores, trabajadores, empleados, arrendatarios, contratistas, socios de las cooperativas mineras, técnicos y consultores de los titulares de derechos mineros, dentro de un área de dos Kilómetros del perímetro de las áreas mineras de estos últimos.

c) Los cónyuges, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad de las personas a que se refieren los incisos anteriores.

II. En todos los casos, la prohibición subsiste durante dos años siguientes a la cesación de su condición o funciones.

III. Las prohibiciones establecidas en el parágrafo I de este Artículo no se aplican:

a) A los derechos mineros constituidos, obtenidos o adquiridos por las personas referidas en el parágrafo I de este Artículo, con anterioridad al ejercicio de las respectivas funciones.

b) A los derechos mineros referidos en el parágrafo I de este Artículo que sean propios del cónyuge del inhabilitado adquirido antes del matrimonio, o de sus ascendientes y descendientes hasta el segundo grado, adquiridos fuera de los plazos de su inhabilitación.

IV. Las personas señaladas en el presente Artículo, cuando formen parte de cooperativas y empresas societarias de cualquier naturaleza constituidas antes del ejercicio de sus funciones públicas, pueden seguir ejerciendo los derechos previstos en la normativa vigente, a condición que no desempeñen simultáneamente funciones de administración y dirección en dichas sociedades y empresas. La condición subsiste durante los dos años siguientes a la cesación de funciones.

V. Queda prohibido a todo servidor o ex servidor público, utilizar información privilegiada geológica, minera, metalúrgica, económica y financiera, generada en instituciones mineras estatales, que no hubiese sido legalmente difundida o publicada, para beneficio propio o negocios particulares.

ARTÍCULO 30. (ACTORES PRODUCTIVOS DE LA MINERÍA).- De acuerdo con el parágrafo I del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado, son actores productivos del sector minero boliviano: la industria minera estatal, la industria minera privada y las cooperativas mineras.

ARTÍCULO 31. (INDUSTRIA MINERA ESTATAL).- La industria minera estatal está constituida por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y por las Empresas Estatales del Sector Minero, independientes de COMIBOL, creadas o por crearse, para que incursionen en todo o en parte de la cadena productiva minera.

ARTÍCULO 32. (INDUSTRIA MINERA PRIVADA).-I.La industria minera privadaincluida la minería chica está conformada por las empresas nacionales y/o extranjeras establecidas bajo cualesquiera de las formas empresariales o societarias autorizadas por el Código de Comercio incluyendo los negocios unipersonales y las sociedades de economía mixta, cuyo objeto principal sea la realización de actividades del sector, con la salvedad prevista en el Parágrafo II del Artículo 177.

II. La minería chica está constituida por operadores mineros titulares de áreas mineras que trabajan en pequeña escala usando métodos manuales, semimecanizados y mecanizados, en forma individual, familiar o en condominio o societaria.

ARTÍCULO 33. (COOPERATIVAS MINERAS).- Las cooperativas mineras son instituciones sociales y económicas autogestionarias de interés social sin fines de lucro. Su fundamento constitutivo y marco normativo es la Ley General de Cooperativas y sus estatutos.

ARTÍCULO 34. (EMPRESAS MIXTAS).- Los actores productivos mineros privados reconocidos para el ejercicio de actividades mineras de acuerdo a la presente Ley, podrán proponer o participar en la constitución y conformación de sociedades de economía mixta (empresas mixtas), con actores productivos mineros estatales de acuerdo a las normas que sean aplicables para cada caso.

TÍTULO II

ESTRUCTURA DEL SECTOR MINERO ESTATAL

CAPÍTULO I

INSTITUCIONES Y EMPRESAS

ARTÍCULO 35. (ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL).- El sector minero estatal tiene la siguiente estructura:

a) Nivel de Definición de Políticas, Fiscalización y Supervisión Generales: MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA.

b) Nivel de Administración Superior, Fiscalización y Control de las actividades mineras y Registro Minero: AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA (AJAM).

c) Nivel de Empresas Estatales Autárquicas:

-     Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y empresas dependientes.

-     Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM).

-     Otras por crearse conforme a Ley.

d) Nivel de Entidades de Servicios, Investigación y Control.

- Servicio Geológico Minero Metalúrgico SERGEOMIM

- Servicio Técnico de Minas SETMIN

- Servicio de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM).

e) Nivel de Entidades de Fomento.

- Fondo de Apoyo a la Reactivación de la Minería chica (FAREMIN).

- Fondo de Financiamiento para la Minería Cooperativa (FOFIM)

CAPITULO II

NIVEL DE DEFINICIÓN DE POLÍTICAS,

FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL

ARTÍCULO 36. (COMPETENCIA GENERAL).- El nivel de definición de políticas, la dirección, supervisión, fiscalización y promoción en general del desarrollo en el sector minero metalúrgico, corresponde al MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA.

ARTÍCULO 37. (ATRIBUCIONES Y FUNCIONES).- I. El Ministerio de Minería y Metalurgia, además de las funciones y atribuciones establecidas en las normas de organización del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Formular la política minera del Estado Plurinacional.

b) Elaborar y aprobar el plan estratégico de desarrollo del sector minero metalúrgico tomando en cuenta las iniciativas de los actores productivos mineros, a cuyo efecto podrá solicitarles información técnica.

c) Ejercer tuición sobre las entidades autárquicas y empresas dependientes.

II. La tuición que ejerce el Ministerio de Minería y Metalurgia sobre las entidades y empresas mineras estatales tendrá el siguiente alcance.

a) Establecer lineamientos generales sobre políticas, en cuyo marco las empresas estatales realizarán sus actividades.

b) Supervisar, vigilar y controlar la implantación y funcionamiento de los sistemas de planificación, inversión, administración y control interno.

c) Requerir información técnica, legal y financiera a las empresas autárquicas, descentralizadas e instituciones bajo tuición.

d) Instruir la realización de auditorías internas, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado.

CAPITULO III

NIVEL DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA

ARTÍCULO 38. (AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA).- I. La AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA (AJAM) como entidad autárquica bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica y financiera, es la encargada de la dirección, administración superior, control y fiscalización de la industria minera en todo el territorio del Estado.

II. La AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA se organizará de acuerdo a lo previsto en la presente ley.

III. La Máxima Autoridad Ejecutiva, con rango de Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo Nacional que ejercerá la representación institucional y los Directores Departamentales o Regionales de Minas serán designados por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia mediante Resolución Suprema.

IV. Para el cumplimiento de sus funciones la AJAM contará con Autoridades Departamentales y/o Regionales, cuyas máximas autoridades tendrán el rango de Directores (as) Ejecutivos (as) Departamentales o Regionales.

ARTÍCULO 39. (ATRIBUCIONES Y FINANCIAMIENTO).- I. La AJAM tendrá competencias y atribuciones relativas a adecuaciones, consolidaciones, registros, contratos administrativos mineros, autorizaciones, licencias, consulta previa, resolución de contratos, renuncias, nulidades, suspensiones, revocatorias, reconocimiento de derechos, derecho preferente, expropiaciones, variaciones de cursos de aguas, oposiciones, amparos administrativos, correcciones en el catastro minero, control y fiscalización y otros, según lo dispuesto en el Libro II de la presente Ley.

II. Proponer la creación y/o supresión de Autoridades Jurisdiccionales Administrativas Mineras departamentales o regionales.

III. La AJAM se financiará con recursos del Tesoro General de la Nación y un porcentaje del derecho de vigencia, donaciones, créditos nacionales o extranjeros, otros derechos por tramitación a establecerse por norma expresa.

CAPITULO IV

NIVEL DE EMPRESAS ESTATALES

AUTÁRQUICAS Y DEPENDIENTES

ARTÍCULO 40. (COMIBOL).- I. La Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL, en calidad de empresa pública estratégica corporativa, autárquica, de derecho público, con personería jurídica propia, patrimonio propio, autonomía técnica, administrativa, jurídica y económica bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, es la responsable de dirigir y administrar la industria minera estatal con excepción de las empresas mineras estatales que no estén bajo su dependencia. Ejercerá, en nombre del Estado y pueblo boliviano, el derecho de realizar las actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación, comercialización e industrialización de minerales, metales, piedras preciosas y semipreciosas existentes en las áreas mineras bajo su administración.

II. Su objetivo es lograr el desarrollo productivo diversificado, la transformación de la matriz productiva minera, el desarrollo industrial y la generación de excedentes económicos.

III. COMIBOL ejerce su mandato de manera directa, a través de sus empresas dependientes, unidades productivas y otras empresas a crearse, en toda la cadena minera productiva, sin perjuicio del derecho a suscribir contratos con otros actores productivos mineros de acuerdo con la presente Ley.

IV. Para el cumplimiento de sus fines y objetivos, COMIBOL financiará sus operaciones mineras con recursos propios o recursos obtenidos a través de financiamiento de instituciones o empresas públicas y privadas, nacionales o internacionales.

V. Las áreas de la COMIBOL, con excepción de las que se otorgan mediante esta ley a las cooperativas mineras, de acuerdo conel Inciso b) del Artículo 107 comprenden:

a) Áreas de los grupos mineros nacionalizados de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 3223 de fecha 31 de octubre de 1952, elevado al rango de Ley el 29 de octubre de 1956.

b) Áreas de concesiones mineras adquiridas, a cualquier título, cuya titularidad COMIBOL ejerce con posterioridad al 31 de octubre de 1952 y las que adquiera en el futuro de acuerdo con la presente ley.

c) Las bocaminas, niveles, desmontes, colas, escorias, relaves, pallacos y residuos mineros metalúrgicos, provenientes de las concesiones mineras de los grupos nacionalizados y concesiones mineras legalmente adquiridas por COMIBOL a cualquier título.

d) Áreas de uso exclusivo de COMIBOL establecidas en el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 1369 del 03 de octubre 2012.

e) Áreas bajo administración de la COMIBOL de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 1308 de fecha 01 de agosto de 2012.

VI. Asimismo son de propiedad de la COMIBOL los campamentos, plantas metalúrgicas, hidrometalurgias, industriales y otras, ingenios, bienes muebles, inmuebles e instalaciones adquiridos u obtenidos por COMIBOL a cualquier título, con excepción de los transferidos legalmente con anterioridad a la presente Ley.

ARTICULO 41. (CONTINUIDAD DE DERECHOS, CONTRATOS Y ADECUACIÓN).- I. La Corporación Minera de Bolivia continuará ejerciendo derechos mineros sobre las Áreas Mineras y Parajes Mineros de la Minería Nacionalizada que permanezcan bajo su administración de acuerdo con el Artículo 40 de la presente Ley y sobre otras Autorizaciones Transitorias Especiales de COMIBOL sujetas a adecuación, respetando los contratos que tenga suscritos con actores productivos mineros privados.

II. Tratándose de contratos de arrendamiento, riesgo compartido o asociación suscritos por la COMIBOL con actores productivos mineros privados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, los mismos continuarán vigentes hasta su vencimiento de acuerdo con sus términos. Respecto de contratos de asociación vencidos, la COMIBOL podrá suscribir nuevos contratos con dichos actores productivos mineros privados, con sujeción a esta Ley.

III. Respecto de contratos de arrendamiento o riesgo compartido suscritos con actores productivos mineros, que no pueden ser renovados, las partes podrán acordar su adecuación a Contratos de Asociación Minera Estatal conforme a esta Ley, los cuales reflejarán los términos económicos originalmente pactados, salvo acuerdo entre partes.

IV. En el plazo que para el efecto establezca la AJAM en relación a las Áreas de la Minería Nacionalizada que permanezcan bajo administración de COMIBOL, esta última registrará con la AJAM sus derechos a las mismas junto con los contratos que tuvieran suscritos con actores productivos mineros. La AJAM dispondrá su inscripción en el Registro Minero. Las demás ATEs de COMIBOL quedan sujetas al régimen de adecuación de la presente Ley, que se cumplirá asimismo acompañando los respectivos contratos con actores productivos mineros privados, si los hubiere.

V. Una vez vencido el contrato de arrendamiento o riesgo compartido, las partes, dentro de un plazo de tres meses del vencimiento, podrán negociar un Contrato de Asociación Minera Estatal de acuerdo a esta Ley, con libertad para acordar las participaciones económicas. De no llegarse a un acuerdo, la COMIBOL ejercerá sus derechos y cumplirá sus obligaciones sobre las respectivas áreas mineras en la forma y con los alcances previstos en la presente Ley.  

ARTÍCULO 42. (SUSTITUCIÓN DE RÉGIMEN).- I. Las concesiones mineras de COMIBOL por pertenencias o cuadriculas y los parajes de explotación por niveles, bocaminas; así como, las colas, desmontes, relaves, pallacos, sucus y escorias, otorgadas en contrato de arrendamiento en favor de las Cooperativas Mineras, quedan bajo el Régimen de Contrato Administrativo Minero Cooperativo de acuerdo a la presente Ley.

II. Las concesiones y parajes a los que se refiere el parágrafo anterior, comprende tanto a los grupos mineros nacionalizados como a las otras concesiones adquiridas por COMIBOL y parajes otorgados en arrendamiento.

III. Como consecuencia de lo dispuesto en el parágrafo I del presente Artículo, se extinguen las obligaciones recíprocas entre la COMIBOL y las Cooperativas resultantes de los arrendamientos.

IV. La fiscalización y control de los contratos previstos en el parágrafo I del presente Artículo, serán ejercidos por la AJAM.

V. Los bienes inmuebles, equipos, maquinaria y herramientas de la COMIBOL otorgados en contrato de arrendamiento a las cooperativas mineras, les serán transferidos de acuerdo a procedimiento a establecerse mediante Decreto Supremo.

VI. Las deudas de las cooperativas mineras con COMIBOL por contratos de arrendamiento de concesiones, bienes inmuebles, muebles, equipos, maquinarias y vehículos, contratos de venta de equipos, maquinarias y otros anteriores a la vigencia de la presente ley, quedan cedidos en favor del FOFIM.

ARTÍCULO 43. (CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y RIESGO COMPARTIDO ENTRE COMIBOL Y ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS PRIVADOS EN ÁREAS DE LA EMPRESA ESTATAL).- Los contratos de arrendamiento y riesgo compartido suscritos por COMIBOL con actores productivos mineros privados, se mantienen vigentes de acuerdo con sus términos contractuales. Durante su vigencia las partes podrán de común acuerdo, renegociar sus términos y condiciones para la suscripción de un nuevo contrato de asociación, con sujeción a la presente ley y la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 44. (ESTRUCTURA DE COMIBOL).- COMIBOL tiene la siguiente estructura:

I. El Directorio es la máxima instancia de dirección, control y fiscalización de las políticas de gestión corporativa y estratégica.

II. La Presidenta o Presidente Ejecutivo es la máxima autoridad ejecutiva y ejerce la representación legal de COMIBOL.

III. El Estatuto de COMIBOL aprobado por su Directorio, establecerá las atribuciones, el número y la denominación de las Gerencias, en función a la naturaleza de su organización y su desarrollo empresarial.

IV. Las empresas dependientes se encuentran dirigidas por un Comité de Dirección de Empresa y una Gerencia General.

V. Los Gerentes Generales de las empresas dependientes ejercen la representación legal de las mismas.

ARTÍCULO 45. (DIRECTORIO DE COMIBOL).- I. El directorio de COMIBOL estará conformado por:

a) Una Presidenta o Presidente, designado por el Presidente del Estado Plurinacional, de la terna propuesta por la Cámara de Diputados.

b) Seis miembros, designados por el Órgano Ejecutivo mediante Resolución Suprema.

II. De acuerdo al Artículo 309 numeral 5 de la Constitución Política del Estado, se garantiza la participación orgánica de los trabajadores de las empresas de COMIBOL en su Directorio.

III. Las Cooperativas Mineras no participan en el Directorio de COMIBOL.

IV. Los Directores de COMIBOL desempeñaran sus funciones en forma exclusiva y serán remunerados con recursos provenientes de COMIBOL, no pudiendo realizar ninguna actividad que genere conflicto de intereses.

ARTÍCULO 46. (ATRIBUCIONES).- El Directorio de COMIBOL tiene las siguientes atribuciones:

a) Aprobar y modificar el Estatuto Orgánico de COMIBOL, sujeto a homologación por el Órgano Ejecutivo.

b) Aprobar los planes estratégicos de desarrollo y las políticas corporativas de la COMIBOL.

c) Aprobar el plan operativo anual y el presupuesto anual de la administración central.

d) Aprobar la creación de nuevas unidades operativas o su incorporación a las empresas dependientes. Asimismo proponer la creación de nuevas empresas dependientes mediante norma expresa.

e) Aprobar el financiamiento y presupuesto correspondiente a las nuevas unidades operativas.

f) Conocer y aprobar los proyectos de inversión de las empresas dependientes y coadyuvar en la gestión de su financiamiento.

g) Disponer el cierre de las empresas dependientes y unidades productivas técnica y financieramente inviables.

h) Aprobar la suscripción de minutas de contratos con los otros actores mineros en los casos que corresponda de acuerdo con la presente Ley.

i) Fiscalizar los actos ejecutivos del Presidente Ejecutivo, las operaciones de COMIBOL en sus diferentes niveles, y a las empresas dependientes.

j) Instruir auditorías a las empresas y unidades operativas de acuerdo a normas vigentes.

k) Controlar la reinversión de utilidades de sus unidades productivas y empresas dependientes.

l) Autorizar la suscripción de convenios empréstitos, créditos bancarios o industriales, donaciones y otras operaciones financieras.

ARTÍCULO 47. (EMPRESAS DEPENDIENTES).- Son empresas dependientes de COMIBOL, las siguientes:

-       Empresa Minera Huanuni (EMH).

-       Empresa Minera Colquiri (EMC).

-       Empresa Minera Coro Coro (EMCC)

-       Empresa Metalúrgica Vinto (EMV).

-       Empresa Metalúrgica Karachipampa (EMK).

-       Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE).

-       Otras empresas a crearse.

ARTÍCULO 48. (EMPRESA MINERA HUANUNI).- I. La Corporación Minera de Bolivia, mediante Decreto Supremo Nº 28901 de fecha 31 de octubre de 2006, elevado al rango de Ley Nº 3719 del 31 de julio del 2007, asume el dominio total del cerro Posoconi así como la dirección y administración directa sobre los yacimientos nacionalizados del Centro Minero Huanuni.

II. La Empresa Minera Huanuni (EMH), es una empresa estratégica dependiente de COMIBOL, de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, responsable de realizar actividades de la cadena productiva minera e industrialización de minerales del Centro Minero Huanuni.

III. Las áreas mineras del Centro Minero Huanuni, pasan a la administración directa de la Empresa Minera Huanuni. Su expansión a nuevas áreas se hará de acuerdo a la presente Ley.

ARTÍCULO 49.- (EMPRESA MINERA COLQUIRI).- La Empresa Minera Colquiri (EMC) conforme al Decreto Supremo Nº 1264 de 20 de junio de 2012, es una empresa productiva y dependiente de la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL, de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, responsable de realizar actividades de la cadena productiva minera e industrialización de minerales y metales.

ARTÍCULO 50. (EMPRESA MINERA COROCORO).- La Empresa Minera Corocoro (EMC) creada mediante Decreto Supremo Nº 1269 de fecha 24 de junio de 2012, es una empresa productiva y dependiente de la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL, de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, responsable de realizar actividades de la cadena productiva minera e industrialización de minerales de cobre y otros, en el Centro Minero de Corocoro.

ARTÍCULO 51. (EMPRESA METALÚRGICA VINTO).- La Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) creada mediante Decreto Supremo Nº 29026 de 7 de febrero de 2007, es una empresa estratégica dependiente de COMIBOL, de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, responsable de realizar actividades de fundición, refinación, comercialización e industrialización de minerales.

ARTÍCULO 52. (EMPRESA METALÚRGICA KARACHIPAMPA).- La Empresa Metalúrgica Karachipampa (EMK), creada mediante Decreto Supremo Nº 1451 de 04 de enero de 2013, es una empresa estratégica dependiente de COMIBOL, de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, responsable de realizar actividades de beneficio, fundición, refinación, comercialización e industrialización de minerales y metales.

ARTÍCULO 53. (EMPRESA BOLIVIANA DE RECURSOS EVAPORÍTICOS).- I. Se crea la Empresa Boliviana de RecursosEvaporíticos – EBRE, como Empresa Pública Nacional Estratégica, dependiente de la COMIBOL, de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica responsable de realizar actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización.

II. El patrimonio del Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, CIRESU, los saldos presupuestarios asignados a la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos de la COMIBOL, los recursos humanos, activos y pasivos asignados a dicha Gerencia serán transferidos a la EBRE de acuerdo a disposición legal.

III. Se declaran como áreas reservadas para el Estado y administradas directamente por la EBRE, los siguientes salares y lagunas saladas: Uyuni, Coipasa, Chiguana, Empexa, Challviri, Pastos Grandes, Laguani, Capina, Laguna, Cañapa, Kachi, Colorada, Collpa, Lurique, Loromayu, Coruto, Busch o Kalina, Mama Khumu, Castor, Coranto, Celeste, Hedionda, Kara, Chulluncani, Hedionda Sud, salvándose derechos pre-constituidos y derechos adquiridos.

IV. Se declara al litio y al potasio como elementos estratégicos para el desarrollo de Bolivia, siendo su exploración, explotación, industrializacióny comercialización totalmente administrada y operada por la EBRE, salvándose derechos pre-constituidos y derechos adquiridos.

V. La EBRE desarrollará los procesos de química básica de sus recursos evaporíticos con una participación 100% estatal para la producción y comercialización de: cloruro de litio, sulfato de litio, hidróxido de litio y carbonato de litio; cloruro de potasio, nitrato de potasio y sulfato de potasio. Procesos posteriores de industrialización se podrán realizar mediante contratos de asociación con empresas privadas nacionales o extranjeras, manteniendo la participación mayoritaria del Estado.

VI. Se reconoce el derecho a la explotación, producción y comercialización tradicional de sal común (cloruro de sodio) en los salares de Bolivia que actualmente realizan las organizaciones económicas locales y cooperativas, previa verificación de autorización por la EBRE o de acuerdo a derechos pre-constituidos reconocidos.

ARTÍCULO 54. (DEL DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS DEPENDIENTES).- I. La conformación de los Directorios de las empresas dependientes de COMIBOL, se establece por Decreto Supremo.

II. El Directorio de las empresas dependientes tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar y controlar el cumplimiento del plan estratégico institucional, plan operativo anual, plan de inversiones y presupuesto anual de la empresa.

b) Informar al Directorio de COMIBOL sobre la ejecución de los planes y del presupuesto de la empresa.

c) Requerir información técnica, económica y administrativa a la gerencia y/o direcciones operativas.

d) Controlar el cumplimiento de las normas legales, laborales, de seguridad industrial, de transparencia administrativa, de medio ambiente y tributarias.

e) Definir y aprobar la política salarial de la empresa en el marco de las disposiciones legales vigentes.

f) Aprobar y controlar el cumplimiento de la reinversión de sus utilidades.

g) Controlar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa con el Estado.

h) Aprobar y/o modificar los estatutos, reglamentos y manuales de la empresa.

i) Disponer la realización de auditorías internas especiales por sus unidades de auditoría interna.

ARTÍCULO 55. (DE LAS O LOS GERENTES).- Las o los gerentes de las empresas dependientes serán designadas (os) de acuerdo al estatuto y reglamento de cada empresa.

ARTÍCULO 56. (RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA COMIBOL CON SUS EMPRESAS DEPENDIENTES).- I. Las utilidades netas disponibles de las empresas dependientes, después de establecerse previsiones de inversión y reinversión para mejoras y ampliación de operaciones, serán transferidas a COMIBOL.

II. Los financiamientos de COMIBOL a las empresas dependientes estarán sujetos a devolución obligatoria de acuerdo a contratos suscritos entre ambas empresas, obligaciones que se incluirán en los respectivos presupuestos.

III. Los activos, pasivos y el patrimonio de las empresas, técnica y financieramente inviables, después de su cierre, pasarán a COMIBOL.

ARTÍCULO 57. (EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN).- I. La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), es la empresa estratégica autárquica de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, responsable de realizar actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización e industrialización de minerales del yacimiento del Mutún.

ARTÍCULO 58. (NORMA COMÚN).- Las Empresas Mineras Estatales podrán realizar sus actividades en forma directa o mediante Contratos de Asociación Minera Estatal con otros actores productivos mineros no estatales, de acuerdo con el Capítulo III del Título IV de la presente Ley.

CAPÍTULO V

NIVEL DE ENTIDADES DE SERVICIO,

INVESTIGACIÓN Y CONTROL

ARTÍCULO 59. (SERGEOMIM. INDEPENDENCIA INSTITUCIONAL).- I. Se restablece la independencia institucional del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERGEOMIM) y del Servicio Técnico de Minas (SETMIN) que fueron fusionadas en el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN), los cuales continuarán sus actividades y se reorganizarán de acuerdo con la presente Ley.

II. El SERGEOMIM se denominará: Servicio Geológico Minero Metalúrgico (SERGEOMIM) como entidad pública, descentralizada del Ministerio de Minería y Metalurgia.

ARTÍCULO 60. (ATRIBUCIONES DE SERGEOMIM).- I. Son atribuciones del SERGEOMIM, las siguientes:

a) Elaborar, actualizar y publicar la carta geológica nacional, mapas temáticos: geológicos, hidrogeológicos, metalogénicos, ambientales, mineros, de riesgo geológico, geotecnia, áridos, vulcanología, geotermia, sismología y de otras disciplinas geológicas no referidas al sector minero.

b) Identificar áreas mineras para declaratoria de reserva fiscal.

c) Realizar prospección y exploración en áreas mineras declaradas reserva fiscal.

d) Elaborar un portafolio de prospectos y proyectos mineros para promocionar el potencial minero boliviano.

e) Recopilar, generar, clasificar y difundir información geológica, mineralógica, paleontológica, minero metalúrgica, de percepción remota (satelital), sistemas de información geográfica e investigación científica y de otras disciplinas geológicas.

f) Prestar servicios geológicos, geofísicos, geoquímicos y medioambientales, remunerados, que sean requeridos por los actores productivos mineros.

g) Prestar servicios remunerados de laboratorio, mineralogía, mineragrafía, paleontología, petrografía, medioambiente, procesamiento de imágenes satelitales, riesgos geológicos, geología ambiental, metalurgia, geotecnia, hidrogeología, análisis de aguas y otros, con eficiencia y competitividad.

h) Recopilar, generar y registrar la información hidrogeológica del país; investigar y evaluar recursos hídricos subterráneos, mantener un sistema de información hidrogeológica. Publicar y transferir a título oneroso los mapas temáticos en materia de aguas subterráneas.

i) Realizar investigación aplicada, recopilar e interpretar información geológica ambiental y publicar mapas regionales de línea base en áreas de interés minero.

j) Prestar servicios remunerados de muestreo y mediciones ambientales.

k) Prestar servicios remunerados de asistencia técnica en las áreas: geológica, minera, metalúrgica y ambiental a la minería estatal, privada (mediana y chica), y cooperativas mineras, asimismo, a sectores no mineros.

l) Recibir, sistematizar y evaluar toda la información geológica, minera, metalúrgica, y ambiental, que los actores productivos mineros generen por la ejecución de Autorizaciones de Prospección y Exploración y Contratos Administrativos Mineros, para el seguimiento, control y fiscalización por parte de la autoridad sectorial competente.

m) Proporcionar información técnica requerida por el Ministerio de Minería y Metalurgia.

n) Suscribir contratos de prestación de servicios remunerados con Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales.

o) Firmar convenios con instituciones científicas, universidades y organizaciones nacionales e internacionales para mejorar niveles de formación académica, capacitación técnica y difusión de sus resultados; así como relativos a proyectos de investigación minera para promover el desarrollo institucional y del sector minero.

p) Informar a la AJAM sobre los Planes de Trabajo e Inversión, Planes de Trabajo y Desarrollo, Planes de Trabajo y Presupuesto Financiero a los fines previstos en los Artículos 119 y 122 de la presente Ley.

II.- En el área de las investigaciones minero metalúrgicas, el SERGEOMIM, a través de las unidades correspondientes, realizará las siguientes funciones:

a) Realizar investigación aplicada sobre procesos metalúrgicos

b) Realizar investigación aplicada sobre procesos industriales basados en minerales y metales.

c) Asesorar a las empresas estatales en la implementación de nuevas tecnologías minero metalúrgicas

d) Coordinar con las Universidades Públicas la formación de profesionales en tecnología aplicada.

e) Prestar servicios especializados remunerados en procesos metalúrgicos e industriales y otros servicios técnicos a los actores mineros y otras instituciones que los requieran.

ARTÍCULO 61. (DIRECCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE SERGEOMIM).- I. El SERGEOMIM será dirigido por una Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo como Máxima Autoridad Ejecutiva, designada mediante Resolución Suprema.

II. El financiamiento de SERGEOMIM provendrá de las siguientes fuentes:

a) Tesoro General de la Nación.

b) Porcentaje de las recaudaciones por derechos de vigencia.

c) Ingresos propios por servicios remunerados, venta de información y publicaciones, venta de informes sobre prospectos estudiados y evaluados,

d) Apoyo de organismos de cooperación internacional.

ARTÍCULO 62. (SETMIN Y ATRIBUCIONES).- I. El Servicio Técnico de Minas (SETMIN) mantendrá su denominación y organización como entidad pública, desconcentrada del Ministerio de Minería y Metalurgia y órgano auxiliar de la AJAM conforme a la presente Ley.

II. Son atribuciones del Servicio Técnico de Minas:

a) Elaborar y administrar el Catastro y Cuadriculado Minero.

b) Llevar el Registro Minero.

c) Publicar la Gaceta Nacional Minera.

d) Cobrar y controlar el pago del derecho de vigencia.

e) Ejercer las atribuciones de órgano auxiliar de la AJAM en todos los asuntos determinados y casos requeridos por la presente Ley.

ARTÍCULO 63. (DIRECCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE SETMIN).- I. El SETMIN estará dirigido por una Directora o Director designado por el Ministro o Ministra de Minería y Metalurgia.

II. El financiamiento del SETMIN provendrá de las siguientes fuentes:

a) Tesoro General de la Nación.

b) Porcentaje de las recaudaciones por derechos de vigencia.

c) Apoyo de organismos de cooperación internacional.

ARTÍCULO 64. (REORGANIZACIÓN).- Una vez designados los directores de SERGEOMIM y SETMIN, los mismos acordarán todas las medidas de reorganización interna que fueren necesarias a los efectos del presente Capitulo, cumpliendo las normas administrativas y presupuestarias aplicables en cuanto a la asignación de áreas, personal, activos y bienes, su registro y otros.

ARTÍCULO 65. (SENARECOM).- I. El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM), es la entidad pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, encargada del control y fiscalización de la comercialización de minerales y metales en el comercio interior y operaciones de comercio exterior.

ARTICULO 66. (DIRECCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL SENARECOM) I. La Directora Ejecutiva o el Director Ejecutivo del SENARECOM, será designada (o) mediante Resolución Suprema.

II. Se establece una tasa de 0.05% sobre el valor bruto de exportación de los minerales y metales, que deberán pagar los exportadores, recursos que serán destinados al funcionamiento del SENARECOM.

ARTÍCULO 67. (ATRIBUCIONES).- Son atribuciones del SENARECOM, las siguientes:

a) Controlar el cumplimiento de las normas legales que regulan la comercialización interna y externa de minerales y metales, de acuerdo con la presente Ley y normas vigentes.

b) Administrar el Registro de comercializadores de minerales y metales de Bolivia, de todas las personas que se encuentren autorizadas para comercializar de acuerdo a la presente ley, a cuyo efecto otorgará el Número de Identificación Minera NIM.

c) Fiscalizar y verificar el pago de regalías mineras en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales.d) Proporcionar regularmente a los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, información actualizada sobre el comercio interno y externo de mineralesa efecto de contribuir al control, fiscalización y percepción de las regalías mineras.

d) Sancionar en la vía administrativa las infracciones a las normas sobre comercialización de minerales y metales de acuerdo a reglamento. Se exceptúa la suspensión de licencia.

e) Denunciar y remitir antecedentes ante el Ministerio Público sobre la comisión de presuntos delitos advertidos en el ejercicio de su competencia.

f) Para el cómputo de pago de las regalías y otras retenciones, verificar para las exportaciones o para la venta de minerales y metales en el mercado interno, la procedencia, volumen, ley del mineral y/o contenido metálico y, cotización oficial utilizada.

g) Verificar que los comercializadores expongan en lugar visible sus precios de compra de minerales y metales.

h) Verificar la información declarada en los formularios de exportación de minerales y metales, asimismo de manufacturas, joyerías, artesanías y productos industrializados, con la finalidad de determinar el pago de regalías y otras retenciones.

i) Verificar el origen de los minerales y metales comercializados en el mercado interno.

j) Elaborar y actualizar la base de datos y difundir periódicamente estadísticas e información, sobre comercialización de minerales y metales, realizadas en el mercado interno y externo.

k) Registrar e informar sobre los aportes y retenciones de cooperativas mineras y mineros chicos a las entidades estatales y de seguridad social, de acuerdo a convenios suscritos al efecto y disposiciones legales aplicables.

l) Establecer el sistema informático nacional operado en red, para el control y seguimiento de la comercialización de minerales en las oficinas de SENARECOM, en el Ministerio de Minería y Metalurgia, en los Gobiernos Autónomos Departamentales, en los Gobiernos Autónomos Municipales y Caja Nacional de Salud.

m) Controlar y registrar las retenciones y aportes institucionales y gremiales bajo convenio: CNS, AFPs, INFOCAL, CMB y otras.

ARTÍCULO 68. (TRANSACCIONES EN MERCADO INTERNO).- I. Las transacciones de minerales y metales en el mercado interno se registrarán obligatoriamente en un sistema informático y formulario oficial único establecido por el SENARECOM, en formato estándar, consignándose los precios de mercado, las deducciones comerciales, el cálculo de la regalía minera, los aportes a la seguridad social de acuerdo a normas vigentes y deducciones institucionales para organismos gremiales.

II. Los comercializadores legalmente autorizados e inscritos, reportarán obligatoriamente al SENARECOM la compra y venta de mineral y concentrados de mineral, en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir del día de la compra y venta en el mercado interno.

III. Las personas individuales y colectivas, nacionales o extranjeras que realicen actividades de manufactura o elaboren productos industrializados en base a minerales y metales en el mercado interno, no estarán alcanzados por el pago de la regalía Minera, pero deberán ser agentes de retención de la Regalía Minera de sus proveedores nacionales. El empoce de la regalía retenida se realizara hasta el día 15 del mes siguiente a la entidad autorizada.

ARTÍCULO 69. (FISCALIZACIÓN).- I. El SENARECOM, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales fiscalizará el pago de la Regalía Minera en la exportación de minerales y metales. Las diferencias por declaraciones incorrectas, una vez dirimidas conforme al parágrafo II siguiente, deberán reliquidarse sin accesorios dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a la determinación de las condiciones de exportación. Los pagos fuera de término están sujetos al pago de actualizaciones, intereses y sanciones pecuniarias, según reglamento.

II. En caso de observación por el comercializador u operador a los resultados del control del SENARECOM, estos serán previamente dirimidos de acuerdo al procedimiento establecido en la presente Ley.

CAPÍTULO VI

NIVEL DE ENTIDADES DE FOMENTO

ARTÍCULO 70. (FAREMIN).- I. El Fondo de Apoyo a la Reactivación de la Minería Chica FAREMIN, creado por Decreto Supremo Nº 28396 de 6 de octubre de 2005, es una entidad descentralizada, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, técnica, financiera y legal, con patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, responsable de fomento y financiamiento a la minería chica.

II. El FAREMIN gestionará y administrará los recursos económicos que provengan del Estado a través de financiamientos reembolsables utilizados como Fondo Rotatorio, así como otros recursos de organizaciones e instituciones privadas nacionales o extranjeras; ejecutará en beneficio de los asociados a la Cámara Nacional de Minería, programas de asistencia técnica en las áreas de geología, laboratorio, tecnología satelital, metalurgia, medio ambiente, geofísica y otras especialidades, en base a los acuerdos y convenios suscritos por la Cámara Nacional de Minería con instituciones públicas y/o privadas

III. El FAREMIN a través de convenios y acuerdos con el Servicio Geológico Minero Metalúrgico (SERGEOMIM), Corporación Minera de Bolivia, SENARECOM, Universidades, Institutos, EMPLEOMIN, ONGs, Comercializadoras y otras instituciones en sus campos de acción, podrá ejecutar programas de apoyo, asistencia y cooperación.

IV. El FAREMIN contará con un Directorio presidido por el Ministro de Minería y Metalurgia o su representante y conformado por dos representantes del Ministerio de Minería y Metalurgia y dos representantes de la Cámara Nacional de Minería. Este Directorio funcionará con carácter ad – honorem.

V. Los beneficiarios del fomento y apoyo establecidos en el presente Artículo son los productores mineros privados que tienen realizada una inversión de hasta $us. 600.000.- (SEISCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS) y una extracción y tratamiento mensual máxima de 300 toneladas brutas de minerales.

ARTÍCULO 71. (FOFIM).- I. El Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM) creado mediante Decreto Supremo Nº. 0233 de 4 de agosto de 2009, es una entidad de derecho público no bancaria descentralizada bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, técnica, legal y financiera, con patrimonio propio, cuyo objeto es otorgar préstamos de fomento y asistencia técnico administrativa en toda la cadena productiva a favor de las cooperativas mineras, presentadas por FENCOMIN. Está dirigido por un directorio y un director general ejecutivo.

II. El Directorio está conformado paritariamente por cuatro miembros representantes del Estado y las Cooperativas mineras. Su presidente es nombrado por el Ministro de Minería y Metalurgia. Este Directorio funcionará con carácter ad – honorem.

TÍTULO III

DERECHOS MINEROS, ÁREAS EXCLUIDAS, EXTINCIÓN

CAPÍTULO I

DERECHOS MINEROS

ARTÍCULO 72. (DERECHOS MINEROS).- I. Los derechos mineros otorgan a su titular la potestad de prospectar, explorar, usar y aprovechar los recursos minerales, mediante actividades mineras propias y complementarias en toda o parte de la cadena productiva minera.

II. Los exportadores quedan prohibidos de establecer precios diferenciados para sus empresas matrices.

ARTÍCULO 73. (ALCANCE DE LOS DERECHOS MINEROS).- I. El reconocimiento u otorgamiento de derechos mineros bajo las modalidades establecidas en la presente Ley no otorga al titular o titulares ni a quienes estuvieren asociados con ellos, derechos propietarios ni posesorios sobre las Áreas Mineras, sino exclusivamente los derechos de prospección, exploración, uso y aprovechamiento, según corresponda.

II. Los titulares de derechos bajo Autorizaciones o Contratos Administrativos Mineros, no podrán dar las Áreas Mineras en arrendamiento.

ARTÍCULO 74. (DERECHOS ADQUIRIDOS Y PRE CONSTITUIDOS).- I. El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce y respeta los derechos adquiridos de los titulares privados individuales o conjuntos, de las empresas privadas y mixtas y de otras formas de titularidad privada respecto de sus concesiones mineras, previa adecuación al régimen de contratos administrativos mineros de uso y aprovechamiento, de acuerdo a la presente Ley.

II. El Estado reconoce y respeta los derechos mineros pre constituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse los mismos al régimen de Contratos Administrativos Mineros Cooperativos de Uso y Aprovechamiento, de acuerdo a la presente Ley.

III. El Estado reconoce y respeta los derechos mineros adquiridos de las empresas estatales, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse o registrarse con las salvedades previstas en la presente Ley.

ARTÍCULO 75. (DERECHO DE PROPIEDAD).- I. El titular de derechos mineros goza del derecho de propiedad, libre disposición y gravamen sobre: la producción minera, los bienes muebles, inmuebles construidos, equipos y maquinarias instalados dentro y fuera del perímetro del Área Minera que son resultado de sus inversiones y trabajos.

II. Una vez extinguido el derecho sobre el Área Minera, por cualquier causa, la infraestructura construida no comprendida en el parágrafo precedente, que pertenezca al titular de los derechos mineros,se consolidará a favor del Estado, sin perjuicio de normas especiales que dispongan un destino específico por razones de interés público.

ARTÍCULO 76. (DERECHOS SOBRERESIDUOS MINERO METALÚRGICOS).- I. Los residuos minero-metalúrgicos, como ser colas, desmontes, relaves, escorias y similares, forman parte del área minera en la que se encuentran y el titular tiene derecho a su uso y aprovechamiento. Su manejo, mantenimiento, control y disposición se sujetarán al cumplimiento de las normas ambientales.

II. La extinción del derecho de uso y aprovechamiento extingue los derechos reconocidos en el parágrafo I anterior.

ARTÍCULO 77. (DERECHO A LAS UTILIDADES Y DE REMISIÓN).- I. Los actores productivos mineros gozan del derecho de percibir las utilidades o excedentes generados en la actividad minera, sujetándose en materia tributaria a lo previsto en la presente Ley y demás normas especiales aplicables.

II. El derecho de remisión de utilidades o excedentes económicos al exterior de inversionistas nacionales o extranjeros, se ejerce cumpliendo normas tributarias aplicables.

ARTÍCULO 78. (FINANCIAMIENTO).- I. De conformidad con la Constitución Política del Estado los recursos mineralógicos en estado natural en el suelo o subsuelo, por ser propiedad social del pueblo boliviano, no podrán ser objeto de inscripción como derechos propietarios a nombre de ninguna persona natural o jurídica o empresa nacional o extranjera en mercados de valores nacionales o extranjeros.

II. Ninguna persona natural o jurídica podrá alegar tales derechos propietarios para operaciones financieras de titularización, garantía o seguridad.

III. Los actores productivos mineros que tengan derechos de prospección, exploración o de uso y aprovechamiento como titular sobre áreas mineras conforme a la presente Ley, podrán utilizar la información cuantitativa o cualitativa, obtenida mediante estudios u otros medios, sobre los recursos o reservas minerales, con fines de financiamiento para el desarrollo de sus actividades mineras por los medios autorizados por ley, incluyendo los medios disponibles en bolsas de valores autorizadas nacionales o extranjeras.

ARTÍCULO 79. (DERECHO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN JURÍDICA).- I. El Estado Plurinacional garantiza la seguridad jurídica de los emprendimientos e inversiones mineras de los actores productivos mineros y establece que, entre otros derechos, gozan del derecho de exigir de las autoridades públicas competentes plena y efectiva protección frente a actos de personas individuales o colectivas que pretendan avasallar o avasallen, invadan o pretendan invadir sus Áreas Mineras, plantas o instalaciones.

II. Ninguna persona natural, jurídica, comunitaria, colectiva u organización social podrá impedir o suspender mediante violencia, amenazas, engaño, o cualquier otro medio, la iniciación o continuidad de las actividades mineras ni perturbar en forma alguna las labores normales de los actores productivos mineros. En caso de violación a dicha prohibición y en el caso previsto en el parágrafo I anterior se determinarán y aplicarán las responsabilidades y sanciones civiles y penales de ley. Las autoridades competentes y de amparo remitirán de inmediato los antecedentes necesarios al Ministerio Publico para el inicio de las investigaciones y juzgamiento pertinentes.

ARTICULO 80. (PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN).- El Estado garantiza condiciones de competitividad minera en materia tributaria y de previsibilidad de normas jurídicas para el desarrollo de la industria minera y la promoción de las inversiones.

ARTÍCULO 81. (PARALIZACIÓN DE TRABAJOS).- Ninguna autoridad no judicial o persona individual o colectiva puede impedir la iniciación u ordenar la suspensión de actividades mineras, bajo sanción de resarcimiento de daños y perjuicios al titular de derechos mineros, además de la responsabilidad penal que pudiera corresponder, salvo que la autoridad competente comprobara casos de emergencia ambiental, propase de labores o cuando así lo exijan la salud y vida del personal.

ARTÍCULO 82.- (EXPLOTACIÓN ILEGAL).- I. El que realizare actividades de explotación de recursos minerales, sin contar con la autorización o derecho otorgado en el marco de la presente Ley incurre en explotación ilegal, e independientemente de las sanciones penales establecidas por Ley, se encuentra obligado a restituir al Estado, el valor de los minerales extraídos y cumplir las obligaciones regalitarias y tributarias que corresponderían a los actores productivos mineros.

II. La AJAM, advertida de la presunta comisión de ilícitos mineros en áreas de libre disponibilidad, denunciará ante el Ministerio Publico para su investigación.

ARTÍCULO 83. (DERECHOS DE USO SOBRE RECURSOS DEL ÁREA).- Los titulares de derechos mineros, dentro del perímetro de sus Áreas Mineras, tienen el derecho de aprovechamiento de materiales de construcción, maderas, leña, turba y similares existentes, con destino exclusivo a sus actividades mineras, en sujeción a las normas legales aplicables.

ARTÍCULO 84. (DERECHOS DE PASO Y USO EN ÁREAS SUPERFICIALES).- I. Los titulares de derechos mineros tienen derecho a uso y paso por la superficie de las propiedades agrarias o de otra naturaleza, en las que se encuentra su área de contrato y/o por las propiedades vecinas, previo acuerdo de partes, estando facultados para construir sendas, caminos, puentes, ductos, acueductos, tendido eléctrico, líneas férreas e instalar los servicios básicos necesarios, a su propia cuenta y costo. En todos los casos el ejercicio de estos derechos implicará el cumplimiento de las normas ambientales.

II. De no existir acuerdo para el uso y aprovechamiento de superficies que no sean de dominio público, se recurrirá al procedimiento de autorización administrativa previsto en el Libro Segundo de la presente Ley.

ARTÍCULO 85. (CONSTITUCIÓN DE DERECHO DE SUPERFICIE).- Los titulares de derechos mineros pueden constituir derecho de superficie sobre la propiedad agraria o de otra naturaleza en la que se encuentra su área minera y/o en las propiedades vecinas, previo pago de compensación o indemnización, quedando así facultado para construir inmuebles, instalar ingenios, plantas de tratamiento, dique y presa de colas, infraestructura y otros equipamientos necesarios para sus actividades mineras, en el marco de las normas legales aplicables.

De no existir acuerdo para la constitución del derecho de superficie, el actor productivo podrá recurrir al procedimiento de la expropiación previsto en la presente ley.

ARTÍCULO 86. (REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN).- Los derechos de uso, paso y superficie se reducen o amplían cuando cambia la necesidad o finalidad de su establecimiento. En caso de reducción, el propietario del suelo recuperará parcialmente la superficie afectada.

ARTÍCULO 87. (DERECHO DE USO DE AGUAS DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO).- I. Los titulares de derechos mineros tienen el derecho a utilizar aguas naturales que discurren en el área minera y aguas alumbradas de interior mina o en superficie, respetando las normas medio ambientales aplicables.

II. Entretanto se dicte el nuevo régimen legal relativo a recursos hídricos de conformidad a lo establecido en la Disposición Transitoria Octava de la Constitución Política del Estado, para adecuación a lo dispuesto por el Capítulo V del Título II de la Cuarta Parte de la Constitución Política del Estado:

a) Los operadores mineros que gozan de derechos legales de uso y aprovechamiento de aguas o de servicios de provisión de agua: a) en   zonas concesibles, b) bajo jurisdicción municipal, o c) bajo cualquier otro régimen legal, continuarán ejerciendo dichos derechos de acuerdo a normativa vigente, sin perjuicio de lo previsto en el inciso b) siguiente.

b) Los titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales de aguas – ex concesiones mineras de aguas -, continuarán ejerciendo sus derechos, debiendo sin embargo, sujetarse a las normas de adecuación a Contrato Administrativo Minero previstos en la presente Ley cuando se demuestre que la ex concesión minera de aguas está destinada al servicio de una ATE, que a su vez, se sujeta al régimen de adecuación. La adecuación se realizará simultáneamente en el mismo contrato.

III. Para el uso de aguas de dominio privado o comunitario, el actor productivo minero deberá llegar a un acuerdo con el titular y a falta de ello, cumplir con los trámites de autorización administrativa establecida en el Libro Segundo de la presente Ley, salvo por lo dispuesto en el parágrafo V siguiente, además de las normas medio ambientales aplicables.

IV. En ningún caso corresponde el derecho de uso de aguas ni la autorización administrativa cuando se interrumpa o perjudique la provisión regular de agua potable para la población. Si se afectaren actividades agrícolas en explotación, el acuerdo previo con los afectados es requisito indispensable.

V. En caso de autorización para la variación de un curso de agua de dominio público, la provisión de agua potable para poblaciones no podrá quedar interrumpida o perjudicada.

VI. Toda actividad minera integrada o aislada deberá ejecutar en sus trabajos la correcta gestión o manejo de los recursos hídricos superficiales y subterráneos cumpliendo con las normas ambientales vigentes.

ARTÍCULO 88. (DERECHOS PRE-CONSTITUIDOS Y ADQUIRIDOS SOBRE LA SUPERFICIE).- I. Los derechos superficiales de los actores productivos mineros o concesionarios reconocidos o adquiridos con anterioridad a la vigencia de la presente Ley o con anterioridad a su adecuación a la presente Ley en los casos que corresponda, sea por servidumbre, expropiación, compra u otra forma prevista por ley, sobre terrenos o áreas superficiales de cualquier  dominio o naturaleza, constituyen derechos pre-constituidos y adquiridos cuya continuidad se garantiza, pudiendo identificarse, a solicitud de parte, en los respectivos contratos administrativos.

II. Quedan incluidos en dichos derechos, los que hubieren adquirido, bajo cualquier título legal, con anterioridad al otorgamiento de títulos de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y su cambio de denominación a Territorios Indígenas Originario Campesinos (TIOCs) de acuerdo con la normativa agraria y autonómica aplicable.

CAPÍTULO II

ÁREAS EXCLUIDAS Y EXTINCIÓN DE DERECHOS MINEROS

ARTÍCULO 89. (ÁREAS EXCLUIDAS).- I. Con excepción de las actividades mineras legalmente existentes anteriores a la vigencia de la presente ley, no se podrán realizar actividades mineras de prospección terrestre, exploración o explotación, concentración, refinación y fundición:

a) Dentro de ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas o privadas.

b) En la proximidad de carreteras, canales, lagos, embalses, ductos, vías férreas, líneas de transmisión de energía y comunicaciones, hasta los 100 metros.

c) En la proximidad de aeropuertos, hasta 1000 metros.

d) En la proximidad de cuarteles e instalaciones militares, hasta los 300 metros

e) En zonas de monumentos históricos y arqueológicos declarados por ley, hasta los 1000 metros.

II. Las exclusiones señaladas en el parágrafo precedente no se aplican a los caminos, líneas férreas y líneas de transmisión de energía, que conducen sirven a las minas y centros de operación minera, sea o no que se extiendan dentro de los mismos.

III. Cuando un proyecto minero obligado a cumplir la función económica social y el interés económico social justifique la necesidad de desarrollarse afectando a dichas poblaciones, cementerios, cuarteles, construcciones públicas o privadas, el mismo podrá ejecutarse previo acuerdo de partes cuando sea legalmente posible.

IV. Si reconocido u otorgado un derecho minero sobre un área determinada, esta comprendiese los bienes, áreas o lugares referidos en el parágrafo I, las actividades mineras se sujetaran a lo dispuesto en el presente Artículo.

ARTÍCULO 90. (MODALIDADES DE EXTINCIÓN Y SUSPENSIÓN DE DERECHOS).- I. Los derechos mineros reconocidos u otorgados por el Estado se extinguen o suspenden, según corresponda por:

a) Renuncia.

b) Resolución de contrato.

c) Vencimiento del plazo.

d) Nulidad.

e) Muerte de titular individual en el caso previsto del Artículo 96, sin perjuicio de derechos preferentes

f) Revocatoria de autorizaciones.

g) Suspensión temporal de licencias de operación.

h) Caducidad.

II. La renuncia, revocatoria o resolución contractual, finalmente declarada, no afectará los activos y bienes muebles o inmuebles o derechos propios del titular que no sean los derechos mineros afectados, ni su derecho legal de uso y disposición de los mismos. Los residuos mineralógicos no explotados, tratados o extraídos por el titular permanecerán como parte de las Áreas Mineras que retornan a la administración del Estado.

III. La pérdida de derechos mineros por cualquier causa no libera al titular del cumplimiento de sus obligaciones de remediación medio ambiental conforme a la respectiva Licencia Ambiental y normas aplicables.

IV. Cuando un titular bajo un mismo Contrato Administrativo Minero tenga derechos sobre dos o más Áreas Mineras con proyectos independientes la pérdida de derechos afectará únicamente al Área o Áreas respecto de las cuales se produzca el incumplimiento.

ARTÍCULO91. (CONTROL).- Los derechos mineros estarán sujetos al control periódico del cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, administrativas y de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales por las autoridades competentes conforme a lo establecido en la presente ley y en las leyes y normas especiales aplicables.

ARTÍCULO 92. (RENUNCIA).- I. Los titulares de Áreas Mineras en virtud a Autorizaciones o Contratos Administrativos Mineros, podrán renunciar en cualquier momento, total o parcialmente a los derechos de prospección, exploración y/o uso y aprovechamiento sobre las áreas reconocidas u otorgadas, salvo por lo previsto en el parágrafo IV siguiente.

II. La renuncia parcial no implica extinción del derecho, sino la reducción del área otorgada.

III. Toda renuncia de derechos mineros se presentará a la AJAM para su tramitación de acuerdo con el Libro Segundo de la presente Ley.

IV. Cuando el titular del Área Minera o Paraje Minero tenga suscrito contratos con terceros para la realización de actividades mineras según lo autorizado por la presente Ley, no podrá renunciar a las áreas comprendidas en el mismo durante su vigencia, salvo acuerdo de partes.

ARTÍCULO 93. (RESOLUCIÓN DE CONTRATO).-Los contratos mineros se resolverán por las causales establecidas en los mismos y/o en la presente ley, según corresponda.

ARTÍCULO 94.(VENCIMIENTO DE PLAZO).-El vencimiento de plazo estipulado en un contrato, salvo por su renovación autorizada, o Autorización de Prospección y Exploración, extingue los derechos establecidos en los mismos, sin perjuicio de derechos preferentes para suscripción de contratos reconocidos en la presente Ley.

ARTÍCULO 95. (NULIDAD).-I. Son nulas las Autorizaciones, Licencias y Contratos que otorguen derechos contraviniendo las disposiciones establecidas en el Artículo 26, 27 y 29 de la presente Ley.

II. Son también nulas las Autorizaciones, Licencias y Contratos que se otorguen en áreas de reserva fiscal o áreas reservadas para el Estado o sus empresas, o aquellos cuyas áreas se superpongan de manera total a áreas ya otorgadas.

III. No es causal de nulidad lasuperposición parcial sobre pertenencias anteriormente otorgadas. El titular de la autorización o contrato tiene la obligación de respetar áreas pre constituidas.

IV. Son nulos o anulables los actos y contratos en los casos previstos en el parágrafo I del Artículo 35 y en el Artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley Nº 2341).

ARTÍCULO 96. (MUERTE DE TITULAR Y DERECHO PREFERENTE).- I. El fallecimiento de un titular persona individual de una ATE con posterioridad a la vigencia del efecto abrogatorio de Artículos del Código de Minería dispuesto por la Sentencia Constitucional Nº 032 de 10 de mayo de 2006, extingue sus derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Artículo.

II. Si conforme al Artículo 172 un titular persona individual hubiere quedado registrado como negocio o empresa unipersonal, para fines de adecuación de sus derechos sobre una ATE, y luego fallece sin haber suscrito Contrato Administrativo Minero, sus derechos quedan extinguidos, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Artículo.

III. En el caso del parágrafo precedente si, como consecuencia de la adecuación, el titular persona individual hubiere suscrito Contrato Administrativo Minero de uso de aprovechamiento y falleciere, el contrato quedara resuelto de pleno derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Artículo.

IV. Cuando en cualquiera de los casos previstos en los parágrafos I al III anteriores el titular, antes de su fallecimiento, hubiere suscrito legalmente contrato de arrendamiento, contrato de riesgo compartido o contrato de asociación no estatal, según corresponda, con un actor productivo minero, este último tendrá derecho preferente para solicitar y suscribir con la AJAM Contrato Administrativo Minero de Uso y Aprovechamiento sobre las respectivas ATEs, conforme a la presente Ley. Si la ATE se hubiera extinguido por falta de pago de las patentes mineras de acuerdo con las normas aplicables, el derecho preferente quedará también extinguido.

V. Para el ejercicio y reconocimiento del derecho preferente, la contraparte interesada, reconocido o constituido en actor productivo minero, deberá presentar solicitud de contrato en los plazos previstos en el parágrafo siguiente. En caso contrario su derecho preferente quedará extinguido.

VI. En los casos de los parágrafos I y II, el plazo para presentar la solicitud será el plazo que resulte de la Resolución que dicte la AJAM de acuerdo con el Artículo 39. En el caso del parágrafo III el plazo será de ciento veinte días calendarios desde la fecha del fallecimiento del titular.

VII. Desde la fecha de fallecimiento hasta la vigencia efectiva del Contrato Administrativo Minero la contraparte contractual con derecho preferente podrá haber continuado o podrá continuar temporalmente con la conducción o explotación de las actividades mineras con el cumplimiento de las obligaciones de ley.

VIII. Si concurrieren dos o más contrapartes contractuales del titular persona individual fallecida el derecho preferente resultante y el Contrato Administrativo Minero se ejercerá y cumplirá de manera conjunta por todas ellas generando obligaciones de mancomunidad solidaria. Con este fin suscribirán un contrato de operación conjunta a ser presentado a la AJAM debiendo el mismo inscribirse en el Registro Minero. Cualquiera de dichas partes puede renunciar a favor de la otra u otras el ejercicio del derecho preferente antes de la presentación de la solicitud para Contrato Administrativo Minero ante la AJAM.

IX. Nada de lo previsto en el presente Artículo afecta los derechos de constituirse en sociedad comercial por titulares personas individuales en los casos autorizados por el Artículo 172.

X. Tratándose de ATE sujetas a adecuación que tengan varios titulares que no hubieren constituido sociedad comercial y uno o más de ellos persona individual falleciere, el mismo será excluido y el o los sobrevivientes tendrán derecho a la adecuación de acuerdo con la presente Ley. La misma norma se aplicará una vez que la ATE se hubiere adecuado a Contrato Administrativo Minero garantizando la continuidad de los derechos de los sobrevivientes.

XI. Cuando un titular individual demostrare ante la AJAM que el Área Minera sujeta a adecuación ha sido y sigue siendo trabajada en grupo familiar en beneficio colectivo y una vez adecuado su derecho de acuerdo con la presente Ley posteriormente falleciere, los demás miembros del grupo tendrán colectivamente derecho preferente para solicitar y suscribir con la AJAM Contrato Administrativo Minero de acuerdo con los parágrafos IV al VII anteriores. Si calificaren de acuerdo con el Artículo 177 podrán optar entre permanecer como actores productivos conjuntos o constituirse previamente en sociedad comercial inscrito en el Registro de Comercio, con los efectos previstos en la presente Ley. De lo contrario deberán previamente constituirse en sociedad comercial.

A los fines de este parágrafo se consideran parte de un grupo familiar al cónyuge o conviviente o al cónyuge o conviviente junto con parientes que se encuentren en segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con el titular del derecho.

ARTÍCULO 97.(EFECTO SUBSECUENTE DE LA EXTINCIÓN DE DERECHOS).- I. En caso de extinción de derechos como consecuencia de revocatoria de Autorizaciones de Prospección y Exploración o de resolución contractual de los contratos administrativos mineros establecidos en la presente Ley, el Área Minera reconocida u otorgada retorna a la administración del Estado como área de libre disponibilidad.

ARTÍCULO 98. (CONTINUIDAD DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES).- I. Cuando para el desarrollo de un Área Minera el titular tuviere suscritos contratos de arrendamiento o de riesgo compartido en los casos autorizados por esta Ley o contratos de asociación con terceros y dichos contratos quedaren resueltos, el Área Minera continuará bajo responsabilidad del titular. El titular deberá adoptar todas las medidas necesarias para la continuidad de operaciones que le permitan cumplir con las obligaciones establecidas en la presente Ley.

II. En el caso del parágrafo I anterior, el titular deberá reformular su Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y Desarrollo según corresponda y solicitar la suscripción de la respectiva enmienda con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.

ARTÍCULO 99. (EXTINCIÓN DE DERECHOS DE USO, PASO Y SUPERFICIE).- Los derechos mineros de paso, uso y de superficie se extinguen al vencimiento del plazo estipulado en la Autorización o el Contrato Administrativo Minero que ampara al beneficiario o cuando su titular los destina a uso distinto para el que fueron constituidas, recuperando el propietario del suelo totalmente la superficie afectada, previa verificación y confirmación por la AJAM mediante resolución.

ARTÍCULO 100. (FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO).- I. No se considerará que existe retraso en el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de los titulares de derechos mineros establecidas en la presente ley o de los obligados bajo licencias, autorizaciones o contratos mineros de cualquier clase, cuando el mismo se deba o sea el resultado de cualquier causa de fuerza mayor o hecho o caso fortuito imprevisto o imprevisible, o si fuere previsible que no pudiere resistirse, que se encuentre fuera del control razonable del titular o parte afectada, tales como y entre otros, hechos o actos de la naturaleza o del hombre como inundaciones, temblores de tierra y terremotos; huracanes, derrumbes, deslizamientos y otros desastres naturales; incendios, rayos, epidemias, guerras, actos de enemigo público; levantamiento, conmoción, disturbio o desobediencia civiles; acciones de hecho que impidan la realización de las actividades mineras, amenazas de o avasallamientos, bloqueos u ocupaciones ilegales; huelgas, paros, disputas laborales o industriales; accidentes; sabotaje y actos terroristas; retraso o negativa injustificadas de cualquier autoridad pública en el otorgamiento de licencias, autorizaciones, contratos, amparos, protección, registros; negativa o resistencia injustificada al inicio o realización de actividades mineras por parte de poblaciones o comunidades locales; inscripciones y similares; cuarentenas y otras restricciones u obligaciones impuestas por autoridades públicas de cualquier poder o nivel del Estado; condiciones adversas de los mercados o de los precios internos o internacionales de minerales y metales que afecten la rentabilidad razonable de la actividad, proyecto o plan por ejecutarse o en curso de ejecución.

II. Los hechos o causas de fuerza mayor o caso fortuito no afectarán el cumplimiento de obligaciones no alcanzadas por dichos hechos o causas

III. Las partes o titulares se comunicarán o comunicaran a la AJAM sobre los hechos y causas, según corresponda.

IV. Cuando cesaren los impedimentos, las obligaciones quedaran restablecidas.

V. Los plazos parciales determinados de acuerdo con la presente ley o   establecidos contractualmente para el cumplimiento de obligaciones que hubieran sido afectados, se extenderán por el tiempo que tome el restablecimiento de las condiciones necesarias para continuar las actividades afectadas. Sin embargo, los plazos finales previstos en la presente Ley para autorizaciones y contratos no se modificaran.

VI. Cuando las causas de fuerza mayor o caso fortuito afectaren el cumplimiento en general por un lapso prolongado que ponga en serio riesgo la continuidad de las actividades u operaciones previstas:

a) Las partes en un contrato de asociación acordarán la resolución contractual a solicitud de cualesquiera de ellas;

b) El titular de una autorización o licencia podrá renunciarla; y

c) Tratándose de Contrato Administrativo Minero el titular de los derechos contractuales podrá resolver unilateralmente el contrato mediante comunicación a la AJAM.

VII. En todos los anteriores casos no se incurrirá en incumplimiento o responsabilidad legal o contractual.

ARTÍCULO 101. (EXTINCIÓN Y CADUCIDAD).- I. Se reconoce que las ATEs por pertenencias cuyos titulares no solicitaron inscripción en el Servicio Técnico de Minas de acuerdo con el Artículo Transitorio 4º de la Ley Nº 1777 quedaron extinguidas y fueron revertidas al dominio originario del Estado.

II. Cuando los titulares de ATEs por pertenencias hubiesen solicitado inscripción en el SETMIN y no hubiere concluido el trámite de inscripción, y posteriormente se hubiese otorgado cuadriculas superpuestas a las primeras y el titular de las pertenencias no hubiere ejercido su derecho de oposición de acuerdo con la Ley Nº 1777, la ATEs por pertenencias queda caducada.

III. Si a tiempo de la vigencia de la presente ley se encontrare en curso ante la justicia ordinaria cualquier proceso por mejor derecho entre titulares, a la conclusión de dicho proceso el titular que prevalezca tendrá derecho a solicitar adecuación a Contrato Administrativo Minero de acuerdo con la presente Ley dentro del plazo de sesenta días de la ejecutoria judicial.

IV. Respecto de pertenencias sin trámite de catastro concluido que no se encuentren con superposición de cuadrículas otorgadas a otro titular, el SETMIN concluirá la catastración en un plazo de un año de la vigencia de la presente Ley. Si al concluir cada catastración se determinara que sobre la concesión por pertenencias se ha otorgado título constitutivo a un titular por cuadriculas la concesión por pertenencias quedará caducada por la AJAM previo informe del SETMIN, salvo que dicho titular hubiese ejercido y prevalecido en su derecho de oposición de acuerdo con la Ley Nº 1777.

V. En el caso precedente si por la catastración la superposición de cuadrícula sobre pertenencia resultare parcial, el titular de la ATE por pertenencias podrá solicitar su adecuación a Contrato Administrativo Minero sobre el área no superpuesta conforme a la presente Ley dentro del plazo de noventa días de concluido el registro catastral o dentro de plazo previsto en el Artículo 163 si estuviere vigente, según corresponda.

ARTÍCULO 102. (CONCESIONES EXCLUIDAS).- Las ATEs denominadas de “materiales de construcción”, tendrán derecho a regularizar su situación mediante tramitación ante la autoridad competente encargada de su regulación o adecuación, de acuerdo a las normas de la presente Ley y según lo previsto en el Artículo 4.

CAPÍTULO III

DERECHO MINERO COOPERATIVO

ARTÍCULO 103. (DEFINICIÓN).- I. Es el derecho que otorga el Estado, en representación del pueblo boliviano, a través de la AJAMa favor de las Cooperativas Mineras, de realizar sobre un área minera, la prospección, exploración, uso y aprovechamiento de recursos minerales en toda o parte de la cadena productiva, conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado, la presente ley y de acuerdo a la naturaleza de las Cooperativas Mineras prevista en la Ley General de Cooperativas.

II. El derecho minero cooperativo se otorga a las Cooperativas Mineras, por su carácter de interés social sin fines de lucro, mediante Autorización para el caso exclusivo de prospección y exploración o mediante Contrato Administrativo Minero Cooperativo de Uso y Aprovechamiento.

III. Las labores mineras se llevarán a cabo por los socios de cada cooperativa, la cual podrá contratar personal dependiente únicamente para labores de carácter administrativo, técnico y asesoramiento. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de suscribir contratos de asociación no estatal de acuerdo con la presente ley.

ARTÍCULO 104. (REQUISITOS).- Los requisitos para obtener Autorización para Prospección y Exploración o para la suscripción de Contrato Administrativo Minero cooperativo, son los siguientes:

a) Personalidad jurídica o certificado de trámite de la misma.

b) Nómina de Socios en el caso de presentación de certificado de trámite de la personalidad jurídica.

c) Número de Identificación Tributaria (NIT) correspondiente al Régimen Cooperativo Minero.

d) Plan de Trabajo y Desarrollo.

e) Nominación y ubicación del Área Minera solicitada con especificación del Número y Código individual de las cuadrículas.

f) Domicilio legal.

ARTÍCULO 105. (AUTORIZACIONES).- Las Autorizaciones para Prospección y Exploración de las cooperativas mineras se rigen por el Capítulo VI del Título IV de la presente Ley.

CAPÍTULO IV

DERECHOS PRECONSTITUÍDOS DE LAS COOPERATIVAS MINERAS

ARTÍCULO 106. (RESPETO DE DERECHOS).- En cumplimiento de lo establecido por el parágrafo IV de la Disposición Transitoria Octava de la Constitución Política del Estado, se respeta los derechos pre constituidos de las cooperativas mineras, en el marco de lo establecido en el presente capítulo.

ARTÍCULO 107. (ALCANCES).- Son derechos pre constituidos de las cooperativas mineras:

a) El Derecho de uso y aprovechamiento en toda o parte de la cadena productiva, sobre las áreas anteriormente otorgadas a través del régimen de ATEs. Estos derechos continuaran ejerciéndose mediante adecuación a Contrato Administrativo Minero Cooperativo suscrito con la AJAM, la misma que respetará las características propias de cada ATE.

b) Los contratos de arrendamiento suscritos por la COMIBOL con las Cooperativas Mineras respecto de sus concesiones propias o las de la minería nacionalizada, que se adecuarán a Contrato Administrativo Minero Cooperativo, a suscribirse con la AJAM, el mismo que respetará las características propias de cada contrato de arrendamiento, sujeto a lo dispuesto en el Capítulo V del Título IV de la presente Ley. El canon de arrendamiento fijado en dichos contratos quedará sin efecto con la suscripción de los contratos administrativos mineros cooperativos, a partir de cuya vigencia se pagarán los derechos de vigencia establecidos en la presente Ley.

c) Cuando COMIBOL y una o más cooperativas mineras compartan trabajos de explotación en una o más áreas mineras, se respetarán los derechos legales para adecuación de cada actor minero en las áreas que les correspondan.

d) Los Contratos de Riesgo Compartido suscritos por las Cooperativas Mineras con actores productivos mineros no estatales manteniendo sus términos y condiciones en tanto se encuentren vigentes.

e) Los contratos de subarrendamiento suscritos por las Cooperativas Mineras con terceros no estatales, autorizados por la COMIBOL, cuyos derechos, a su vez, derivan de los contratos descritos en el literal b) de este Artículo, los cuales se adecuarán a Contratos de Asociación Minera No Estatal según lo dispuesto por el Artículo 130.

f) Los contratos de arrendamiento y los contratos de riesgo compartido sobre áreas mineras de empresas privadas legalmente constituidas que no tienen como objeto principal la actividad minera suscritos con cooperativas mineras, los cuales, se adecuarán a contratos de asociación no estatal, según lo dispuesto por el Artículos 130 y 131 respectivamente.

ARTÍCULO 108. (PARTICIPACIÓN DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN).- En relación a los contratos de Riesgo Compartido suscritos entre las cooperativas mineras y los actores productivos mineros no estatales, que deriven de contratos de arrendamiento anteriormente suscritos entre las Cooperativas Mineras y COMIBOL que migren a Contratos Administrativos Mineros Cooperativos según el inciso b) del Artículo anterior, las participaciones económicas reconocidas en favor de la Corporación Minera de Bolivia, se pagarán al Tesoro General de la Nación en forma directa, para su asignación total al SERGEOMIM a partir de la vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO 109. (CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EN ÁREAS DE RESERVA FISCAL).- I. Los contratos de arrendamiento suscritos por COMIBOL con actores productivos privados y cooperativas mineras, en áreas de reserva fiscal, de acuerdo a los Decretos Supremos Nos. 29117, 29164 y 29410, y la Resolución Ministerial Nº 014, se adecuaran a contratos administrativos mineros privados o cooperativos de uso y aprovechamiento, según corresponda, bajo las normas de la presente Ley, a suscribirse con la AJAM.

 

II. El canon de arrendamiento fijado en dichos contratos quedará sin efecto con la suscripción de los contratos administrativos mineros, a partir de cuya vigencia se pagarán los derechos de vigencia establecidos en la presente Ley.

III. Los contratos de arrendamiento que la COMIBOL hubiere suscrito con cooperativas mineras de acuerdo a lo establecido en el parágrafo III del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 1369 de 3 de octubre de 2012, y sus normas reglamentarias de procedimiento, se sujetaran al régimen señalado en los parágrafos I y II anteriores.

 

 

TÍTULO IV

 

CONTRATOS MINEROS Y

AUTORIZACIONES DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN

CAPÍTULO I

DE LOS CONTRATOS MINEROS

ARTÍCULO 110. (CONTRATOS MINEROS).- I. Para fines de la presente ley se establecen los siguientes contratos administrativos mineros como actos administrativos e instrumentos legales por los cuales el Estado en representación del pueblo boliviano reconoce u otorga, mediante la AJAM, derechos mineros de uso y aprovechamiento sobre una o más Áreas Mineras, a los actores productivos mineros, que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley.

II. Cuando los derechos mineros se otorguen a:

a) un actor productivo minero privado, será un Contrato Administrativo Minero privado;

b) un actor productivo cooperativo, será un Contrato Administrativo Minero cooperativo;

c) un actor productivo minero estatal, será un Contrato Administrativo Minero estatal.

III. Se establecen también los siguientes Contratos de Asociación Minera:

a) Estatal.- Instrumento jurídico, mediante el cual las empresas mineras estatales, se asocian con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras para realizar actividades en todo o parte de la cadena productiva minera.

b) No Estatal.- Instrumento jurídico, mediante el cual los actores productivos mineros no estatales se asocian entre sí, para realizar actividades en todo o parte de la cadena productiva minera.

ARTÍCULO 111. (CONTRATOS SUJETOS A APROBACIÓN LEGISLATIVA).- I. Los Contratos Administrativos Mineros y los Contratos de Asociación Estatal, suscritos a partir de la vigencia de la presente ley,   requerirán aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, excepto:

  1. a)Los contratos administrativos mineros de uso y aprovechamiento por adecuación, por tratarse de derechos pre-constituidos o derechos adquiridos ya reconocidos por la Constitución Política del Estado.
  2. b)Los Contratos de Asociación que se suscriban para fines de adecuación en sustitución de Contratos de Riesgo Compartido o Arrendamiento.
  3. c)El Contrato Administrativo Minero Cooperativo, por el carácter de interés social y finalidad no lucrativa de las Cooperativas Mineras.
  4. d)El Contrato Administrativo Minero Estatal, por su carácter estatal.
  5. e)El Contrato Administrativo Minero Privado o su enmienda, cuando el Plan de Trabajo e Inversión, presentado inicialmente o reformulado de acuerdo con el Artículo 21, proponga que las inversiones en el proyecto minero sean inferiores a la suma de $us. 1.000.000.- o su equivalente en moneda nacional.
  6. f)En el caso del Artículo 112 siguiente.

ARTÍCULO 112. (APROBACIÓN LEGISLATIVA ESPECIAL).- I. Los contratos entre actores mineros no estatales que se suscriban a partir de la vigencia de la presente ley requieren de aprobación legislativa únicamente en el caso previsto por el Artículo 27, excepto cuando se suscriban para fines de adecuación respecto de ATEs de titulares de nacionalidad boliviana con derechos adquiridos que sustituyan Contratos de Riesgo Compartido.

II. Cuando conforme a lo dispuesto en el presente Artículo la Asamblea Legislativa Plurinacional deba aprobar los respectivos contratos de acuerdo con la Constitución Política del Estado, la Asamblea deberá considerarlos y aprobarlos en un plazo máximo de noventa (90) días calendario de la recepción de la solicitud enviada por el Órgano Ejecutivo, dado el carácter de necesidad publica de la actividad minera. En caso contrario el contrato se considerará aprobado y se tendrá por concedido el consentimiento del Estado, debiendo devolverse obrados al Órgano Ejecutivo para la correspondiente protocolización notarial.

ARTÍCULO 113. (FORMALIDAD DE LOS CONTRATOS).- I. Los contratos mineros se formalizaran mediante escritura pública ante una Notaria de Fe Públicade la jurisdicción departamental o regional, en la que se encuentre el área otorgada, o la de mayor extensión si comprende más de un departamento.

II. La minuta de los contratos administrativos mineros será suscrita por la AJAM regional en representación del Órgano Ejecutivo.

III. El protocolo notarial de los Contratos Administrativos Mineros, excepto en el caso previsto en el Artículo 111 Inc. e) será suscrito y otorgado una vez que, de acuerdo con el Artículo 158 Par. I. numeral 12 de la Constitución Política del Estado, el contrato hubiera sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya Ley de aprobación en original o copia legalizada será incorporada a la escritura.

IV. Una vez suscrita la minuta de los contratos de asociación entre las Empresas mineras estatales y terceros, se cumplirá lo previsto en el parágrafo II del presente artículo.

ARTÍCULO 114. (REGISTRO Y VIGENCIA DE CONTRATOS).- Todos los contratos previstos en el Artículo 110 de la presente Ley, para tener vigencia entre partes y efectos ante terceros, se inscribirán obligatoriamente en el Registro Minero.

ARTÍCULO 115. (PROHIBICIÓN DE CESIÓN).- Quienes suscriban con la AJAM Contratos Administrativos Minerosno podrán transferir ni ceder sus derechos y obligaciones emergentes de los mismos, sin perjuicio de su derecho de suscribir contratos de asociación.

ARTÍCULO 116. (CONTRATOS Y AUTORIZACIONES CON EXTRANJEROS EN ÁREAS FRONTERIZAS).- I. Las nuevas solicitudes para Contratos Administrativos Mineros de Uso y Aprovechamiento o para Autorizaciones de Prospección y Exploración de actores productivos mineros bolivianos para las áreas mineras señaladas en el Artículo 27, podrán incluir contratos de asociación con empresas mineras extranjeras bajo la presente ley, a los fines de la ejecución de sus planes de prospección y exploración o de inversión y desarrollo, según corresponda. Con tal finalidad el solicitante acompañara el contrato de asociación que propone firmar con la empresa extranjera.

II. Tratándose de Contrato Administrativo Minero de uso y aprovechamiento con la inclusión de contrato de asociación con empresa extranjera, el mismo será considerado por la Asamblea Legislativa Plurinacional a los fines de su aprobación mediante Ley expresa por los dos tercios de voto.

III. El actor productivo minero boliviano, titular de un nuevo Contrato Administrativo Minero de Uso y Aprovechamiento sobre un área dentro de los cincuenta kilómetros de la línea de frontera, podrá también acordar y suscribir posteriormente contrato de asociación con empresas extranjeras previa declaratoria de necesidad estatal mediante Ley aprobada por dos tercios de voto de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

ARTÍCULO 117. (MODIFICACIÓN DE CONTRATOS).- La modificación de los contratos previstos en el Artículo 110 de la presente ley, se tramitará de acuerdo a los procedimientos y formalidades requeridas para la suscripción del contrato original.

 

CAPÍTULO II

CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO

DE USO Y APROVECHAMIENTO

ARTÍCULO 118. (DEFINICIÓN).- Es el Contrato Administrativo Minero por el cual el Estado Plurinacional, en representación del pueblo boliviano, otorga a un actor productivo minero, bajo las modalidades contractuales administrativas previstas en el Artículo 110 de la presente Ley, la facultad de realizar las actividades establecidas en el Artículo 9 de la presente Ley.

ARTÍCULO 119. (REQUISITOS).- Toda solicitud de otorgamiento de nuevo Contrato Administrativo Minero de Uso y Aprovechamiento, se tramitará de acuerdo con el Libro Segundo, cumpliéndose con la presentación oportuna de los siguientes documentos y requisitos:

a) Documentos de reconocimiento de Personalidad Jurídica o su equivalente legal, según la naturaleza jurídica del solicitante.

b) Documentos de representación legal.

c) Número de Identificación Tributaria (NIT).

d) Planes de Inversión y Desarrollo, para los actores productivos privado y estatal; y Plan de Trabajo y Desarrollo para el actor productivo cooperativo.

e) Nominación y ubicación del Área Minera solicitada con especificación del Número y Código individual de las cuadrículas.

f) Señalamiento de domicilio Legal, para fines de notificación.

ARTÍCULO 120. (ÁREA MÁXIMA PARA EL CONTRATO).- La superficie máxima del área minera para un nuevo contrato de uso y aprovechamiento será de 250 cuadrículas en una misma área.

ARTÍCULO 121. (PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS).- I. Los plazos de loscontratos administrativos mineros privados de uso y aprovechamiento, serán de 30 años, computables a partir de la fecha de vigencia del contrato.

II. Los Contratos Administrativos Mineros Cooperativo y Estatal mantendrán su vigencia en tanto se cumplan con las prescripciones establecidas en el Artículo 17 de la presente ley.

III. Todo Contrato Administrativo Minero entrará en vigencia una vez que hubiese sido protocolizado ante una Notaría de Fe Pública e inscrito en el Registro Minero.

IV. Cuando el titular de un Contrato Administrativo Minero Privado de Uso y Aprovechamiento tuviere necesidad demostrada de dar continuidad a una operación en curso, solicitará ampliación del plazo por otros treinta años, con una anticipación de por lo menos seis meses al vencimiento del plazo original.

ARTÍCULO 122. (CLÁUSULAS OBLIGATORIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO DE USO Y APROVECHAMIENTO).- I. Los contratos administrativos mineros de uso y aprovechamiento incluirán las siguientes cláusulas:

a) Antecedentes.

b) Partes contratantes, personería y registros legales.

c) Domicilio señalado y constituido en Bolivia.

d) Área Minera y su ubicación.

e) Objeto, con identificación de los derechos mineros otorgados.

f) Referencia a los Planes de Inversión y Desarrollo, para los actores productivos privado y estatal; y Plan de Trabajo y Desarrollo para el actor productivo cooperativo.

g) Estipulaciones sobre control periódico de cumplimiento de acuerdo a sus planes.

h) Estipulaciones sobre resolución de contrato de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.

i) Estipulaciones relativas a la protección y conservación ambiental, normas laborales y de seguridad industrial, contratación preferente de mano de obra, bienes y servicios nacionales, de acuerdo con las normas legales aplicables. En el caso de las cooperativas estipulaciones relativas al cumplimiento de las normas laborales en relación al personal dependiente no cooperativista.

ARTÍCULO 123. (RESOLUCIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE USO Y APROVECHAMIENTO).- I.Todo Contrato Administrativo Minero se resolverá por incumplimiento del interés económico y social que, de acuerdo con el Artículo 17 de la presente Ley se cumple, con el pago de derecho de vigencia, y la obligación de inicio y continuidad de la actividad minera, salvo por razones de fuerza mayor de acuerdo con la presente Ley.

II. Las áreas mineras de los grupos mineros nacionalizados que permanecen bajo administración de COMIBOL quedan exentas del pago de derecho de vigencia.

III. El titular del contrato deberá dar inicio a sus actividades dentro del plazo de un año de la vigencia del contrato. Para dar continuidad a la actividad minera el titular no podrá abandonar o suspender operaciones mineras por más de seis meses.

 

CAPÍTULO III

CONTRATOS DE ASOCIACIÓN MINERA ESTATAL

ARTÍCULO 124. (DEFINICIÓN).- I. El contrato de asociación minero estatal es aquel por el cual el Estado Plurinacional, a través de una empresa minera estatal autárquica, acuerda con un actor productivo minero cooperativo o privado, nacional o extranjero, la realización asociada de actividades mineras en toda o en parte de la cadena productiva, dentro de sus áreas mineras.

II. El contrato de asociación no genera una nueva personalidad jurídica, debiendo establecer una denominación seguida de los caracteres “- C.A.”.

ARTÍCULO 125. (LICITACIÓN O INVITACIÓN PÚBLICA).- I. Los Contratos de Asociación Minera Estatal a iniciativa de la empresa minera estatal se suscribirán previo proceso de licitación o invitación pública de acuerdo a reglamentación especial.

II. Los contratos de asociación estatal que incluyan la actividad previa de exploración, se suscribirán por invitación directa o a propuesta del actor productivo minero interesado, de acuerdo a reglamentación especial.

ARTÍCULO 126. (CLÁUSULAS OBLIGATORIAS DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN ESTATAL).- Los contratos de asociación estatal incluirán como mínimo cláusulas y estipulaciones relativas a lo siguiente:

a) Antecedentes y Definiciones.

b) Partes contratantes, personería y registros legales.

c) Domicilios señalados y constituidos en Bolivia.

d) Objeto del contrato.

e) Identificación de las Áreas Mineras bajo contrato.

f) Aportes y responsabilidades de los asociados.

g) Estipulaciones sobre la forma de administración y de conducción de las operaciones.

h) Estipulación que determine que los gastos incurridos en un proyecto de exploración que no pase a la fase de explotación, correrán en un 100 % por cuenta de las contrapartes de la empresa estatal, quedando la empresa estatal liberada de cualquier obligación de cubrir estos gastos. Si el proyecto pasare a la fase de explotación, los gastos de exploración correrán por cuenta de la asociación.

i) Estipulación sobre planes periódicos de desarrollo e inversión dependiendo de las distintas fases de las actividades mineras a ejecutarse.

j) Estipulación sobre uso y disponibilidad de tecnología.

ca) Estipulaciones sobre control periódico de cumplimiento.

l) Estipulaciones sobre garantías de cumplimiento de las inversiones acordadas según los alcances del contrato y sobre garantías de quieta y pacifica posesión de las Áreas Mineras, en aplicación a las normas legales vigentes.

m) Estipulaciones sobre la obligación de la administración ejecutiva u operativa de la asociación, de presentar al Directorio de la Asociación, información técnica, económica, financiera, comercial y cualquier otra sobre las operaciones que se considere relevante.

n) Conformación del Directorio de la Asociación y del Consejo Técnico.

o) Régimen de participaciones y de distribución de utilidades.

p) Causales y procedimientos de resolución contractual incluyendo, entre otros, causales por incumplimientos injustificados en cuanto a: (i) los plazos de inicio de ejecución, por más de un año; (ii) suspensión de labores por más de un año; (iii) ejecución de labores por más de un año; y (iv) ejecución de inversiones comprometidas por más de un año, cuando la inversión no alcance al menos al 60% de lo comprometido en los cronogramas de inversiones.   

q) Régimen de cesión y transferencia de participaciones de las contrapartes de la empresa estatal, con autorización expresa de esta última.

r) Régimen relacionado al tratamiento de los activos fijos utilizados en las operaciones mineras de la asociación a la conclusión del contrato, precautelando los intereses del Estado y los derechos de los trabajadores.

s) Estipulaciones sobre plazos contractuales.  

t) Estipulación sobre exploración en las Áreas Mineras objeto del contrato, cuando corresponda.

u) Estipulaciones sobre cumplimiento de normas legales en materia laboral, de seguridad social e industrial, medio ambiente, pago de derechos de vigencia, regalías e impuestos.  

v) Sometimiento a las normas del Estado Plurinacional. De acordarse una clausula arbitral para la solución de controversias contractuales, se recurrirá exclusivamente al arbitraje nacional.

w) Identificación de los anexos a incorporarse como parte del contrato.

ARTÍCULO 127.- (PARTICIPACIÓN ESTATAL EN LAS UTILIDADES).- I.En los contratos de asociación estatal que se suscriban a partir de la vigencia de la presente Ley, las participaciones se acordarán entre partes y en ningún caso la participación de la empresa estatal será inferior al 55% de las utilidades antes de los impuestos a las utilidades de las empresas.

II. Respecto de contratos de arrendamiento o riesgo compartido con actores productivos mineros privados, vigentes a la fecha de publicación de la presente ley, si las partes acordaren su adecuación a contratos de asociación estatal, estos últimos reflejarán los términos económicos originales, salvo acuerdo entre partes para su modificación.

ARTÍCULO 128.- (RÉGIMEN CONTABLE Y TRIBUTARIO).- I. Los contratos de asociación estatales llevarán contabilidad propia e independiente de las partes contratantes, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados en Bolivia, registrando las cuentas, operaciones, ingresos y egresos de la asociación. La autoridad tributaria competente asignará a cada asociación un registro y Numero de Identificación Tributaria (NIT) especial a los fines de control y fiscalización.

II. La gestión fiscal del contrato de asociación cerrará en la fecha que corresponda a las actividades mineras. Al cierre de dicha gestión la asociación preparará su correspondiente Balance General y Estados Financieros, debiendo ser auditados por auditores independientes cuando la norma tributaria aplicable así lo determine, para su presentación ante las autoridades tributarias competentes.

III. La asociación cumplirá con las normas del Régimen Tributario Minero establecido en la presente Ley.

IV. Las utilidades o excedentes de la asociación que se reflejen en sus estados financieros no estarán gravados por los impuestos a las utilidades de las empresas (IUE), los cuales se pagarán por los participantes en la asociación en base a sus propios registros contables y estados financieros.

V. Las empresas mineras privadas participantes contabilizarán la parte que les corresponda por las utilidades de la asociación en sus propios registros contables como ingresos por inversión, a todos los fines tributarios aplicables incluyendo los que correspondan a sus propios impuestos a las utilidades de las empresas como empresas mineras (IUE).

VI. Las cooperativas mineras participantes contabilizarán la parte de ingresos que les corresponda entre sus excedentes para su disposición o distribución de acuerdo con las normasque les son aplicables.

VII.La empresa estatal participante contabilizara el ingreso de acuerdo a las normas contables que le sean aplicables.

ARTÍCULO 129. (DIRECTORIO).- I. El Directoriodel contrato de asociación tendrá una participación paritaria. La presidencia será ejercida por un representante de la empresa estatal. Las decisiones serán tomadas por consenso.

II. El Directoriotendrá las atribuciones de definición de políticas generales del contrato de asociación, fiscalización y control.

III. La asociación contará con un Consejo Técnico con participación paritaria y tendrá atribuciones de asesoramiento y apoyo al Directorio.

CAPITULO IV

CONTRATOS DE ASOCIACIÓN MINERA NO ESTATAL

ARTÍCULO 130. (DEFINICIÓN).- Son los contratos que los titulares de Autorizaciones de Prospección y Exploración no estatales, de Contratos Administrativos Mineros Privados o de Contratos Administrativos Mineros cooperativos, pueden suscribir en cualquier momento con otros actores productivos mineros no estatales legalmente establecidos, para el cumplimiento, en forma asociada, de sus respectivas obligaciones.

ARTÍCULO 131. (REGISTRO).- I. Los contratos de asociación entre partes no estatales y sus modificaciones se suscribirán mediante escritura pública y se inscribirán para su vigencia en el Registro Minero por intermedio de la AJAM.

II. Su extinción constará en escritura pública a inscribirse en el Registro Minero por intermedio de la AJAM.

ARTÍCULO 132. (AUSENCIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA).- Los contratos de asociación minera no estatal no constituyen sociedad entre las partes ni establecen personalidad jurídica propia. Los derechos y obligaciones de las partes, la forma de administración, fiscalización y representación de la asociación y la responsabilidad ante terceros se rigen por el contrato.

ARTÍCULO 133. (RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES).- I. Salvo acuerdo en contrario o de disposición expresa de la presente Ley, no se presume la solidaridad de las partes por los actos y operaciones resultantes del contrato.

II. El contrato de asociación minera no estatal no releva al titular del Contrato Administrativo Minero, de sus   obligaciones legales y contractuales.

III. El contrato contendrá estipulaciones que aseguren el cumplimiento compartido con el titular de los derechos mineros, de la función económica social y de la satisfacción del interés económico social.

ARTÍCULO 134. (EXTINCIÓN).- I. La extinción de las Autorizaciones de Prospección y Exploración y de los Contratos Administrativos Mineros que sustentan los contratos de asociación, por las causales previstas en la presente Ley, extingue los contratos de asociación, sin perjuicio de los derechos y obligaciones entre las partes de acuerdo con el contrato.

II. La extinción del o los asociados extinguirá el contrato de asociación conforme a lo estipulado en el contrato, quedando subsistentes los derechos y obligaciones del titular.

III. La resolución del contrato de asociación, no extingue la Autorización de Prospección o Exploración o el Contrato Administrativo Minero, ni las obligaciones legales del titular.

ARTÍCULO 135. (PLAZO).- Los Contratos de Asociación podrán tener un plazo fijo o un plazo determinado por la duración de cualquier proyecto o proyectos que constituyan su objeto.

No podrán acordarse por un plazo mayor al de la Autorización o Contrato Administrativo, según corresponda. Podrá acordarse su continuidad para el caso de ampliación de plazo de la Autorización o del Contrato Administrativo.

ARTÍCULO 136. (DENOMINACIÓN).- Los Contratos de Asociación llevarán una denominación de identificación seguida de la expresión “Contrato de Asociación” o “CA”.

ARTÍCULO 137. (CLÁUSULAS OBLIGATORIAS).- Además de lo previsto en los Artículos precedentes, el contrato de asociación contendrá, entre otras, cláusulas relativas a:

a) Identificación y representación de las partes;

b) Objeto;

c) Contribuciones o aportaciones;

d) Participaciones y distribuciones;

e) Forma de financiamiento;

f) Atribución de pérdidas;

g) Sistema de control contable;

h) Retiro, separación, exclusión o cesión de derechos de asociados que no fueren los titulares de los derechos mineros;

i) Procedimientos de liquidación;

j) Causales y procedimientos de resolución;

k) Resolución de controversias, con preferencia mediante conciliación, mediación o arbitraje,

l) La conformación de un Directorio u órgano similar de dirección o control, con sus atribuciones y normas para adopción de resoluciones, y

m) Formas de gestión y administración, las cuales preverán que la asociación estará representada por administradores ejecutivos con poderes generales otorgados conjuntamente por los representantes legales de los asociados.

ARTÍCULO 138. (RÉGIMEN CONTABLE Y TRIBUTARIO).- I. Los Contratos de Asociación entre actores productivos no estatales llevarán contabilidad propia e independiente de sus partes contratantes, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados en Bolivia, registrando las cuentas, operaciones, ingresos y egresos de la asociación. La autoridad tributaria competente asignará a cada asociación un registro y Numero de Identificación Tributaria (NIT) especial a los fines de control y fiscalización.

II. La gestión fiscal de la asociación cerrará en la misma fecha que la que corresponda a las actividades del titular principal de las Autorizaciones o los Contratos Administrativos. Al cierre de dicha gestión la asociación preparará su correspondiente Balance General y Estados Financieros, debiendo ser auditados por auditores independientes cuando la norma tributaria aplicable así lo determine, para su presentación ante las autoridades tributarias competentes.

III. La asociación cumplirá con las normas del Régimen Tributario Minero establecido en la presente Ley.

IV. Las utilidades o excedentes de la asociación que se reflejen en sus Balances Generales y Estados Financieros, no estarán gravados por ninguno de los Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE), sea el general o el minero, los cuales se pagarán por los participantes en la asociación en base a sus propios registros contables y estados financieros.

V. Las empresas mineras privadas participantes contabilizarán la parte que les corresponda en sus propios registros contables como ingresos por inversión, a todos los fines tributarios aplicables incluyendo los que correspondan a sus propios impuestos a las utilidades de las empresas como empresas mineras (IUEM). Las cooperativas mineras participantes contabilizarán la parte de ingresos que les corresponda entre sus excedentes para su disposición o distribución de acuerdo con las normas que les son aplicables.

VI. Las partes podrán acordar alternativamente la distribución de utilidades en base al flujo neto de caja o cualquier otro método equivalente, sin perjuicio de las demás obligaciones de Ley.

ARTÍCULO 139. (OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL).- Bajo responsabilidad de sus correspondientes administradores conforme al contrato de asociación y la presente Ley, la asociación cumplirá con todas las normas legales de carácter laboral y de seguridad social respecto del personal que contrate.

CAPITULO V

CONTRATO DE ASOCIACIÓN MINERA NO ESTATAL CON EMPRESAS MINERAS ESTATALES

ARTÍCULO 140. (DEFINICIÓN).- I. Es el contrato en virtud del cual un titular de una Autorización de Prospección y Exploración no estatal o de un Contrato Administrativo Minero no estatal de Uso y Aprovechamiento, se asocia con fines de desarrollo de sus áreas mineras, con una empresa minera estatal respecto de una o más de las fases de la cadena productiva minera, según corresponda.

II. Estos contratos se rigen por lo previsto en el Capítulo IV anterior, teniendo en cuenta el carácter estatal del asociado, y no requieren aprobación legislativa, bastando la aprobación del Directorio de la empresa minera estatal.

CAPÍTULO VI

AUTORIZACIONES DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN

ARTÍCULO 141. (CATEO).- Cualquier persona natural o jurídica con capacidad legal puede realizar la actividad de cateo sin afectar derechos de terceros ni efectuar actividad alguna de explotación o aprovechamiento.

ARTÍCULO 142. (AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA MINERA DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN).- I. Es la autorización otorgada por la AJAM al actor productivo minero de acuerdo con el Libro Segundo, para la realización de las actividades de prospección y exploración en un área minera determinada, la que incluirá el derecho preferente reconocido en el Artículo siguiente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente de Ley.

II. Durante la exploración el titular podrá comercializar producción eventual y únicamente cuando sea resultado exclusivo de la exploración.

III. Un actor productivo minero podrá solicitar a la Dirección Departamental o Regional competente de la AJAM Autorización de Exploración especial que abarque Áreas Mineras de uso y aprovechamiento que no fueren de libre disponibilidad, siempre y cuando con carácter previo a la Resolución de la Dirección competente, el solicitante demuestre fehacientemente que cuenta con autorización del titular de los derechos con inclusión del plazo de la autorización.

IV. La autorización prevista en el parágrafo III anterior podrá ser otorgada sobre áreas parciales según conste en la autorización. Los resultados de la exploración habilitarán al titular de la Autorización para negociar con el titular un contrato de asociación.

De no llegarse a un acuerdo los resultados serán entregados al titular contra el pago de una compensación que cubra los costos y gastos del titular de la Autorización junto a una remuneración equivalente a la que hubiere percibido un tercero contratado por el titular con iguales fines exploratorios, según prácticas habituales de la industria minera.

A falta de acuerdo, la suma a pagar será fijada por la Dirección competente, a solicitud de parte interesada, cuya determinación será final y definitiva, obligatoria para las partes. La resolución no es susceptible de recurso alguno.

ARTÍCULO 143. (DERECHO PREFERENTE).- I. Tratándose de Autorizaciones de Prospección y Exploración exclusivamente, antes del vencimiento del plazo de su vigencia que no fuera debido a revocatoria por incumplimiento de acuerdo con la presente Ley, el titular de la Autorización tendrá el derecho preferente para solicitar y suscribir Contrato Administrativo Minero de Uso y Aprovechamiento, respecto de las áreas que hubiera seleccionado.

II. El derecho preferente reconocido en el parágrafo anterior: (a) podrá también ser ejercido conjuntamente por el titular de la Autorización y por un tercero, actor productivo minero legalmente establecido o (b) únicamente por un tercero actor productivo minero al cual le cede su derecho preferente, entendiéndose en este último caso que el titular original renuncia al mismo.

III. El derecho preferente o de cesión para uso y aprovechamiento, podrá ejercerse parcialmente respecto de determinadas áreas, sin perjuicio del derecho del titular de la Autorización de continuar las actividades de exploración en las demás áreas.

ARTÍCULO 144. (REQUISITOS).- Los requisitos para obtener Autorización para las actividades de prospección y exploración, son los siguientes:

a) Documentos de reconocimiento de Personalidad Jurídica o su equivalente legal, según la naturaleza jurídica del solicitante.

b) Documentos de representación legal.

c) Número de Identificación Tributaria (NIT).

d) Plan de trabajo y Presupuesto financiero.

e) Nominación y ubicación del Área Minera solicitada con especificación del Número y Código individual de las cuadrículas.

f) Señalamiento de domicilio legal, para fines de notificaciones.

ARTÍCULO 145. (SUPERFICIE MÁXIMA DEL ÁREA DE LAS AUTORIZACIONES).- I. La superficie máxima de un área para prospección y exploración no deberá exceder de 500 cuadrículas.

II. El titular de una Autorización de Prospección y Exploración, podrá solicitar nuevas Autorizaciones siempre que no se encuentre en incumplimiento del Plan o Planes de Trabajo y Presupuesto Financiero anteriormente comprometidos, a la fecha de su nueva solicitud.

III. Durante la vigencia de la Autorización de Prospección y Exploración, el titular podrá realizar renuncias parciales de las cuadrículas que no sean de su interés.

ARTÍCULO 146. (PLAZOS).- I. El plazo de la Autorización no excederá de 5 años, computable a partir de la fecha de la notificación al solicitante de la respectiva Resolución de la AJAM pudiendo ser ampliado por una sola vez por un plazo adicional de tres años, previa justificación de la necesidad de la ampliación y renuncia de las áreas exploradas que no fueran de interés del titular.

II. Se fija el plazo máximo de un año para el inicio de las labores de campo de prospección y exploración, computable a partir de la vigencia de la Autorización.

III. Los plazos señalados en los parágrafos I y II del presente Artículo, se suspenderán en caso de existir acciones de hecho u otras causales de fuerza mayor que impidan la realización de las actividades mineras de prospección y exploración.

ARTÍCULO 147. (ENTREGA DE INFORMES).- I. Los titulares de Autorización de Prospección y Exploración, entregarán a la AJAM en forma semestral la información de avance de sus actividades.

II. En caso de que el titular no ejerciere su derecho preferente para la suscripción de Contrato Administrativo de Uso y Aprovechamiento o no se produjere la cesión del mismo, entregará a la AJAM, los resultados finales de las labores de prospección y exploración, caso contrario, se aplicará la sanción establecida en el Libro Segundo.

ARTÍCULO 148. (PROSPECCIÓN AÉREA).- I. Los actores productivos mineros podrán solicitar a la AJAM Autorización para realizar Prospección Aérea en el territorio del Estado boliviano.

II. El área máxima por cada Autorización de Prospección Aérea será de 8.000.- cuadrículas. La vigencia de dicha autorización será de seis (6) meses.

III. La Autorización de Prospección Aérea otorga derecho preferente en Áreas Mineras de libre disponibilidad para solicitar Autorización de Prospección y Exploración de las áreas de interés, antes del vencimiento del plazo de vigencia.

ARTÍCULO 149. (EXTINCIÓN) La autorización de prospección áerea se extingue de pleno derecho por expiración del plazo para solicitar la autorización de vuelo de acuerdo al Artículo anterior de la presente Ley.

ARTÍCULO 150. (REVOCATORIA DE AUTORIZACIÓN).- I. La Autorización de Prospección y Exploración se revocará por la AJAM, en los siguientes casos, salvo por razones de fuerza mayor de acuerdo con la presente ley:

a) Incumplimiento de inicio de actividades por un año vencido.

b) Suspensión de actividades por un año vencido.

c) Incumplimiento en la entrega de los informes de actividades por dos veces consecutivas.

d) Vulneración a la prohibición de desarrollar actividades de explotación por el titular previa comprobación por la AJAM.

II. El titular que cumpla sus obligaciones contractuales antes del vencimiento de los plazos, sin haber logrado resultados favorables, podrá renunciar a la Autorización ante la AJAM.

CAPÍTULO VII

LICENCIAS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

ARTÍCULO 151. (LICENCIAS DE OPERACIÓN).- I. Las actividades aisladaso integradas entre si de concentración, beneficio, fundición y/o refinación de minerales y metales requerirán Licencia de Operación otorgada por la AJAM.

II. La Licencia de Operación facultará a su titular a realizar actividades de comercialización, previo registro en el SENARECOM.

III. Las actividades de concentración, beneficio, fundición y refinación, o industrialización, cuando formen parte del Contrato Administrativo Minero de Uso y Aprovechamiento u otro instrumento jurídico equivalente reconocido por la presente ley, no requerirán de Licencia de Operación.

IV. La Licencia de Operación faculta a su titular efectuar el tratamiento de minerales adquiridos de terceros y de minerales bajo contratos de servicios de concentración, fundición y/o refinación, debiendo en cada caso demostrar su procedencia.

V. La Licencia de Operación faculta el ejercicio de los derechos y exige el cumplimiento de las obligaciones establecidas por ésta ley aplicable a la actividad de su titular.

ARTÍCULO 152. (REQUISITOS) I Para la obtención de la Licencia de Operación, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

  1. a)Personalidad jurídica con registro en la entidad competente o norma de creación para las empresas estatales y en el caso de empresas unipersonales registro en la entidad competente.
  2. b)Número de Identificación Tributaria (NIT)
  3. c)Proyecto
  4. d)Licencia Ambiental.

II. Los titulares de Licencia de Operación cumplirán la función económica social y las normas de seguridad industrial.

ARTÍCULO 153. (OBLIGACIÓN DE OFERTA DE VENTA).- I. Los actores productivos mineros y los comercializadores ofrecerán obligatoriamente en venta sus minerales y concentrados de mineral, primero a las fundiciones o refinerías estatales y luego a las privadas en el territorio nacional, la que se formalizará de acuerdo a disponibilidad de tratamiento en tiempo oportuno, capacidad de tratamiento y mediante contratos de compra venta que tengan en cuenta condiciones de competitividad y precio con referencia al mercado y oportunidades internacionales. La producción no vendida a dichas empresas podrá ser vendida o exportada libremente en el mercado internacional.

II. Lo previsto en el parágrafo anterior no se aplicará en los siguientes casos:

  1. a)A los actores mineros que producen metales.
  2. b)Tratándose de minerales y concentrados para los cuales no existen fundiciones o refinerías en el país.
  3. c) Tratándose de minerales y concentrados cuyas características no sean aceptables para las fundidoras y refinerías existentes.

ARTÍCULO 154. (INFORMACIÓN ESTADÍSTICA).- I. Los titulares de Licencias de Operación remitirán al SENARECOM información relativa a la compra venta y regalías en el plazo establecido por el parágrafo II del Artículo 68 de la presente ley.

II Igualmente remitirán información relativa a producción, inversiones y empleo en forma trimestral a la AJAM.

ARTÍCULO 155. (LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES).- I. Con carácter previo a cualquier actividad aislada de comercialización de minerales y metales en el mercado interno y externo las empresas comercializadoras deberán obtener Licencia de Comercialización de la AJAM.

II. Una vez obtenida la Licencia cumplirán con las normas de registro en el SENARECOM a los fines y de acuerdo con la presente Ley.

ARTÍCULO 156. (REQUISITOS).- Para la obtención de la Licencia de Comercialización, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a)Personalidad jurídica e inscripción en el Registro de Comercio, tratándose de personas colectivas e individuales.

b) Personalidad jurídica tratándose de comercializadoras de Cooperativas Mineras.

c) Número de Identificación Tributaria.

d) Domicilios legal y de funcionamiento de los establecimientos comerciales.

ARTÍCULO 157. (AGENTES DE RETENCIÓN).-I.Los titulares de Licencia de Comercialización al igual que todo actor productivo minero que realice operaciones de compra de minerales se constituyen en agentes de retención de la regalía minera.

II. Asimismo se constituyen en agentes de retención de aportes a la seguridad social, e institucionales, bajo convenio. Su incumplimiento será sancionado de acuerdo a ley.

ARTÍCULO 158. (RESPONSABILIDADES).- La obtención o adecuación de Licencia de Comercialización no libera las responsabilidades legales de quienes hubieren realizado actividades de comercialización en incumplimiento de las normas aplicables.

ARTÍCULO 159. (OBLIGACIÓN DE VENDEDORES Y COMPRADORES DE MINERALES).- I. La venta de minerales sólo podrá acordarse con compradores legalmente autorizados de acuerdo con la presente Ley.

II. La comercialización ilegal interna o externa de minerales se sanciona de acuerdo a normas administrativas y penales aplicables.

ARTÍCULO 160. (OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LICENCIAS).- I. Los titulares de Licencias de Operación y comercialización cumplirán con las normas legales especiales vigentes en materias de registros, medio ambiente, seguridad industrial, seguridad social, laborales, tributarias y otras que sean aplicables a su actividad.

II. Los comercializadores tienen la obligación de exponer en lugar visible sus precios de compra de minerales y metales.

ARTÍCULO 161. (SUSPENSIÓN Y REVOCATORIA DE LICENCIA DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN).- I. En caso de incumplimiento de obligaciones establecidas en la presente Ley que no tengan un régimen sancionatorio propio, la AJAM, previa determinación legal, suspenderá temporalmente la Licencia de Operación o Comercialización otorgando a su titular un plazo prudencial para que proceda a su corrección o regularización en función de las características y gravedad del incumplimiento.

II. Si vencido el plazo el incumplimiento no hubiere sido subsanado o regularizado, la AJAM revocará la Licencia de manera definitiva.

IV. Si el incumplimiento no fuere susceptible de corrección o regularización la AJAM revocará la Licencia de manera definitiva.

IV. En caso de revocatoria el titular no podrá obtener nueva Licencia.

 

TÍTULO V

RÉGIMEN DE ADECUACIONES

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

PARA ADECUACIÓN DE ATEs A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS

ARTÍCULO 162. (COMPETENCIA DE LA AJAM).- La adecuación de Autorizaciones Transitorias Especiales de los actores productivos mineros al régimen de Contratos Administrativos Mineros, según corresponda de acuerdo con la presente Ley, se tramitará ante la AJAM de acuerdo con el procedimiento establecido en el Libro Segundo.

ARTÍCULO 163. (PLAZO DE INICIO DE ADECUACIÓN).- El plazo para presentar las solicitudes de adecuación a Contratos Administrativos Mineros en general vence a los seis meses de la publicación del acto administrativo de la AJAM que establezca la fecha de inicio del procedimiento de solicitud de adecuación.

ARTÍCULO 164. (REVERSIÓN).- La no presentación de solicitudes de adecuación a contratos administrativos mineros, en el plazo establecido de acuerdo con el Artículo precedente o el incumplimiento de los requisitos legales, dará lugar a la reversión de la ATE o concesiones preexistentes a la administración del Estado mediante resolución motivada de la AJAM.

ARTÍCULO 165. (CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES MINERAS).- Los titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales por adecuarse o en proceso de adecuación al régimen de Contratos Administrativos Mineros continuarán sus actividades mineras, con todos los efectos de sus derechos adquiridos o pre constituidos hasta la conclusión del procedimiento de adecuación.

ARTÍCULO 166. (VIGENCIA).- Los Contratos Administrativos Mineros de Uso y Aprovechamiento por adecuación entrarán en vigencia a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Minero.

ARTÍCULO 167. (RECONOCIMIENTO).- Cuando junto con la solicitud de adecuación prevista en el Artículo anterior, se presentaran contratos de arrendamiento, riesgo compartido o asociación suscritos con terceros, según corresponda, cuya continuidad de vigencia establece la presente Ley, los mismos constarán en escritura pública y no requieren evidencia de inscripción en los Registros de Derechos Reales, Minero y de Comercio.

ARTÍCULO 168. (VALIDEZ).- En los trámites de adecuación no se aceptarán documentos traslativos de dominio o documentos de transmisión por sucesión hereditaria respecto de ATEs, que se hubieren realizado con posterioridad a la fecha de vigencia legal del efecto abrogatorio de Artículos del Código de Minería, según la Sentencia Constitucional Nº 032 de 10 de mayo de 2006.

ARTÍCULO 169. (VIGENCIA DE CONTRATOS ENTRE ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS NO ESTATALES).- I. Salvo lo dispuesto por el parágrafo III del Artículo 134, los Contratos de Riesgo Compartido incluyendo sus respectivas enmiendas que actores productivos mineros no estatales hubieren suscrito entre sí, para el desarrollo de sus actividades, continuarán vigentes de acuerdo con sus términos o podrán adecuarse a Contratos de Asociación No Estatal por acuerdo de partes. Cuando se trate de contratos con personas individuales titulares de ATEs, será aplicable, para fines de adecuación, lo dispuesto en el Artículo 172, según corresponda.

II. Los contratos de arrendamiento entre actores productivos mineros no estatales se adecuarán a contratos de asociación no estatal de acuerdo con la presente ley.

CAPÍTULO II

ADECUACIÓN DE ATEs DE ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS PRIVADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS

ARTÍCULO 170. (ADECUACIÓN A CONTRATOS).- I. Los titulares privados individuales o colectivos, nacionales o extranjeros de Autorizaciones Transitorias Especiales con derechos adquiridos de acuerdo a los parágrafos I y III de la Disposición Transitoria Octava de la Constitución Política del Estado, deberán sujetarse al procedimiento de adecuación a ContratosAdministrativos Mineros Privados de Uso y Aprovechamiento, en los términos señalados en el presente Capitulo y en el Libro Segundo de la presente Ley.

II. El titular privado de varias ATEs colindantes entre sí, las adecuará a Contrato Administrativo Minero mediante uno o varios contratos, según lo solicite el titular en base a los planes de trabajo e inversión. Cuando un solo contrato comprenda dos o más ATEs colindantes entre sí, los planes de trabajo e inversión deberán tener en cuenta todas las ATEs.

III. Cuando las ATEs no fueren colindantes entre si se adecuarán mediante contratos separados.

IV. Las Áreas Mineras reconocidas mediante Contrato Administrativo Minero Privado de Uso y Aprovechamiento corresponderán a la extensión original de las respectivas ATEs o a las características de los derechos mineros originalmente reconocidos. A tiempo de solicitar su adecuación el titular podrá formular renuncia parcial de áreas o derechos, las que pasarán a formar parte de las áreas de libre disponibilidad.

ARTÍCULO 171. (ADECUACIÓN DE SUB ARRIENDOS).- Los contratos de subarrendamiento suscritos por los actores productivos mineros privados con otros no estatales, cuyos derechos, a su vez, derivan de contratos de arrendamiento o riesgo compartido suscritos con la COMIBOL, con autorización de esta última, se adecuarán a contratos de asociación no estatal de acuerdo con el Artículo 130 de la presente Ley.

ARTÍCULO 172. (ADECUACIÓN DE TITULARES INDIVIDUALES Y CONJUNTOS).- I. Cuando en la fecha de vigencia de la presente Ley una Autorización Transitoria Especial, se encontrare a nombre de una persona individual, la misma, con carácter previo a la presentación de su solicitud de adecuación a contrato minero, constituirá una sociedad comercial únicamente con su cónyuge o conviviente legalmente reconocida, si el vínculo conyugal se hubiera celebrado o reconocido con anterioridad a la obtención del título constitutivo o la adquisición del derecho minero. La sociedad comercial con objeto minero a constituirse, será de Responsabilidad Limitada (SRL). En caso contrario, el titular individual se establecerá y registrará como empresa unipersonal de objeto minero.

II. Cuando a tiempo de la vigencia de la presente Ley una Autorización Transitoria Especial se encontrare a nombre de dos o más personas individuales o dos o más personas colectivas o personas individuales y colectivas, las mismas, con carácter previo a la presentación de la solicitud de adecuación, constituirán una sociedad comercial de giro minero, bajo cualesquiera de las modalidades societarias reconocidas por el Código de Comercio, excepto asociaciones accidentales o de cuentas en participación.

ARTÍCULO 173. (TITULARIDAD DE PERSONAS COLECTIVAS NO MINERAS).- Cuando la titularidad de una Licencia Transitoria Especial a ser adecuada estuviere a nombre de una sociedad comercial sin objeto minero, con carácter previo a la adecuación, la misma suscribirá Contrato de Asociación con cualquier actor productivo minero que se encargará de las operaciones mineras.

ARTÍCULO 174. (NATURALEZA DE LOS ACTOS).- La constitución de sociedades prevista en los Artículos precedentes, no tiene efectos traslativos de dominio de las Autorizaciones Transitorias Especialesylas mismas no pueden formar parte del capital o patrimonio de la sociedad. Únicamente habilita a la sociedad para solicitar adecuación a Contrato Administrativo Minero Privado conforme a la presente Ley.

ARTÍCULO 175. (CONTRATOS CON TERCEROS).- Cuando en los casos previstos en los Artículos precedentes, el o los titulares originales hubieren constituido empresa comercial con giro minero, y hubieren suscrito anteriormente contratos de riesgo compartido o arrendamiento con terceros, se suscribirán escrituras complementarias aclaratorias de los respectivos derechos.

ARTÍCULO 176. (SOLICITUD Y REQUISITOS).- Los titulares privados de Autorizaciones Transitorias Especiales para iniciar el proceso de adecuación, presentarán solicitud a la AJAM acompañando la siguiente documentación:

  1. a)Formulario oficial de solicitud de adecuación.
  2. b)Documentación legal que evidencie su inscripción en el Registro de Comercio.
  3. c)Documentación legal de las Autorizaciones Transitorias Especiales a nombre del titular que incluya originales o copias legalizadas de los testimonios o títulos ejecutoriales de las concesiones junto a los planos catastrales o planos definitivos según corresponda.

d) Certificado de Inscripción en el Servicio de Impuestos Nacionales.

e) Constancia de pago de patentes mineras o derechos de vigencia que demuestre la vigencia de sus derechos a tiempo de la solicitud.

f) Licencia ambiental o documento que evidencie el cumplimiento de las normas medio ambientales respecto de actividades u operaciones que estuvieran en curso, según corresponda.

g) Documentación que acredite al representante legal de la empresa.

h) Los contratos de riesgo compartido y contratos de arrendamiento que hubieran suscrito; o en el primer caso contrato de asociación sustitutivo si así se hubiera acordado y en el segundo caso adicionalmente el contrato de asociación sustitutivo.

i) Memoria descriptiva sobre la situación o actividades y operaciones que tuviere en cada una de sus ATEs, junto con un plan de desarrollo, cronograma e inversiones futuras de acuerdo a las características de cada operación minera, conforme al Artículo 21 de la presente Ley.

ARTÍCULO 177. (ADECUACIÓN A CONTRATOS DE LA MINERÍA CHICA).- I. Los mineros chicos que sean titulares de un área minera y cuya producción durante el año anterior a la fecha de su solicitud de adecuación hubiera sido inferior a 40 toneladas métricas brutas (TMB) anuales de estaño o wólfram, o 200 TMB de otros minerales metálicos, podrán adecuarse al régimen de contrato minero cumpliendo con los incisos a), c), e), f), g), h) e i) del Artículo anterior y optar por el régimen de adecuación establecido en el presente Artículo.

II. El régimen de adecuación simplificado (1) exceptúa al titular de la obligación de su inscripción en el Registro de Comercio y (2) le exceptúa de la obligación prevista en la presente Ley de ofrecer su producción a las fundiciones.

III. Para adecuarse al régimen simplificado de Contrato Administrativo Minero el solicitante presentará junto con su solicitud una certificación de SENARECOM sobre la producción comercializada del año anterior que demuestre el tonelaje que le da derecho a la adecuación.

IV. Verificada la solicitud favorablemente, se suscribirá el Contrato Administrativo Minero Privado con reconocimiento de incorporación al régimen simplificado.

V. Cuando en cualquier periodo anual posterior a su adecuación simplificada el tonelaje de producción superara el tonelaje previsto en el parágrafo I, el titular tendrá la obligación de solicitar la modificación del Contrato Administrativo Minero para su incorporación al régimen general de Contratos Administrativos Mineros, previo cumplimiento de los requisitos de conversión en empresa o sociedad comercial con inscripción en el Registro de Comercio bajo cualesquiera de las modalidades reconocidas en la presente Ley.

VI. La solicitud de modificación se presentará dentro de los ciento veinte (120) días de vencido el año respectivo, acompañándose los documentos que correspondan.

VII. El incumplimiento injustificado de lo previsto en el numeral VI dará lugar a la resolución del Contrato Administrativo Minero.

VIII. Los titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales que no hubieren tenido producción, se adecuarán al régimen general de Contratos Administrativos Mineros, evidenciando el pago de las patentes mineras o derecho de vigencia y cumpliendo los demás requisitos establecidos en la presente Ley.

CAPITULO III

ADECUACIÓN   A CONTRATO ADMINISTRATIVO COOPERATIVO MINERO

ARTÍCULO 178. (PROCEDIMIENTO).- I. La adecuación a Contratos Administrativos Mineros Cooperativos se sujetará al procedimiento siguiente.

II. Cada cooperativa minera, en el plazo previsto en el Artículo 163 presentará solicitud a la AJAM acompañando la siguiente documentación:

  1. a)Personalidad jurídica y registro legal.
  2. b)Lista de socios.
  3. c) Copia de la Escritura Pública del contrato de arrendamiento suscrito con COMIBOL, la cual para ser reconocida no requiere de inscripción en los Registros de Derechos Reales y
    1. d)Documentación que acredite al representante legal de la cooperativa minera.

III. Para dar curso a la solicitud de adecuación, la AJAM verificará que el pago de las patentes mineras o derechos de vigencia de las Autorizaciones Transitorias Especiales de COMIBOL, en los casos que corresponda, se encuentren al día.

CAPITULO IV

CONTINUIDAD Y ADECUACIÓN DE ATEs DE LAS EMPRESAS ESTATALES MINERAS Y NO MINERAS

ARTÍCULO 179. (DECLARATORIA DE USO EXCLUSIVO POR COMIBOL).- I. Se declara de uso exclusivo por la Corporación Minera de Bolivia a las veintiséis Aéreas Mineras identificadas en el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 1369 del 3 de octubre de 2012, derecho que será ejercido con sujeción al presente Artículo.

II. Dentro del plazo máximo de cinco años de la fecha de vigencia de la presente Ley, la COMIBOL presentará a la AJAM solicitudes de Contratos Administrativos Mineros Estatales, respecto de las áreas previstas en el presente Artículo, de acuerdo con las normas de la presente Ley. Las solicitudes podrán prever Contratos de Asociación Minera Estatal. Alternativamente la COMIBOL podrá suscribir Contratos de Asociación Estatal con posterioridad a que entre en vigencia el Contrato Administrativo Minero Estatal.

III. Las Áreas Mineras respecto de la cuales no hubiere solicitado Contrato Administrativo Minero Estatal en el plazo máximo previsto en el parágrafo II, pasarán automáticamente a constituir Áreas de Libre Disponibilidad, para adjudicación de acuerdo con el Libro Segundo.

IV. De acuerdo con el Artículo 24 de la presente Ley, la COMIBOL podrá renunciar a las cuadrículas que no considere de su interés.

ARTICULO 180. (OTRAS ADECUACIONES).- I. En relación a las Autorizaciones Transitorias Especiales revertidas a dominio originario del estado, cuya administración y desarrollo minero se hallan a cargo de la COMIBOL, la COMIBOL, solicitará su adecuación a Contrato Administrativo Minero de acuerdo a la presente Ley.

  1. II.II. Las solicitudes en trámite de Contratos Administrativos Mineros a tiempo de la vigencia de la presente Ley de acuerdo con el Artículo Único de la Ley Nº 368 del 1 de mayo de 2013 y su Decreto Supremo Reglamentario,continuarán y concluirán con sujeción a la presente Ley.

III. Los Contratos Administrativos Mineros suscritos de acuerdo con la Ley Nº 368 y el Decreto Supremo Reglamentario se adecuarán a la presente Ley en el plazo que disponga la AJAM conforme al Artículo 163.

ARTÍCULO    181.- (ADECUACIÓN DE ATEs DE COMIBOL Y DE LA EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN).- I. Las ATEs de COMIBOL obtenidas a cualquier otro título o bajo su administración conforme al Artículo 38 de la presente Ley y las ATEs de la Empresa Siderúrgica del Mutún, deberán adecuarse a Contratos Administrativos Mineros Estatales con la AJAM según lo previsto en la presente Ley, respetándose los contratos que hubiere suscrito con actores productivos mineros privados y sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones contractuales con la AJAM.

II. Para la adecuación y en el plazo de ley la COMIBOL y la Empresa Siderúrgica del Mutún presentarán la documentación legal que evidencie sus derechos, junto con los contratos vigentes o reformulados que tuviere suscritos con los actores productivos mineros privados.

III. La COMIBOL y la ESM presentarán sus Planes de Trabajo e Inversiones junto a sus solicitudes de adecuación a Contrato Administrativo Minero Estatal.

ARTÍCULO 182. (OTRAS EMPRESAS O ENTIDADES ESTATALES).- I. Las corporaciones, empresas o entidades estatales de carácter no minero, que incluyen a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA) y la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), que tuvieren ATEs, deben constituir una empresa minera subsidiaria estatal únicamente para ejercer el derecho de solicitar la adecuación de esas ATEs al régimen de Contratos Administrativos Mineros Estatales ante la AJAM, respetándose los contratos que hubiere suscrito con actores productivos mineros no estatales, con sujeción a lo previsto en el parágrafo II del Artículo 140 y sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones contractuales con la AJAM.

II. Los contratos que tuvieren suscritos para su explotación y desarrollo con actores productivos mineros no estatales mantendrán su vigencia de acuerdo con sus términos. Durante su vigencia las partes podrán renegociar sus términos y condiciones de común acuerdo para la suscripción de Contratos de Asociación Estatal de acuerdo con la presente Ley, los cuales, reflejaran los términos económicos originalmente pactados, salvo acuerdo entre partes.

III. A tiempo de solicitar la adecuación las empresas mineras estatales subsidiarias presentarán a la AJAM los contratos suscritos con dichos actores no estatales vigentes o reformulados para su reconocimiento e inscripción en el Registro Minero.

IV. Las subsidiarias requeridas por el presente Artículo presentarán sus Planes de Trabajo e Inversiones junto a la solicitud de adecuación a Contrato Administrativo Minero Estatal.

V. En relación a la ATEs Pahua, Inca Misa, Puqui y Chivo cuya titularidad se ejerce por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí (ex Prefectura) y la ATE Ichoa I cuya titularidad la ejerce el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, de manera excepcional cada Gobernación tramitará su adecuación a Contrato Administrativo Minero Estatal, cumpliendo los requisitos previstos en la presente Ley, sin que con ello se constituyan en actores productivos mineros ni empresas mineras departamentales.

ARTÍCULO 183. (ADECUACIÓN DE LICENCIAS DE OPERACIÓN).- I. Quienes a la fecha de promulgación de la presente Ley estuvieran realizando actividades aisladas de concentración, beneficio, fundición o refinación de minerales y metales, deberán adecuarse a la normativa de la presente Ley a cuyo objeto solicitaran Licencia de Operación.

II. La solicitud de adecuación será presentada en el plazo de noventa días calendario de la publicación del acto administrativo de la entidad autárquica que establezca la fecha de inicio del procedimiento de solicitud de adecuación.

III. La solicitud cumplirá con los requisitos señalados en el Artículo 152 y estará acompañada además de los siguientes documentos:

  1. a)Licencia Ambiental.
  2. b)Registro en SENARECOM.
  3. c)Memoria descriptiva de sus actividades
  4. d)Estados financieros presentados a la autoridad tributaria por las dos últimas gestiones fiscales.

ARTÍCULO 184. (ADECUACIÓN DE LICENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN).- I. Quienes a la fecha de promulgación de la presente Ley estuvieran realizando actividades aisladas de comercialización, deberán adecuarse a la presente normativa a cuyo objeto solicitarán Licencia de Comercialización.

II. La solicitud de adecuación será presentada en el plazo de noventa días calendario de la publicación del acto administrativo de la AJAM que establezca la fecha de inicio del procedimiento de solicitud de adecuación para Licencias.

III. La solicitud de adecuación cumplirá con los requisitos señalados en el Artículo 156 y estará acompañada además de los siguientes documentos:

  1. a)Declaración de Impacto Ambiental o Licencia Ambiental, conforme a las normas ambientales.
  2. b)Registro en SENARECOM.
  3. c)Memoria descriptiva de sus actividades

TÍTULO VI

CONSULTA PREVIA Y MEDIO AMBIENTE

 

CAPÍTULO I

DE LA CONSULTA PREVIA EN MATERIA MINERA

ARTÍCULO 185. (DERECHO Y FUNCIÓN DEL ESTADO).- I. De acuerdo con el numeral 15 del Artículo 30, Artículos 343, 352 y 403 de la Constitución Política del Estado, se garantiza el derecho de consulta previa, libre e informada realizada por el Estado, a las comunidades de los pueblos indígena originario campesinos y población que pudieran ser directamente afectados por la ejecución de un proyecto de explotación minera o uso y aprovechamiento y cuyas actividades se realice habitualmente en el área de influencia del proyecto o actividad minera.

II. A los fines de la presente Ley, se entiende como consulta previa al proceso de diálogo intercultural, concertado, de buena fe, libre e informado que contempla el desarrollo de etapas sucesivas de un procedimiento, entre el Estado y el sujeto de la consulta; respetando su cultura, idioma, instituciones, normas y procedimientos propios, con la finalidad de alcanzar acuerdos para la ejecución del proyecto en consulta, y coadyuvar así al vivir bien del pueblo boliviano, en el marco de un desarrollo sustentable de las actividades mineras.

III. Con sujeción a los Arts. 311, 316 Num. 3, 348 Parg. II) y 349 Parg. I) de la Constitución Política del Estado, la administración, dirección y control de los recursos mineralógicos en función del interés colectivo, y de la actividad minera por su carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país corresponden al Estado.

De no producirse un acuerdo final, la última instancia de decisión es el Ministerio de Minería y Metalurgia en representación del Estado.

Los acuerdos logrados tendrán carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio entre las partes.

IV. La consulta previa se aplicará a la ejecución de nuevas operaciones de explotación minera que se realicen a partir de la promulgación de la presente ley. Las consultas en curso de realización respecto de actividades o proyectos de explotación minera que no hubieren concluido a la fecha de vigencia de la presente Ley concluirán de acuerdo a la presente ley según el estado en que se encontraren.

V. El procedimiento de la Consulta Previa se rige por lo dispuesto en el Libro Segundo.

VI. En ningún caso se efectuará pagos en dinero a los sujetos de la consulta previa libre e informada ni a sus autoridades y/o dirigentes.

Las compensaciones e indemnizaciones por impactos negativos de la actividad minera de explotación, que legalmente correspondan, deberán destinarse únicamente al desarrollo productivo o social de las comunidades o poblaciones afectadas.

ARTÍCULO 186. (PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN).- Las operaciones mineras que comprendan sólo prospección y exploración no requieren de consulta previa.

ARTÍCULO 187. (OBJETO DEL PROCESO DE LA CONSULTA PREVIA E INFORMADA).- La Consulta previa e informada tiene por objeto la concertación entre el Estado, el actor minero productivo y las comunidades de los pueblos indígena originario campesinos que podrían ser afectados con las operaciones minero metalúrgicas.

ARTÍCULO 188. (OPORTUNIDAD Y PROCEDIMIENTO).- I. Con carácter previo a la ejecución de una determinada actividad o proyecto de explotación de recursos minerales, bajo cualquiera de las formas de previstas en la presente Ley, la AJAM actuando a nombre del Estado convocará obligatoriamente a consulta previa libre e informada.

II. La consulta previa se aplicará a la ejecución de nuevas actividades o proyectos de explotación minera que se realicen a partir de la promulgación de la presente Ley.

III.El proceso de consulta deberá ser efectuado de manera paralela con el proceso de obtención de la licencia ambiental respectiva y con carácter previo a la emisión de la misma de acuerdo al procedimiento establecido en el Libro Segundo de la presente Ley.

CAPITULO II

MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 189. (MARCO NORMATIVO).- Las actividades mineras en relación al medio ambiente se realizarán de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la presente Ley, la Ley de Medio Ambiente, sus Reglamentos, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras y otras normas legales vigentes.

ARTÍCULO 190. (COMPETENCIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA AMBIENTAL).- I. El Ministerio de Minería y Metalurgia como organismo sectorial competente del sector minero, otorgará la Licencia Ambiental teniendo en cuenta el alcance previsto en el Artículo 193 de la presente Ley.

II. El Gobierno Autónomo Departamental otorgará la Licencia Ambiental para las actividades mineras con impactos conocidos poco significativos (AMIAC).

ARTÍCULO 191. (RESPONSABILIDAD).- I. Son responsables del cumplimiento de las normas ambientales, los titulares de áreas mineras bajo cualquiera de las modalidades previstas en la presente ley, cuando realicen actividades mineras, a su propio nombre, o los operadores mineros cuando en virtud de un contrato realicen actividades mineras, así como los titulares de Licencias de Operación. El responsable estará obligado a prevenir, controlar, reducir y mitigar los impactos ambientales negativos de acuerdo a normas ambientales aplicables.

II. Los titulares de derechos mineros bajo cualquiera de las modalidades previstas en la presente ley, así como los titulares de licencias de operación, no son responsables por los daños ambientales producidos con anterioridad a la otorgación de sus derechos. Estos daños se determinaran a través de una Auditoría Ambiental de Línea Base (ALBA). Los resultados de la ALBA serán parte integrante de la Licencia Ambiental.

III. Los titulares de derechos mineros bajo cualquiera de las modalidades previstas en la presente Ley, así como los titulares de Licencias de Operación, que realicen actividades mineras en un mismo ecosistema o micro cuenca, podrán ejecutar un ALBA común.

IV. De no realizarse dicha auditoría de línea base, los titulares de derechos mineros bajo cualquiera de las modalidades previstas en la presente Ley, así como los titulares de Licencias de Operación, serán responsables de mitigar todos los daños ambientales originados en su área minera.

V. Las acciones administrativas por las infracciones señaladas en el Artículo 17 del Decreto Supremo Nº 28592 de 17 de enero de 2006, prescriben en el plazo de tres años.

VI. De acuerdo con el Artículo 347 de la Constitución Política del Estado, los delitos ambientales no prescriben.

ARTÍCULO 192. (PASIVO AMBIENTAL).- Para efectos de la presente Ley, se entiende por pasivo ambiental, las instalaciones, flujos, efluentes, emisiones, descargas o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas o inactivas que signifiquen un riesgo para la salud y el ecosistema circundante.

ARTÍCULO 193. (LICENCIA AMBIENTAL).- I. Las obras, proyectos o actividades mineras que por sus características requieran del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) mediante Ficha Ambiental, Manifiesto Ambiental (MA) o Plan de Adecuación y seguimiento ambiental, una vez revisados y aprobados obtendrán la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA),Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA), o Certificado de Dispensación (CD) otorgada por el Ministerio de Minería y Metalurgia, debiendo remitir una copia del documento ambiental al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y a las Entidades Territoriales Autónomas competentes a los fines de ley.

II. Las actividades mineras con impactos conocidos poco significativos (AMIAC), tramitarán su Licencia Ambiental ante la Gobernación respectiva, debiendo la misma, remitir una copia al Ministerio de Minería y Metalurgia y al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas con fines de registro y seguimiento al desempeño ambiental de la actividad, obra o proyecto (AOP).

ARTÍCULO 194. (ÁREAS PROTEGIDAS).- Los actores productivos mineros no podrán realizar actividades mineras en Áreas Protegidas a partir de la vigencia de la presente Ley, respetándose derechos adquiridos o pre-constituidos.  

ARTÍCULO 195. (CIERRE DE OPERACIONES).- Los titulares de derechos mineros bajo cualquiera de las modalidades previstas en la presente ley, los operadores en contratos mineros, así como los titulares de Licencias de Operación que se encuentren en fase de producción, establecerán una previsión contable para cubrir el costo del cierre de sus operaciones.

ARTÍCULO 196. (CONTROL Y FISCALIZACIÓN).- El Ministerio de Minería y Metalurgia, en forma concurrente con la Autoridad Ambiental Competente y las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus competencias ejercerá el control, seguimiento, fiscalización del desempeño ambiental y velará por el cumplimiento de los planes de protección y mitigación, del cierre, rehabilitación y post-cierre de actividades mineras, establecidos en las licencias ambientales.

TITULO VII

RÉGIMEN REGALITARIO E IMPOSITIVO MINERO

                      

CAPÍTULO I

REGALÍA MINERA

ARTÍCULO 197. (REGALÍA MINERA).- La Regalía Minera (RM) por el aprovechamiento de los recursos minerales y metales son un derecho y una compensación por su explotación y se regulan por la Constitución Política del Estado y la presente Ley.

ARTÍCULO 198. (ALCANCE).- I. En sujeción a lo dispuesto en la presente Ley, la RM se aplica obligatoriamente a las actividades mineras descritas a continuación:

  1. a)Explotación, concentración y/o comercialización, a tiempo de la venta interna o exportación de minerales y/o metales.
  2. b)Fundición, refinación e industrialización, sólo cuando formen parte del proceso productivo que incluya actividad de explotación minera propia.
  3. c)Prospección y exploración minera, sólo cuando se comercialicen los productos obtenidos en esta actividad.

II. Con la finalidad de promover la fundición, refinación e industrialización en el caso previsto en el inciso b) anterior, se aplicará el 60% de las alícuotas determinadas en el Artículo 201 de la presente Ley, a las empresas mineras estatales y a las nuevas actividades mineras que, bajo Contrato Administrativo Minero de Uso y Aprovechamiento incluyan fundición, refinación y/o industrialización.

III. La RM no alcanza a las actividades de manufacturas y productos industrializados a base de minerales y metales, cuando no se encuentren integradas al proceso productivo minero. En este caso sólo se constituyen en agentes de retención conforme a Reglamento.

ARTÍCULO 199. (SUJETOS PASIVOS).- I. Son sujetos pasivos alcanzados con la RM todas las personas individuales y colectivas de acuerdo con el alcance del Artículo 198.

II. La importación temporal de minerales para su concentración, fundición o refinación o de metales para maquila o industrialización no está alcanzada por la RM debiendo acreditarse este hecho mediante el correspondiente certificado de origen.

ARTÍCULO 200. (BASE DE CÁLCULO).- I. La base de cálculo de la Regalía Minera es el valor bruto de venta, que resulta de multiplicar el peso del contenido fino del mineral o metal por su cotización oficial.

II. Para concentrados y minerales metálicos, el peso del contenido fino resulta de multiplicar el peso neto seco por la ley del mineral.

III. Para productos metálicos fundidos el peso del contenido fino resulta de multiplicar el peso neto por la ley del metal.

IV. El peso neto seco es el peso del mineral menos el peso del envase, la humedad y las mermas.

V. En el caso de las exportaciones se entiende por valor bruto de venta, el valor de venta expuesto en la Declaración Única de Exportación (DUE).

VI. El Ministerio de Minería y Metalurgiadeterminará la cotización oficial aplicando el promedio aritmético quincenal en base a la menor de las cotizaciones diarias por transacciones al contado registradas en la Bolsa de Metales de Londres, o en su defecto en otras bolsas internacionales de metales, o en publicaciones especializadas de reconocido prestigio internacional.

VII. En el caso de minerales o metales que no se cotizan en bolsas de metales o no se dispone de precios referenciales en publicaciones especializadas, el valor bruto de venta es el valor consignado en la factura comercial de exportación, Declaración Única de Exportación (DUE), o documento equivalente.

ARTÍCULO 201. (ALÍCUOTAS).- I. La alícuota de la Regalía Minera se determina de acuerdo con las siguientes escalas:

Oro en estado natural, preconcentrado, desperdicios y desechos, concentrado, precipitado, amalgamas, granallas, bullón o barra fundida y lingote refinado:

Cotización oficial del oro por Onza Troy

Alícuota (%)

Mayor a 700

7

Desde 400 hasta 700

0.01 (CO)

Menor a 400

4

Oro que provenga de minerales sulfurosos refractarios que requieran alta tecnología para su producción:

Cotización oficial del oro por Onza Troy

Alícuota (%)

Mayor a 700

5

Desde 400 hasta 700

0.00667 (CO) + 0,33333

Menor a 400

3

Oro que provenga de yacimientos marginales con escasa producción.

Cotización oficial del oro por Onza Troy

Alícuota (%)

Mayor a 700

2.5

Desde 400 hasta 700

0.005 (CO) - 1

Menor a 400

1

                                                                                 

Para la Plata en preconcentrados, concentrados, complejos, precipitados, bullón o barra fundida y lingote refinado:

            Cotización oficial de la plata por Onza Troy

Alícuota (%)

Mayor a 8.00

6

Desde 4.00 hasta 8.00

0.75 (CO)

Menor a 4

3

Para el Zinc en concentrado o metálico:

Cotización oficial del zinc por Libra Fina (Dólares Americanos)

Alícuota (%)

Mayor a 0.94

5

Desde 0.475 hasta 0.94

8.60215 (CO) – 3.08602

Menor a 0.475

1


Para el Plomo en concentrado o metálico:

Cotización Oficial del plomo por Libra Fina (Dólar Americano)

Alìcuota (%)

Mayor a 0.60

5

Primer tramo: Desde 0.30 hasta 0.60

13.33333 (CO) - 3

Menor a 0:30

1

Para el Estaño en concentrado o metálico

Cotización Oficial del estaño por Libra fina (Dólares Americanos)

Alícuota (%)

Mayor a 5.00

5

Desde 2.50 hasta 5

1.60 (CO) - 3

Menor a 2.50

1

Para el Antimonio en concentrados, trióxido o metálico.

Cotización Oficial del Antimonio por TMF. (Dólares Americanos)

Alícuota (%)

Mayor a 3.800

5

Desde 1.500 hasta 3.800

0.0017391(CO)-1.60870

Menor a 1.500

1


Para el Wólfram en concentrado o metálico:

Cotización oficial de wólfram por TMF.

(Dólares Americanos)

Alícuota (%)

Mayor a 24.000

5

Desde 8000 hasta 24000

0.00025(CO) - 1

Menor8000

1

Para el Cobre en concentrados o metálico:

Cotización oficial del cobre por Libra Fina (Dólares Americanos)

Alícuota (%)

Mayor a 2.00

5

Desde 0.70 hasta 2.00

3.0769(CO)-1.1538

Menor 0.70

1


Para el Bismuto en concentrado o metálico

Cotización oficial de bismuto por Libra Fina (Dólares Americanos)

Alícuota (%)

Mayor 10.00

5

Desde 3.50 hasta 10.00

0.61538(CO)-1.15385

Menor a 3.50

1

Para minerales de Hierro:

Grado de Transformación

Alícuota (%)

Concentrados y Lumps

4

Pellets

3

Hierro esponja y arrabio

2

Para Tantalio, Baritina y Caliza en cualquier estado

Metal

Alícuota (%)

Tantalita

3.5

Baritina

3.5

Caliza

3.5

Piedras preciosas y semipreciosas:

Tipo de piedra

Alícuota(%)

Piedras semipreciosas

4

Piedras preciosas y metales

5

Para el Indio y Renio en cualquier estado:

Metal

Alícuota (%)

Indio

5

Renio

5

En el caso del Indio y Renio, la RM se aplicará cuando estos elementos tengan valor comercial, lo cual será determinado por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM), en la forma y condiciones a ser establecidas mediante Reglamento.

Para recursos evaporíticos:

Grado de Transformación

Alícuota (%)

Carbonato de Litio

3

Cloruro de Potasio

3

Otros sub productos y derivados

3

Cloruro de sodio

2.5

Boro:

Grado de Transformación

Alícuota (%)

Ulexita sin procesar

5

Ulexita calcinada

3

            
La alícuota referida a minerales de Boro con leyes intermedias se sujetará a la siguiente escala.

Ley del oxido de boro (%)

Alícuota del RM para exportaciones

Alícuota del RM para el mercado interno

Hasta 22

5

3

Mayor a 22 hasta 28

Menor a 5 hasta 4,50

Menor a 3 hasta 2,70

Mayor a 28 hasta 35

Menor a 4,50 hasta 4

Menor a 2,70 hasta 2,40

Mayor a 35 hasta 45

Menor a 4 hasta 3,50

Menor a 2,40 hasta 2,10

Mayor a 45 hasta 52

Menor a 3,50 hasta 3

Menor a 2,10 hasta 1,80

Mayor a 52

3

1,80

II. Para el resto de minerales y metales no consignados en las anteriores escalas, se establece una alícuota de RM del 2,5%.

III. En caso de ser necesario determinar una escala específica de alícuotas para un mineral o metal no consignado en las anteriores escalas, el Ministerio de Minería y Metalurgia aprobará la nueva escala.

IV. En las ventas de minerales y metales en el mercado interno, se aplicará el 60% (sesenta por ciento) de las alícuotas establecidas precedentemente.

ARTÍCULO 202. (LIQUIDACIÓN, RETENCIÓN Y PAGO).- I. Para la liquidación de la RM, en cada operación de venta o exportación, se aplicará sobre la base de cálculo establecida y la alícuota determinada por el Artículo 201 de la presente Ley y el Reglamento en materia de Regalía Minera, el cual determinará los procedimientos de liquidación, retención y pago.

ARTICULO 203. (DISTRIBUCIÓN).- De acuerdo con el Articulo 300 Parágrafo I Numeral 36 de la Constitución Política del Estado, los Gobiernos Autónomos Departamentales percibirán y administrarán las RM como recursos departamentales.

El presupuesto departamental garantizará los derechos de participación prioritaria de las naciones y pueblos indígenas originario campesino de las regiones mineras en las que se exploten los recursos minerales.

Delegará competencias de percepción por los Gobiernos Autónomos Municipales en cuya jurisdicción se realicen actividades mineras.

II. El Presupuesto Departamental establecerá un porcentaje del 80% para asignación a las necesidades de las naciones y pueblos originarios campesino conforme al parágrafo anterior y para las necesidades, programas y proyectos del Gobierno Autónomo Departamental y un 15% para los Gobiernos Autónomos Municipales descritos en el parágrafo anterior.

  1. III.El 5% se destinará al TGN.

 

CAPÍTULO II

RÉGIMEN IMPOSITIVO MINERO

ARTÍCULO 204. (GENERALIDAD).- Las personas individuales y colectivas, conforme a su naturaleza,que realicen actividades mineras en el territorio nacional están sujetas en todos sus alcances al régimen impositivo vigente, salvo lo establecido expresamente en la presente Ley.

ARTÍCULO 205. (ACREDITACIÓN).- I. Se establece la acreditación de la RM efectivamente pagada contra el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) sólo cuando la cotización oficial de cada metal o mineral al momento de liquidar la RM sea inferior a   las cotizaciones señaladas a continuación:

 

Mineral o Metal

Cotización

Oro

1,240 $US/onza troy

Plata

23,00 $US/onza troy

Zinc

0,80 $US/libra fina

Plomo

0,90 $US/libra fina

Estaño

8,40 $US/libra fina

Antimonio

9200 $US/tonelada métrica

Wolfram

18000 $US/tonelada métrica

Cobre

3,00 $US/libra fina

Bismuto

8,20 $US/libra fina

Hierro (slabs o planchones)

340 $U$/tonelada métrica

II. El Órgano Ejecutivo determinará, mediante norma expresa la cotización para la acreditación de otros metales o minerales no comprendidos en la tabla establecida en el presente Artículo.

III. En el caso de minerales de hierro, para efectos de la aplicación de la tabla de acreditación se tomará como única referencia el precio del slab o planchón, independientemente de las cotizaciones de los otros productos primarios o transformados de hierro.

IV. En los casos en que las cotizaciones sean superiores a las señaladas precedentemente, la RM no será acreditable contra el IUE, debiendo pagarse ambos de forma independiente. El monto de la RM efectivamente pagado será considerado como gasto deducible en la determinación de la base imponible del IUE.

ARTÍCULO 206. (ALÍCUOTA ADICIONAL AL IUE).- I. Se establece una Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) de 12,5% (doce coma cinco por ciento), que tiene por objeto gravar las utilidades adicionales de los sujetos pasivos que se dediquen a las actividades descritas en el Artículo 9 de la presente Ley, originadas por condiciones favorables de precios de los minerales y metales.

II. La AA-IUE se aplicará sobre la misma base imponible utilizada para el cálculo y liquidación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE dispuestas en la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente) y el Decreto Supremo Nº 24051 y se pagará de acuerdo con un régimen de anticipos mensuales los cuales serán calculados en base a proyecciones y estimaciones de la utilidad tributaria para la gestión fiscal en curso.

III. La AA-IUE se aplicará cuando las cotizaciones de los minerales y metales sean iguales o mayores a las establecidas en la tabla de acreditación descritas en el Artículo 205 de la presente Ley. En caso de que en una gestión fiscal se realicen ventas con cotizaciones menores a las establecidas en la tabla de acreditación, la AA-IUE no se aplicará sobre la proporción de las utilidades generadas por dichas ventas.

IV. Con el objeto de incentivar la transformación de materia prima quienes produzcan y/o vendan bullón o barra fundida, lingotes refinados o manufacturas y productos industrializados a base de minerales y metales, pagaran el 60% de la AA-IUE establecida en el presente Artículo.

V. La AA-IUE no alcanza a las cooperativas mineras legalmente establecidas en el país, por tratarse de unidades productivas de naturaleza e interés social.

VI.Las empresas estatales mineras, por ser importantes generadoras de empleo y excedentes para el desarrollo económico nacional, no están alcanzadas por la AA-IUE.

VII.Las empresas dedicadas a la manufactura o elaboración de productos industrializados a base de minerales y metales que integren actividades de explotación minera están alcanzadas por la AA-IUEúnicamente por sus actividades mineras.

VIII. El Ministerio de Minería y Metalurgia determinará, mediante norma expresa, la cotización referencial para la aplicación de la AA-IUE para otros metales o minerales no contemplados en la tabla establecida en el cuadro del Artículo 205.

IX. Conforme a la Disposición Transitoria III. de la Ley N° 356 de fecha 11 de abril de 2013 (Ley General de Cooperativas), créase el “Régimen Tributario Consolidado para las Cooperativas Mineras”, que consolida la liquidación y pago simplificado de los Impuestos al Valor Agregado (IVA) sobre ventas internas de minerales y metales, el Impuesto al Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) sobre los excedentes de percepción, el Impuesto a las Transacciones (IT) sobre las ventas internas de minerales y metales y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por parte de los sujetos pasivos señalados en el Artículo siguiente.

X. Para efectos del parágrafo anterior créase el Impuesto Consolidado Cooperativo Minero, cuya recaudación está destinada al Tesoro General de la Nación (TGN).

XI. Son sujetos del Impuesto Consolidado Cooperativo Minero las Cooperativas Mineras legalmente constituidas conforme a la Ley General de Cooperativas.

XII. Las Cooperativas Mineras, por su naturaleza social y sin fines de lucro, quedan exentas de cumplir con las obligaciones tributarias del Régimen General de Impuestos establecido en la Ley 843 referidas a los siguientes impuestos:

- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) sobre ventas internas de minerales y metales.

- RÉGIMEN COMPLEMENTARIO DEL IVA – AGENTES DE RETENCIÓN (RC IVA) sobre los excedentes de percepción.

-IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT) sobre ventas internas de minerales y metales.

-IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE).

XIII. La base de cálculo del Impuesto Consolidado Cooperativo Minero es el valor bruto de venta, que resulta de multiplicar el peso del contenido finodel mineral o metal por su cotización oficial de acuerdo con el Artículo 200, menos la Regalía Minera retenida o pagada.

La alícuota del Impuesto Consolidado Cooperativo Minero es del Uno por ciento (1.00 %), que se aplicará sobre la base de cálculo establecida en el Artículo 200 menos la RM retenida o pagada.

El Impuesto será liquidado de acuerdo con el Artículo 202 de la presente Ley, en la misma forma y junto con la RM, en cuyo momento será retenido y pagado.

XIV. Se crea el Registro de Identificación Tributaria Cooperativo Minero, con el Número de Identificación Tributario Cooperativo Minero (NITCM), a los fines de control y fiscalización del Impuesto Consolidado Cooperativo Minero.

En el Registro de Identificación Tributario Minero Cooperativo se dará de alta el Impuesto Consolidado y se adecuarán, actualizarán y/o regularizarán los NIT´s de las Cooperativas Mineras inscritas al Régimen General.

XV. Se establece para los actores mineros privados de la minería chica con adecuación simplificada, de acuerdo con el Art. 177 parágrafo I de la presente Ley, una alícuota del uno por ciento (1%) sobre el valor bruto de venta del mineral, en sustitución del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).

ARTÍCULO 207. (GASTOS DE REALIZACIÓN).- Confirmase que los gastos de realización (transporte, seguro, fundición, refinación, mermas y penalidades) pagados a beneficiarios del exterior o descontados por estos, originados en la venta de concentrados o metales producidos en el país, no están alcanzados por el Impuesto sobre las Utilidades – Beneficiarios del Exterior.

ARTÍCULO 208. (REINVERSIÓN DE UTILIDADES).- Confirmase que la reinversión de utilidades en actividades mineras, no está alcanzada por el Impuesto sobre las Utilidades – Beneficiarios del Exterior.

ARTÍCULO 209.- (EXPLORACIÓN MINERA).- Con el objeto de impulsar la actividad de exploración minera, se reconoce una doble deducción de los gastos de exploración minera en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.

ARTÍCULO 210.- (DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS).- Considerando la naturaleza de la actividad minera, de larga maduración e intensiva en el uso de bienes de capital, los actores mineros podrán acogerse a un régimen de depreciación acelerada de los activos fijos aplicando el doble del coeficiente de depreciación establecido en la legislación vigente, a partir de la promulgación de la presente Ley.

Artículo 211. (TASA CERO A LA IMPORTACIÓN DE INSUMOS Y BIENES DE CAPITAL).- I. En atención al Principio de Neutralidad Impositiva, establecido en la Ley Nº 1963, con el objetivo de evitar la distorsión de los precios relativos de los bienes y servicios exportados, las importaciones de insumos y bienes de capital que realicen directamente los actores productivos mineros y que son utilizados para la producción de minerales y/o metales que tienen como destino final su exportación realizada directamente o mediante comercializadoras están alcanzadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen Arancelario (GA), en ambos casos, a tasa cero.

II. Las ventas de minerales y metales en el mercado interno a fundiciones locales cuyo destino final sea la exportación, están gravadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a tasa cero.

 

CAPÍTULO III

DERECHO DE VIGENCIA

ARTÍCULO 212. (DERECHO DE VIGENCIA).- I. Excepto en el caso previsto en el Inciso a) parágrafo V del Artículo 40 de la presente Ley, los titulares de derechos mineros reconocidos u otorgados mediante Autorización de Prospección y Exploración, Autorización de Prospección Aérea, Contratos de Uso y Aprovechamiento por adecuación, y nuevos Contratos de Uso y Aprovechamiento, pagarán en sustitución de la Patente Minera, el derecho de vigencia en montos fijos de acuerdo al detalle siguiente:

  1. a)Prospección y Exploración: 325 Bolivianos anuales por cuadricula.
  2. b)Prospección Aérea: 50.000 Bolivianos por cada autorización.
  3. c)Uso y aprovechamiento:
  • 400 Bolivianos anuales por cuadrícula hasta 30 cuadrículas.
  • 500 Bolivianos anuales por cuadrícula de 31 hasta 40   cuadrículas.
  • 600 Bolivianos anuales por cuadricula a partir de 41 cuadriculas en adelante.

II. El pago del derecho de vigencia de exploración y de uso y aprovechamiento se calculará por cada cuadrícula del Área Minera bajo autorización o contrato.  

III. El derecho de vigencia para autorizaciones de prospección y exploración y contratos de uso y aprovechamiento se pagará por todo el año en curso: (1) El primer pago deberá efectuarse dentro del término 20 días hábiles, a partir de la fecha de haber sido ordenada por la AJAM, y (2) posteriormente, en forma adelantada para los años siguientes hasta el 31 de enero de cada año.

  1. IV.IV. El derecho de vigencia se pagará con un incremento del 100 %, cuando los derechos mineros originales alcancen una antigüedad mayor a cinco años.

V. El SETMIN informará a la AJAM sobre los titulares de derechos mineros, que no hubieren pagado los derechos de vigencia en el plazo establecido en el parágrafo III anterior, a los fines de revocatoria de Autorizaciones de Prospección y Exploración o resolución de Contratos Administrativos Mineros, según corresponda.

VI. Los titulares con derechos mineros anteriores a la vigencia de la presente Ley que hubieren pagado el doble de las patentes mineras por antigüedad mayor a cinco años, cancelaran con el incremento establecido en el parágrafo IV desde la gestión siguiente, con el valor establecido en el Inciso c) del parágrafo I del presente artículo.

VII.El derecho de vigencia por prospección aérea se pagará dentro de los diez días hábiles de otorgada la autorización.

VIII. Los montos recaudados por concepto de derecho de vigencia por prospección y exploración y uso y aprovechamiento se distribuirán de la siguiente manera:

  • 15 % SETMIN
  • 30 % SERGEOMIM
  • 25 % AJAM
  • 30 % Gobiernos Autónomos Municipales en los cuales se encuentre la respectiva Área Minera.

IX. El derecho de vigencia por prospección aérea corresponderá a la AJAM.

X. El derecho de vigencia para los contratos de uso y aprovechamiento por pertenencias que se adecuaren, se aplicará conforme al presente Artículo, aplicándose los mismos criterios por equivalencia de las pertenencias a la extensión por cuadrículas.

ARTÍCULO 213. (DERECHO DE VIGENCIA DE LICENCIAS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN).- I. Los titulares de Licencias de Operación y Comercialización, de acuerdo con los Artículos 151 y 155 de la presente Ley, pagarán a la AJAM como derecho de vigencia un monto anual fijo de Bs. 20.000.-

II. El pago del derecho de vigencia de las licencias se hará efectivo en forma adelantada hasta el 31 de enero de cada año, excepto que las primeras licencias se pagarán en el plazo de diez días hábiles de su otorgamiento.

ARTÍCULO 214. (ACTUALIZACIÓN DEL DERECHO DE VIGENCIA).- Los montos por concepto de derecho de vigencia pagaderos en forma adelantada en todos los casos previstos en el presente capítulo, se actualizarán anualmente de acuerdo a la cotización de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV).

ARTICULO 215. (DE SU RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN).- I. El pago de los derechos de vigencia se efectuará por los actores productivos mineros, a través de las instituciones bancarias contratadas para este fin, en la cuenta fiscal establecida para el efecto, y simultáneamente a su recaudación estos importes se transferirán de forma directa mensual y automática por el Banco Central de Bolivia a las instituciones señaladas en el parágrafo VII del Artículo 212, en las proporciones establecidas.

II.        La recaudación, control y fiscalización de los derechos de vigencia estará a cargo del Servicio Técnico de Minas, que al efecto queda facultado para emitir las normas administrativas pertinentes para su correcta aplicación y distribución.

LIBRO SEGUNDO

ORGANIZACIÓN DE LA AJAM Y

NORMAS ADJETIVAS

 

TÍTULO I

ORGANIZACIÓN DE LA AJAM - ACTIVIDAD JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 216. (ORGANIZACIÓN. NORMAS REGLAMENTARIAS Y DE TRANSICIÓN).- I. La AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA (AJAM) creada conforme a los Artículo 38 de la presente Ley, ejerce sus atribuciones de jurisdicción administrativa minera y de control y fiscalización de la actividad minero metalúrgica por intermedio de su Director Ejecutivo Nacional y Directores Departamentales o Regionales designados conforme a la presente Ley.

II. La AJAM se organizará en base a la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera y Autoridades Regionales establecidas de acuerdo con el Artículo 54 Decreto Supremo No. 071 del 9 de abril de 2009, cuyas autoridades continuarán en ejercicio hasta la designación de las nuevas de acuerdo con el parágrafo I anterior.

III. Una vez designadas las nuevas autoridades, el Director Ejecutivo Nacional presentará al Ministro de Minería y Metalurgia, un plan de reorganización institucional y presupuestaria a los fines de ley, para su aprobación e implementación dentro de los tres (3) meses calendario a partir de la fecha de su designación.

  1. IV.Los procesos administrativos en trámite se resolverán de acuerdo con las normas procesales en vigencia con anterioridad de la presente ley.
  2. V.El derecho de solicitar nuevas Autorizaciones de Prospección y Exploración y la suscripción de nuevos Contratos Administrativos Mineros establecidos en esta Ley respecto de aéreas de libre disponibilidad a la fecha y con posterioridad a la vigencia de esta Ley, así como el otorgamiento de Licencias de Operación y Licencias para la Comercialización de Minerales y Metales, se ejercerá a partir de la fecha que indique la normativa prevista en el parágrafo III anterior.
  3. VI.El otorgamiento de derechos mineros en áreas de libre disponibilidad se rige por el Capítulo VI del Libro Segundo de la presente Ley.

VII. Los procedimientos de adecuación se sujetarán a lo previsto en el Capítulo III del Título II del Libro Segundo de la presente Ley.

VIII. Los procedimientos de la consulta previa previstos en la presente Ley se aplicarán a partir de su vigencia.

ARTICULO 217. (AUTORIDADES DE LA AJAM).- I. La Máxima Autoridad Ejecutiva con rango de Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo Nacional y los Directores Departamentales o Regionales de Minas serán designados por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia mediante Resolución Suprema.

II. Para el cumplimiento de sus funciones la AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA contará con Autoridades Departamentales y/o Regionales cuyas Máximas Autoridades Ejecutivas tendrán el rango de Directores Ejecutivos Departamentales o Regionales.

ARTICULO 218. (REQUISITOS DE DESIGNACIÓN).- Para ejercer el cargo de Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo Nacional, Departamental o Regional, además de los requisitos establecidos en el Artículo 234 de la Constitución Política del Estado se cumplirán los siguientes:

a) Ser abogada o abogado, con título en provisión nacional, y

b) Poseer reconocida idoneidad y experiencia profesional en materia minera por lo menos de 10 años para la Dirección Nacional y 5 años para las Direcciones Departamentales o Regionales.

ARTICULO 219. (ACTIVIDAD JURISDICCIONAL DEPARTAMENTAL O REGIONAL).- Sujeto a lo previsto en el Artículo 224 cada Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo Departamental o Regional ejercerá jurisdicción administrativa y competencia en el respectivo departamento o región del país y en las zonas contiguas de otros departamentos o regiones en los casos previstos en la presente Ley y normativa reglamentaria con las atribuciones señaladas en el Articulo 222.

ARTICULO 220. (PROHIBICIONES).- Además de lo dispuesto en el Artículo 236 (Prohibiciones) y 239 (Incompatibilidades) de la Constitución Política del Estado, no podrán ser nombrados ni ejercer el cargo de Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo Nacional, Departamental o Regional:

a) Quien estuviere entre los impedidos según lo previsto en el Articulo 28;

b) Quien tuviese conflicto de intereses, relación de negocios o participación directa o indirecta en o con cualesquiera de las personas individuales o colectivas que con derecho a adecuación o que fueren actores productivos mineros, respecto de las actividades sujetas a la regulación de la presente Ley.

ARTICULO 221. (PERIODO DE FUNCIONES, JUZGAMIENTO E INCOMPATIBILIDADES).-

a) La Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo Nacional, Departamental o Regional, tendrá un periodo de funciones de cinco años, pudiendo ser designados nuevamente solamente después de transcurrido el periodo inicial de cinco años.

b) Sólo podrán ser suspendidos o destituidos en virtud a proceso sumario administrativo conforme a la Ley Nº 1178, normas reglamentarias aplicables y la presente Ley.

ARTICULO 222. (ATRIBUCIONES).- Conforme al Artículo 39 de la presente Ley, cada Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo Departamental o Regional ejerce las atribuciones siguientes respecto de las Áreas Mineras y de las actividades mineras que se encuentren en el ámbito de su competencia territorial:

a) Recibir y procesar las solicitudes de adecuaciónde las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE's) a Contratos Administrativos Mineros de Uso y Aprovechamiento.

b) Recibir y procesar las solicitudes para Contratos Administrativos Mineros cooperativos de las Áreas Mineras con contratos de arrendamiento con la Corporación Minera de Bolivia que corresponde a las Cooperativas Mineras de acuerdo al parágrafo V del Artículo 40 de la presente Ley.

c) Recibir y procesar las solicitudes de Registro de los derechos de COMIBOL en Áreas y Parajes de la Minería Nacionalizada conforme al Artículo 239 de la presente Ley.

d) Recibir y procesar las solicitudes de adecuación a Contratos Administrativos Mineros respecto de Áreas Mineras o Parajes una vez concluido su respectivo catastro por el Servicio Técnico de Minas en los casos previstos en el Artículo 101 de la presente Ley.

e) Recibir y procesar las solicitudes para (i) Autorizaciones de Prospección y Exploración, y (ii) nuevos Contratos Administrativos Mineros de Uso y Aprovechamiento, en cada caso sobre Áreas Mineras de libre disponibilidad.

f) Recibir y procesar las solicitudes para Autorizaciones de Prospección Aérea.

g) Suscribir a nombre del Estado administrador los Contratos Administrativos Mineros.

h) Recibir y procesar las solicitudes de Licencias de Operación y de Licencias de Comercialización, otorgarlas y, en su caso, suspenderlas o revocarlas de acuerdo con esta Ley.

i) Convocar y llevar adelantela consulta previaestablecidaen el Capítulo I del Título VI del Libro Primero de la presente Ley.

j) Aceptar la renuncia parcial o total de Áreas Mineras presentadas por los actores productivos mineros, para su disponibilidad de acuerdo con el CapítuloVII del Título II del Libro Segundo.

k) Procesar y declarar la nulidad de Derechos Mineros en los casos previstos en el Articulo 26 y 27 la presente Ley y en el Articulo 29 cuando faltare la correspondiente aprobación legislativa.

l) Resolver los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el parágrafo IV del Art. 95 de la presente Ley.

m) Declarar de oficio o a solicitud de parte interesada la nulidad total o parcial de Autorizaciones de Prospección y Exploración y de Contratos Administrativos Mineros respecto de áreas mineras que hubieren resultado sobrepuestas a áreas mineras legalmente reconocidas a favor de terceros, cuando la superposición no hubiere sido identificada a tiempo de su tramitación y otorgamiento.

n) Actuar en los procedimientos y procesos de resolución de los contratos administrativos mineros, en los casos y en la forma prevista en la presente Ley y en los contratos.

o) Procesar las suspensiones y revocatorias de Autorizaciones de Prospección y Exploración y de Autorizaciones de Prospección Aérea conforme a esta Ley.

p) Recibir y procesar las solicitudes para el reconocimiento del derecho preferente para la suscripción de Contratos Administrativos Mineros en los casos previstos en el Libro Primero de la presente Ley.

q) Recibir y procesar las solicitudes de autorización administrativa respecto de derechos de paso y uso en áreas superficiales de acuerdo a lo establecido en el Artículo 84 de la presente Ley.

r) Recibir y procesar las solicitudes de expropiación respecto de derechos de superficie de acuerdo al Artículo 85 de la presente Ley.

s) Recibir y procesar las autorizaciones para la variación de cursos de aguas previstas en el Artículo 87 y para la reducción o ampliación de derechos de uso, paso y superficie, previstas en el Artículo 86.

t) Conocer, otorgar o rechazar amparos administrativos mineros.

u) Conocer y resolver las denuncias de propase.

v) Declarar la extinción de pleno derecho por los efectos abrogatorios de la Sentencia Constitucional Nº 032 de 10 de mayo de 2006, cuando corresponda.

w) Realizar los demás actos jurisdiccionales de primera instanciaque se le atribuye en los casos y la forma establecidos en la presente Ley.

x) Promover y/o interponer acciones legales en contra de quienes realicen explotación ilegal en áreas de libre disponibilidad.

ARTÍCULO 223.- (PÉRDIDA DE COMPETENCIA) Cuando conforme a la presente Ley, la Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo Departamental o Regional de la AJAM deban pronunciarse mediante Resolución que cause estado, dentro de determinado plazo y no lo hiciera, a solicitud de parte interesada presentada ante la la Directora Ejecutiva Nacional o Director Ejecutivo Nacional, la autoridad, previa verificación, perderá competencia del caso y la tramitación respectiva será continuada por la Directora o Director Departamental o Regional que designe la Directora Nacional o Director Nacional en plazo perentorio, sin perjuicio de las responsabilidades de ley por incumplimiento de funciones públicas.

ARTÍCULO 224. (COMPETENCIA EXCLUSIVA).- I. Respecto de Áreas Mineras que se encuentren en la jurisdicción de dos o más Direcciones Departamentales o Regionales, tendrá competencia exclusiva para el reconocimiento de derechos mineros o su otorgamiento, la Dirección Regional que ejerza jurisdicción sobre las Áreas Mineras involucradas con mayor extensión.

II. En el caso del parágrafo anterior, la Autoridad Departamental o Regional remitirá a las otras Autoridades Departamentales o Regionales involucradas, copia de las respectivas Resoluciones Administrativas a los fines de control.

ARTÍCULO 225. (ACTIVIDAD JURISDICCIONAL NACIONAL).- I. La Directora Ejecutiva o el Director Ejecutivo Nacional, es la máxima autoridad jerárquica de la jurisdicción administrativa minera con competencia en todo el territorio nacional,   con las siguientes funciones y atribuciones:

a) Conocer y resolver, de manera fundada, los recursos jerárquicos que se interpongan contra las resoluciones de las Autoridades Departamentales o Regionales que rechacen los recursos de revocatoria.  

b) Conocer y resolver en única instancia las recusaciones que en un caso particular se interpusieran contra las Directoras o Directores Departamentales o Regionales y designar a una Directora o Director en ejercicio como sustituto;

c) Conocer y resolver en única instancia los conflictos de competencia territorialque se suscitaren entre las Direcciones Departamentales o Regionales de Minas.

d) Designar al Director Regional sustituto en el caso previsto en el Artículo 223.

e) Proponer al Órgano Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Minería y Metalurgia el reordenamiento territorial de las direcciones departamentales o regionales o la creación de nuevas, según las necesidades de la industria minera.

ARTÍCULO 226. (EXCUSA Y RECUSACIÓN).- I. En observancia del principio de imparcialidad, las excusas y recusaciones se tramitarán conforme a reglamentación de la Ley Nº 2341 de 23 de julio de 2002.

II. Serán causales de excusa y recusación para la Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo Nacional, Departamental o Regional de la AJAM y AAJRM:

1.- El parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o el derivado de los vínculos de adopción con el accionante o las partes.

2.- Tener relación de compadrazgo, padrino o ahijado, con el accionante o alguna de las partes.

3.- Tener proceso pendiente con el administrado, siempre que éste no hubiere sido provocado para inhabilitarlo injustificadamente, o ser o haber sido denunciante o acusador contra el administrado para su enjuiciamiento penal, o ser denunciado con el objeto de inhabilitación de manera injustificada.

4.- Haber sido abogado, mandatario, testigo, perito o tutor en el procedimiento o proceso que debe conocer.

5.- Haber manifestado opinión anticipada sobre la pretensión demandada antes de asumir conocimiento del caso por cualesquier medio verificable.

6.- Tener amistad, enemistad u odio con el accionante o alguna de las partes, que se manifieste por hechos notorios y recientes con anterioridad de asumir conocimiento del caso. En ningún caso procederá la excusa o recusación por ataques u ofensas inferidas a los Directores (as), después que hubiere comenzado a conocer el asunto, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

7.- Ser acreedor, deudor o garante del accionante o de alguna de las partes.

ARTÍCULO 227. (OBLIGACIÓN DE EXCUSA).- La Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo Nacional, Departamental o Regional, comprendido en cualquiera de las causales de excusa deberá apartarse en su primera actuación de oficio, en cuyo caso la Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo Nacional, Departamental o Regional quedará apartado definitivamente de conocer la causa. Tratándose de la Directora o Director Nacional, la o lo sustituirá quien ejerza la autoridad jerárquica siguiente de la AJAM de acuerdo a sus normas de reorganización.

Todo acto o resolución posterior de la Directora o Director excusado, dentro de la misma causa, será nulo.

ARTÍCULO 228. (RESPONSABILIDAD).- La omisión de excusa será causal de responsabilidad de acuerdo a la Ley N° 1178 y disposiciones reglamentarias.

ARTÍCULO 229.- (SUPLENCIAS).- I. En caso de licencia, vacación, enfermedad, impedimento, o ausencia temporal de una Directora o Director Regional por menos de noventa (90) días calendario, la suplencia será ejercida por la Directora o el Director Departamental o Regional de la sede jurisdiccional más próxima.

II. Si las causas de suplencia establecidas en el parágrafo anterior, se extendieran por un periodo de más de 90 días calendarios, se deberá designar a un Director sustituto.

III. Lo previsto en los parágrafos anteriores se aplicará salvo que la   reorganización de la AJAM establezca normas diferentes.

ARTICULO 230. (JURISDICCIÓN ORDINARIA).- Las controversias entre titulares de derechos mineros sobre mejor derecho a Áreas Mineras que se encuentren en trámite en la jurisdicción ordinaria a tiempo de la vigencia de la presente Ley, continuarán en dicha jurisdicción hasta su conclusión, a los fines previstos en el Artículo 101 de la presente Ley.

ARTÍCULO 231. (ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA NACIONAL).- La Directora Ejecutiva Nacional o el Director Ejecutivo Nacional tiene las funciones y atribuciones siguientes:

  1. 1.Fiscalizar y emitir opinión fundada sobre la eficiencia y eficacia de la gestión de las Direcciones Departamentales o Regionales y del adecuado cumplimiento de sus atribuciones administrativas, a los fines de ley;
  2. 2.Conocer y resolver aquellos asuntos de carácter administrativo que sean consultados o puestos en su conocimiento por las Direcciones Departamentales o Regionales;
  3. 3.Adoptar medidas disciplinarias que sean necesarias para que las Direcciones Departamentales o Regionales cumplan sus funciones de acuerdo con la presente Ley y demás normas legales aplicables
  4. 4.Considerar y aprobar las políticas salariales y de recursos humanos de las Direcciones Regionales y de la Dirección Nacional a los fines presupuestarios de ley;
  5. 5.Considerar y aprobar y, en su caso modificar los proyectos de presupuestos y de las Direcciones Departamentales o Regionales y propios, a los fines presupuestarios de Ley;
  6. 6.Proponer al Órgano Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Minería y Metalurgia normas reglamentarias para la aplicación de la presente Ley;
  7. 7.Coordinar con el SETMIN y SERGEOMIM la distribución anual del pago de los Derechos de Vigencia establecidos en la presente Ley.
  8. 8.Realizar los demás actos administrativos y de organización interna que sean necesarios para el cumplimiento del fin para el cual se establece la AJAM, en el marco de la presente Ley y demás normas legales aplicables.

ARTÍCULO 232. (ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL).- I. Los Directores Departamentales o Regionalesvigilarán el correcto y legal cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales que en el ámbito de la actividad minera corresponden a los actores productivos mineros y a los titulares de Licencias de Operación y Licencias de Comercialización, sin interferir con las atribuciones y competencias propias de control y fiscalización que corresponden a otras entidades del sector minero establecidas en la presente Ley o a otras entidades del Estado de acuerdo a su normativa propia.

II. El control del cumplimiento de las obligaciones medio ambientales y las sanciones por incumplimiento se rigen por las normas medio ambientales generales y las disposiciones especiales de la presente Ley, a cargo de las autoridades medio ambientales competentes.

III. El control del cumplimiento de las obligaciones, tributarias, laborales, de seguridad social y otras que no constituyan actividad minera propiamente, y las sanciones por su incumplimiento, se ejerce por las respectivas autoridades competentes.

  1. V. El control a las actividades de comercialización se ejerce por el SENARECOM, incluyendo el control del pago de las regalías mineras con sujeción al Artículo 67 de la presente Ley.

ARTÍCULO 233. (ACTIVIDAD REGISTRAL).- I.La AJAM administrará el Registro Minero que comprende los siguientes actos sujetos a registro: autorizaciones, adecuaciones, contratos administrativos mineros, licencias y toda decisión administrativa y judicial que hubiere causado estado en materia minera respecto de los procesos de reconocimiento, adecuación, suscripción de contratos, licencias, enmiendas, o extinción de derechos mineros u otros de carácter similar de acuerdo con la presente Ley.

II. Las Autoridades Departamentales o Regionales competentes le proporcionará la información de todos y cada uno de los actos sujetos a registro de acuerdo con la presente Ley.

III. A partir de la vigencia de la presente Ley se suprimela obligación de registrar derechos mineros y otros actos previstos en la presente Ley en los Registros de Derechos Reales y en el Registro de Comercio.

TITULO II

DE LOS ACTOS PROCESALES Y OTRAS NORMAS ADJETIVAS

 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 234.- (RESOLUCIONES Y PRINCIPIO DE PUBLICIDAD). I. Todos los actos administrativos de carácter jurisdiccional de la Dirección Ejecutiva Nacional y de las Direcciones Departamentales o Regionales de la AJAM, salvo los de mero trámite, se expresarán en resoluciones administrativas fundadas y motivadas.

II. Todas las resoluciones sobre otorgamiento o reconocimiento de derechos, autorizaciones, registros, licencias, renuncias, resolución contractual, suspensión o revocatoria de autorizaciones y licencias y demás actos que causen estado y pudieran afectar derechos de terceros, deberán disponer su inscripción en el Registro Minero y su publicación en la Gaceta Nacional Minera.

III. La publicación en la Gaceta Nacional Minera constituirá notificación pública a actores productivos mineros y otros terceros legitimados cuyos derechos pudieren resultar afectados por dichas resoluciones a los fines de defensa legal y oposición conforme a esta Ley. Las resoluciones y decretos de mero trámite serán legalmente notificadas a los solicitantes o peticionarios.

IV. Para fines informativos, la AJAM dispondrá la inmediata publicación de cada edición de la Gaceta Nacional Minera como separata en por lo menos un periódico de circulación nacional o en un medio de prensa de difusión local de la sede de la Autoridad Regional o Departamental cuando en este último caso el ámbito de validez territorial del acto se circunscribe a esta zona, localidad o región.

CAPITULO II

DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 235. (REVOCATORIA; JERÁRQUICO Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).- I. Toda resolución que dicte una Dirección Departamental o Regional en cualquier estado del procedimiento, sea aceptando o denegando, total o parcialmente, la pretensión o solicitud del administrado, podrá ser impugnada interponiendo ante la misma autoridad recurso de revocatoria, en el plazo de 10 días hábiles administrativos.

II. La resolución que resuelva aceptando o denegando total o parcialmente el recurso de revocatoria será emitida en un plazo de 20 días hábiles, la misma que podrá ser impugnada únicamente porel legitimado en recurso jerárquico interpuesto ante la misma Dirección Departamental o Regional la que una vez recibido el recurso, ésta remitirá los actuados a la Dirección Ejecutiva Nacional para su sustanciación y resolución a emitirse en un plazo de 30 días hábiles de su recepción.

La resolución de esta última agotará el procedimiento administrativo, quedando expedita la vía jurisdiccional contenciosa administrativa conforme a ley, la cual sin embargo (i) se tramitará y resolverá en única y final instancia por el Tribunal Departamental de Justicia de la región o departamento que corresponda a la Dirección Departamental o Regional que dictó la Resolución inicial y (ii) no será aplicable en los casos en los que la presente Ley determina la conclusión del procedimiento únicamente en la vía administrativa.

III. A los efectos del parágrafo anterior los Tribunales Departamentales de Justicia resolverán los procesos contenciosos administrativos en sala plena.

IV. La resolución judicial que resuelva el proceso contencioso administrativo será debidamente notificada, debiendo la Dirección Ejecutiva Nacional disponer su inscripción en el Registro Minero y publicación en la Gaceta Nacional Minera.

V. Tratándose de recursos por denegatoria de la autoridad a dar curso a solicitudes de adecuación a contratos administrativos mineros, su interposición en cualesquiera de sus instancias no suspende el ejercicio de los derechos adquiridos, pre-constituidos o reconocidos por la presente Ley que continuarán vigentes mientras no concluyan los procedimientos.

VI. Las resoluciones denegatorias de adecuación no generan obligación de restitución del valor de la explotación minera ni ninguna otra responsabilidad para el solicitante y tendrán efecto únicamente a futuro a partir del momento de su vigencia efectiva.

ARTÍCULO 236. (NORMAS SUPLETORIAS).- I. En los casos previstos en el presente Capitulo y en la presente Ley en lo que corresponda, será de aplicación supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 de fecha 23 de abril 2002 y normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.

II. Las normas sobre silencio administrativo establecidas en la Ley 2341, no se aplicarán a los procedimientos previstos en esta ley.

III. Los plazos previstos en la presente Ley, se computarán de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo.

 

CAPÍTULO III

DE LOS TRÁMITES PARA ADECUACIÓN A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 237.- (SOLICITUD).- I. Dentro del plazo previsto en el Artículo 163 o en los parágrafos III y V del Articulo 101, según corresponda, y cumpliendo los requisitos de ley, los actores productivos mineros con derechos de adecuación a Contratos Administrativos Mineros, incluyendo a los de la minería chica bajo el régimen del Artículo 177,presentarán su solicitud ante la Dirección Departamental o Regional competente, acompañando las evidencias requeridas.

II. Si la Dirección verificara la insuficiencia de la documentación presentada, notificará al solicitante para que en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles administrativos complete su solicitud para la prosecución del trámite. A solicitud fundada del interesado, la Dirección Regional podrá extender dicho plazo por un tiempo prudencial adicional que no excederá de quince (15) días hábiles administrativos.

III. Verificada o completada la documentación, con informe favorable del SETMIN en relación de las respectivas áreas mineras y sin ulterior trámite, la Dirección dictará Resolución aprobatoria en un plazo no mayor a un (1) mes calendario de la solicitud, disponiendo su publicación en la Gaceta Nacional Minera a los fines de posibles oposiciones conforme al Artículo xx del Libro Segundo. Si la resolución fuere denegatoria se abrirán los respectivos derechos de impugnación.

IV. Si transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, ninguna se hubiera interpuesto, la Dirección dispondrá que se firme la Minuta del Contrato Administrativo Minero, la cual se remitirá a una Notaria de Fe Pública de elección del solicitante, debiendo suscribirse la escritura pública matriz por el Director o la Directora y el solicitante dentro de los diez días calendarios siguientesa la recepción por la Notaria. La Minuta de contrato no requiere de verificación tributaria alguna. Presentados por el solicitante los testimonios notariales, la Dirección dispondrá su inscripción en el Registro Minero.

ARTÍCULO 238. (RENUNCIA).- I. La falta de presentación de la solicitud de adecuación en el plazo previsto al efecto, en su caso la falta de subsanación conforme al numeral III del Artículo anterior, o la falta de suscripción de la Minuta del contrato o de la escritura pública, en estos dos últimos casos por causa exclusivamente imputable al solicitante, dará lugar a que se presuma renuncia a los respectivos derechos mineros, los cuales mediante Resolución Administrativa se revertirán y pasarán a la categoría de Áreas Mineras de libre disponibilidad para su adjudicación a terceros.

II. En caso de impugnación a la Resolución, una vez agotadas las instancias administrativa y judicial reconocidas en la presente ley, se entenderá ejecutoriada la Resolución que dispone la reversión y se registrará en el Registro Minero y publicará en la Gaceta Nacional Minera.

III. En caso de que la impugnación resulte justificada, la autoridad dispondrá la continuación del trámite.

IV. Mientras no concluyan los trámites previstos en este Artículo y, en su caso, mientras las instancias de impugnación no queden agotadas, el titular de las ATEs podrá continuar sus actividades mineras reconocidas cumpliendo sus obligaciones, conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

CAPÍTULO IV

OTROS TRÁMITES DE REGISTRO Y REGULARIZACIÓN

ARTÍCULO 239. (REGISTROS DE COMIBOL MINERÍA NACIONALIZADA).- I. Dentro del plazo previsto en el Artículo 163 y cumpliendo los requisitos de ley, la Corporación Minera de Boliviapresentará ante la Dirección Departamental o Regional competente, la solicitud de registro de sus derechos respecto de áreas de la minería nacionalizada que quedan bajo su administración.

II. Si la Dirección verificara la insuficiencia de la documentación presentada, notificará a la COMIBOL para que en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles administrativos complete su solicitud para la prosecución del trámite. A solicitud fundada del interesado, la Dirección Regional podrá extender dicho plazo por un tiempo prudencial adicional que no excederá de quince (15) días hábiles administrativos.

III. Verificada o completada la documentación, con informe de SETMIN sobre la inscripción existente de los derechos mineros en el Catastro Minero y en el Registro Minero, la Dirección dictará Resoluciónaprobatoriade la solicitud en un plazo no mayor a 20 días hábiles de su presentación, disponiendo su publicación en la Gaceta Nacional Minera a los fines de posibles oposiciones conforme al Artículo 273 del Libro Segundo.

IV. Si transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, ninguna se hubiera interpuesto, la Dirección dispondrá la inscripción en el Registro Minero.

V. La falta de presentación de la solicitud de registro en el plazo previsto al efecto o en su caso la falta de subsanación conforme al numeral III anterior, no dará lugar a la presunción de renuncia de derechos, pero mientras el registro no se complete en cualquier momento posterior la COMIBOL no podrá suscribir nuevos contratos de asociación estatal con terceros respecto de las Áreas Mineras o Áreas de Parajes sin registro, sin perjuicio de contratos que ya tuviere suscritos, adecuados o no a contratos de asociación estatal de acuerdo con la presente Ley.

ARTÍCULO 240. (OPERADORES DE ACTIVIDADES AISLADAS).- I. Dentro del plazo previsto en el Artículo 183 y cumpliendo los requisitos de ley, los operadores de las actividades aisladas descritos en el Artículo 151, presentarán a la Dirección Departamental o Regional competente, el otorgamiento de Licencia de Operación para la continuación de sus actividades.

II. Si la Dirección verificara la insuficiencia de la documentación presentadanotificará al solicitante para que en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles administrativos complete su solicitud para la prosecución del trámite. A solicitud fundada del interesado, la Dirección competente podrá extender dicho plazo por un tiempo prudencial adicional que no excederá de quince (15) días hábiles administrativos.

III. Verificada o completada la documentación, la Dirección dictará resoluciónaprobatoriade la solicitud en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles de su presentación, disponiendo el otorgamiento de la Licencia. Si la resolución fuere denegatoria se abrirán los respectivos derechos de impugnación.

IV. La falta de presentación de la solicitud en el plazo previsto al efecto o en su caso la falta de subsanación conforme al numeral III del artículo anterior, dará lugar a que la Dirección disponga mediante Resolución la suspensión temporal de las actividades del operador por un plazo de cuatro (4) meses durante el cual el solicitante podrá presentar nueva solicitud con los requisitos de ley para su tramitación conforme a este Articulo. Si transcurridos los cuatro meses no se presentare nueva solicitud o si se presentare y no se cumpliere con los requisitos del presente Artículo, la Dirección dispondrá mediante Resolución la suspensión definitiva de las operaciones del solicitante.

V. En caso de impugnación a cualquiera de las resoluciones previstas en el numeral IV anterior   una vez agotadas las instancias administrativa y judicial reconocidas en la presente ley sin resultado favorable para el solicitante, se entenderá ejecutoriada la Resolución denegatoria la cual se publicará en la Gaceta Nacional Minera. En caso de resultado favorable al solicitante concluirá el trámite y al Dirección otorgará la correspondiente Licencia.

VI. Hasta la fecha de dictación de la primera de las resoluciones denegatorias antes previstas el Operador podrá continuar con sus actividades, cumpliendo sus obligaciones de acuerdo con la presente Ley. Sin embargo, a partir de su notificación el solicitante quedará impedido de llevar adelante sus operaciones mientras no concluyan los recursos de ley. En casos debidamente justificados por razones de interés público o social o para evitar graves daños al solicitante, la Dirección competente podrá dar curso a las impugnaciones con efecto devolutivo, pudiendo el operador continuar sus actividades, cumpliendo sus obligaciones de ley hasta la resolución final.

ARTÍCULO 241. (LICENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN).- I. Dentro del plazo previsto en el Artículo 184 de la presente Ley y cumpliendo los requisitos de ley, los comercializadores de minerales y metales, presentarán a la Dirección Departamental o Regional de su domicilio legal principal, el otorgamiento de Licencia de Comercialización para la continuación de sus actividades.

II. Si la Dirección verificara la insuficiencia de la documentación presentada, lo notificará al solicitante para que en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles administrativos complete su solicitud para la prosecución del trámite. A solicitud fundada del interesado, la Dirección podrá extender dicho plazo por un tiempo prudencial adicional que no excederá de quince (15) días hábiles administrativos.

III. Verificada o completada la documentación, la Dirección dictará resoluciónaprobatoria de la solicitud en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles de su presentación, disponiendo el otorgamiento de la Licencia.

IV. La falta de presentación de la solicitud en el plazo previsto al efecto o en su caso la falta de subsanación conforme al numeral III anterior, dará lugar a que la Dirección disponga mediante Resolución la suspensión temporal de las actividades del comercializador por un plazo de dos (2) meses durante el cual el solicitante podrá presentar nueva solicitud con los requisitos de ley para su tramitación conforme a este Articulo. Si transcurridos los dos meses no se presentare nueva solicitud o si se presentare y no se cumpliere con los requisitos del presente Artículo, la Dirección dispondrá mediante Resolución la suspensión definitiva de las operaciones del solicitante.

V. En caso de impugnación a cualquiera de las resoluciones previstas en el numeral IV anterior   una vez agotadas las instancias administrativa y judicial reconocidas en la presente ley sin resultado favorable para el solicitante, se entenderá ejecutoriada la Resolución denegatoria la cual se publicará en la Gaceta Nacional Minera. En caso de resultado favorable al solicitante concluirá el trámite y la Dirección otorgará la correspondiente Licencia.

VI. Hasta la fecha de dictación de la primera de las resoluciones denegatorias antes previstas el Operador podrá continuar con sus actividades, cumpliendo sus obligaciones conforme a la presente Ley. A partir de su notificación el solicitante quedará impedido de llevar adelante sus operaciones mientras no concluyan los recursos de ley. En casos debidamente justificados por razones de interés público o social o para evitar graves daños a la actividad de comercialización en general, la Dirección competente podrá dar curso a las impugnaciones con efecto devolutivo, pudiendo el comercializador continuar sus actividades, cumpliendo sus obligaciones de ley hasta la resolución final.

CAPÍTULO V

DEL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE EXPLORACIÓN Y

DE NUEVOS CONTRATOS DE USO Y APROVECHAMIENTO

ARTÍCULO 242. (HABILITACIÓN Y SOLICITUD).- I. Cualquier actor productivo minero debidamente constituido y registrado podrá adjudicarse nuevos derechos mineros en las áreas de libre disponibilidad determinadas conforme al Capítulo VI siguiente, para Exploración o para Uso y Aprovechamiento, según lo solicitara el interesado.

II. El interesado presentará su solicitud a la Dirección Departamental o Regional competente, acreditando los requisitos de ley, excepto por los Planes de Desarrollo e Inversión o Planes de Trabajo, según corresponda.

III. Para acreditar la libre disponibilidad del área minera el solicitante pedirá al SETMIN la expedición de un informe técnico sobre disponibilidad del área que se acompañará a la solicitud. El SETMIN registrará la solicitud a partir de cuya fecha de recepción el Área Minera queda reservada para el solicitante, con validez de 10 días hábiles administrativos.

IV. La hora y fecha de recepción de la solicitud conforme al parágrafo anterior determina el derecho prioritario para la continuidad del trámite que se proseguirá con el actor productivo minero que primero lo hubiere acreditado.

V. El Director competente admitirá la solicitud mediante decreto y dispondrá que el SETMIN confirme la disponibilidad total o parcial del Área o Áreas Mineras solicitadas, en un plazo no mayor a diez días administrativos.

VI. Si presentada la solicitud la Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo Departamental o Regional verificara insuficiencia en las formalidades o documentos presentados,notificará al solicitante para que en un plazo adicional de treinta (30) días hábiles administrativos complete o corrija su solicitud.

VII. De no cumplirse con lo previsto en el numeral V anterior o vencido el plazo sin subsanación, el Director rechazará la solicitud mediante Resolución, la cual podrá ser impugnada sólo en la vía administrativa.

VIII. Mientras no se resuelva la impugnación administrativa no se admitirá solicitudes de terceros que pudieran afectar total o parcialmente el Área o Áreas solicitadas. La resolución final dictada en el procedimiento administrativo será publicada en la Gaceta Nacional Minera a los fines de ley.

IX. Identificada la disponibilidad del Área o Áreas solicitadas, verificado el cumplimiento de los requisitos formales, el Director dictará Resolución de prosecución de trámite y, notificado el interesado, el mismo deberá presentar en un plazo que no exceda de tres meses calendarios para solicitudes de Exploración y seis meses calendarios para solicitudes de Uso y Aprovechamiento, computable desde su notificación, su respectivo Plan de Trabajo y Presupuesto financiero, Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Desarrollo, según corresponda.

X. La Resolución prevista en el parágrafo anterior será publicada en la Gaceta Nacional Minera para fines de posibles oposiciones a tramitarse conforme al presente Libro Segundo.

XI. Dentro del plazo previsto en el parágrafo IX o en el plazo que corresponda en caso de suspensión por oposición, el solicitante tendrá pleno y libre acceso al área minera solicitada con la única finalidad de recabar información que, junto con cualquier otra disponible, le permita formular su correspondiente Plan.

XII. En relación a los planes de trabajo y presupuesto financiero para las actividades de prospección y exploración y a los planes de trabajo e inversión o planes de trabajo y desarrollo que los actores productivos mineros, según corresponda, deben presentar para la autorización de prospección y exploración o para la suscripción de Contrato Administrativo Minero de Uso y Aprovechamiento, el Director competente, requerirá del SERGEOMIM un informe sobre su razonabilidad técnica que deberá ser presentado en el plazo de 20 días hábiles.

XIII. La falta de presentación del Plan se reputará como renuncia a la solicitud. El Director competente mediante Resolución la dará por renunciada y dispondrá la cancelación de la inscripción provisional en el SETMIN.

ARTÍCULO 243. (OPOSICIÓN).- I. Publicada la Resolución de prosecución de tramite prevista en el parágrafo VIII del Articulo anterior, cualquier actor productivo minero que alegare y demostrare mejor derecho de acuerdo al Artículo 271 de la presente Ley, sobre el Área solicitada podrá interponer oposición a la solicitud, a tramitarse conforme al Capítulo XIV siguiente.

II. La prosecución del trámite quedará en suspenso mientras no se resuelva la oposición. Rechazada la oposición, la Dirección dispondrá la continuidad del trámite a los fines del parágrafo VII del Artículo anterior.

III. Los plazos previstos en el Artículo anterior para la presentación de planes quedarán en suspenso desde la notificación de la oposición al solicitante.

IV. Resuelta la oposición de manera denegatoria se reanudará el cómputo del plazo para presentación de planes, a partir de la notificación al solicitante con la resolución final denegatoria ejecutoriada.

ARTICULO 244. (CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE).- Presentados los planes, resueltas en su caso las oposiciones, según corresponda:

  1. a)La Directora Ejecutiva o el Director Ejecutivo competente dictará Resolución de Autorización de Prospección y Exploración, la cual se inscribirá en el Registro Minero y se publicará en la Gaceta Nacional Minera.
  2. b)Tratándose de solicitudes para contratos de uso y aprovechamiento que no requieran aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Director dictará Resolución disponiendo la suscripción del respectivo contrato y su inscripción en el Registro Minero.
  3. c)Tratándose de solicitudes para Contratos Administrativos Mineros de Uso y Aprovechamiento que requieran aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Director dictará Resolución disponiendo la suscripción de la respectiva Minuta de contrato, se procederá a su firma y envío a la Asamblea, conforme y a los fines previstos en el Artículo 111. Suscrito el contrato y concluida su protocolización el Director dispondrá inscripción en el Registro Minero.

CAPITULO VI

DE LAS NUEVAS LICENCIAS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

ARTICULO 245. (LICENCIAS DE OPERACIÓN).- Las solicitudes para nuevas Licencias de Operación se presentarán ante la Directora o Director Departamental o Regional competente de la jurisdicción en la que se localizará la respectiva actividad de concentración, beneficio, fundición y/o refinación, acompañadas de los documentos de ley.

ARTICULO 246. (LICENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN).- I. Las solicitudes para nuevas Licencias de Comercialización se tramitarán ante la Dirección Departamental Regional en la que se establecerá el domicilio legal principal del comercializador, acompañadas de los documentos de ley.

II. En caso de insuficiencia de la documentación el solicitante de las Licencias deberá completarla en el plazo de 10 días hábiles administrativos. En caso contrario la Dirección dictará resolución denegatoria. Las impugnaciones se tramitaran solo en la vía administrativa.

III. Las Licencias se otorgaran mediante resolución de la Dirección competente.

 

CAPÍTULO VII

DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS MINERAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

ARTÍCULO 247. (NORMAS GENERALES).- I. Todas las Áreas Mineras que a la fecha de promulgación de la presente Ley no sean objeto de derechos de continuidad, derechos pre-constituidos o derechos adquiridos, derechos reservados y otros derechos reconocidos en la presente Ley, forman parte de las áreas mineras de libre disponibilidad, quedando levantada sobre ellas toda declaración de Reserva Fiscal, para su adjudicación a actores productivos mineros que las soliciten en la forma establecida en la presente Ley.    

II. Pasarán asimismo a formar parte de estas Áreas las siguientes, luego de agotarse todos los recursos o instancias de ley o contractuales, según corresponda:

  1. a)Las ATEs de titulares que habiendo solicitado su adecuación sus solicitudes hubieren sido denegadas;
  2. b)Las ATEs respecto de las cuales los titulares no hubieren iniciado la tramitación de su adecuación conforme a esta Ley, las cuales se consideran renunciadas;
  3. c)Las nuevas Áreas Mineras otorgadas bajo Autorización de Exploración cuando se renunciara a las mismas o no se ejerciera el derecho preferente previsto en el Artículo 143 de la presente Ley.
  4. d)Las nuevas Áreas Mineras otorgadas bajo Autorización de Prospección Aérea, cuando se renunciara a las mismas o no se ejerciera el derecho preferente previsto en el Artículo 148 de la presente Ley.
  5. e)Las Áreas Mineras otorgadas bajo contratos administrativos mineros cuando los respectivos contratos hubieren sido definitivamente resueltos y terminados o se hubiere vencido su plazo final de vigencia;
  6. f)Las Áreas Mineras respecto de cuyos titulares de derechos se hubiere determinado nulidad.
  7. g)Las Áreas Mineras parcial o totalmente renunciadas,
  8. h)Las demás Áreas Mineras que hubieren retornado a la administración estatal por otras causales establecidas en la presente Ley.

III. En cada uno de los casos previstos en los parágrafos anteriores, la Dirección Departamental o Regional competente, previo informe de SETMIN dictará Resolución final, según corresponda, confirmando la reversión al dominio administrativo del Estado, cancelación de su registro y dispondrá su publicación en la Gaceta Nacional Minera.

IV. Las resoluciones finales previstas en el parágrafo III anterior no son susceptibles de recurso alguno, en virtud a que previamente quedaron agotadas las vías administrativa y judicial.

ARTICULO 248. (HABILITACIÓN DE FECHAS).- Para los fines de ejercicio de derechos de prioridad se determina lo siguiente:

a) Para el caso previsto en el parágrafo I del artículo anterior, la fecha a partir de la cual queden habilitadas Áreas Mineras de libre disponibilidad, será determinada conforme al parágrafo V del Artículo 216.

b) Para el caso previsto en el parágrafo II del artículo anterior, la fecha a partir de la cual queden habilitadas Áreas Mineras de libre disponibilidad, será la fecha que corresponda a los noventa (90) días hábiles administrativos, siguientes a la publicación y circulación oficial de la Gaceta Minera Nacional en la que consten las respectivas resoluciones previstas en el parágrafo IV del artículo anterior.

ARTICULO 249. (REGISTRO CATASTRAL COMPUTARIZADO).- Para fines de verificación, certificación y reconocimiento de derechos prioritarios, el SETMIN habilitará un sistema computarizado de registro catastral de las Áreas Mineras.

CAPÍTULO VIII

DE LA CONSULTA PREVIA

ARTÍCULO 250. (INICIO DE PROCEDIMIENTO).- Cuando de acuerdo a lo establecido en el Artículo 185 deba realizarse consulta previa libre e informada a la población y comunidadesque pudieran quedar afectadas por la ejecución de proyectos de explotación minera, el Director Regional competente de la AJAM dispondrá el inicio del procedimiento mediante Resolución expresa luego de cumplirse lo previsto en el Artículo siguiente. Si estuvieren involucradas dos o más Autoridades Regionales tendrá competencia aquella que otorgó el correspondiente derecho al área minera.

ARTÍCULO 251. (TRAMITACIÓN). I. Para que la AJAM dicte decreto de inicio del procedimiento de consulta, el solicitante deberá haber presentado ante la autoridad ambiental competente el respectivo Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) o Proyecto de Mitigación – Plan de Adecuación y Seguimiento Ambiental (PM-PASA).

II. El titular hará conocer al Director Regional o Departamental de la AJAM competente, el inicio de la tramitación de la Licencia Ambiental, con lo cual se dará inicio al procedimiento de consulta previa acompañando el EEIA o el PM-PASA.

ARTICULO 252. (NOTIFICACIÓN). I. La Resolución de inicio dispondrá la notificacióna las comunidades y poblaciones que pudieran ser afectadas sea en sus actividades y derechos socio- económicos y culturales, derechos de superficie, derechos de agua, derechos medioambientales y otros reconocidos legalmente, identificados por el solicitante en su EEIA, mediante medios de difusión radiales o televisivos y/o escritos apropiados según lo disponga la Dirección para cada caso.

II. La Resolución también será notificada a la autoridad medioambiental competente encargada de la tramitación de la Licencia Ambiental y dispondrá que el Estudio de Impacto Ambiental se ponga a disposición de las referidas comunidades y poblaciones que pudieran quedar afectadas.

ARTÍCULO 253. (AUDIENCIAS Y REPRESENTACIÓN).I. La consulta previa se realizará mediante audiencias públicasen fechas y lugares que al efecto señale el Director Regional de la AJAM.

II. Las comunidades y poblaciones afectadas estarán representadas en las audiencias por sus respectivas autoridadesde acuerdo con normas aplicables o por usos y costumbres según su composición, forma de elección y ubicación geográfica. El titular solicitante estará representado por su representante legal autorizado y podrá acreditar la participación de delegados técnicos para presentar sus respectivas explicaciones. La autoridad competente que tramite la Licencia Ambiental estará presente mediante representante(s) autorizado(s).

III. El número de audiencias será fijado por el Director Regional de la AJAM según las características del proyecto o actividad en consulta. Las audiencias se realizarán durante los primeros tres meses.

IV. En todo caso el procedimiento de consulta previa por la AJAM que concluye de acuerdo con el Artículo 259 no podrá tener una duración superior a cuatro (4) meses contados desde la última notificación pública con la Resolución de apertura del procedimiento.

ARTÍCULO 254. (DELIBERACIÓN).- I. Instalada la primera audiencia el Director Regional de la AJAM explicará los antecedentes del procedimiento y las normas legales que son aplicables.

II. Seguidamente los representantes del titular solicitante darán una amplia explicaciónde las actividades sujetas a consulta que se propone realizar con identificación de las áreas, derechos o materias que en su criterio pudieran afectar a las comunidades y poblaciones, así como de los alcances del Estudio de Impacto Ambiental.

III. El o los representantes de la Autoridad Ambiental podrán presentar a su vez su punto de vista técnicoen términos generales.

IV. Si entre el titular solicitante y las comunidades o poblaciones afectadas tuvieran acuerdos preliminares, los mismos serán explicados en audiencia para su consideración como parte del procedimiento.

ARTÍCULO 255. (DERECHOS DE LAS COMUNIDADES O POBLACIONES AFECTADAS).- En la misma audiencia o en las siguientes los representantes de las comunidades y poblaciones harán conocer sus puntos de vista y planteamientos, identificando las situaciones en las que las actividades propuestas pudieran afectarles y presentando sus reparos y solicitudes de compensación o reparación, siempre proporcionales con las afectaciones previstas, que consideraren oportunas, debidamente justificadas, todo ello acompañado de una memoria escrita que refleje sus planteamientos.

II. Durante las audiencias, las partes intercambiarán criterios y harán conocer sus respectivos puntos de vista, deliberando en torno a la mejor manera de lograr acuerdos.

ARTICULO 256. (ACTAS).- Se llevarán actas de las audiencias las cuales serán firmadas por el representante de la AJAM, los representantes del titular solicitante y de la Autoridad Ambiental y hasta tres delegados de los representantes por cada comunidad o población participante en las audiencias.

ARTICULO 257. (ACUERDOS).- I. Concluidas las audiencias mediando Resolución del Director Regional de la AJAM, entre el titular solicitante y las comunidades y poblaciones afectadas se llevará adelante un proceso de negociación final coordinado por el Director Regional de la AJAM, sobre la base de los antecedentes presentados y las Actas, conducentes a la firma de acuerdos ejecutables en el marco de las normas legales aplicables, en un plazo no mayor a un mes de dicha conclusión.

II. Los acuerdos logrados serán presentados a la AJAM para su homologación, previa la presentación de informe favorable de la autoridad ambiental competente. Si el informe identifica observaciones técnicas fundadas, los acuerdos deberán ser ajustados por las partes en un plazo de veinte (20) días, mediante enmiendas apropiadas para su homologación final.

III. En los casos en los que no se llegare a acuerdos se aplicará lo dispuesto en el parágrafo V del Artículo 259 de la presente Ley.

ARTICULO 258. (AJUSTES AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL). LICENCIA AMBIENTAL. I.Sobre la base de los acuerdos homologados o concluido el procedimiento de mediación y decisión previsto en el Artículo 259 y si fuera necesario, el solicitante efectuará los cambios o complementaciones que fueren legalmente apropiados y justificados en el Estudio de Impacto Ambiental.

II. Sobre esa base o en base al Estudio de Impacto Ambiental original si no requiriera cambios, se concluirá la tramitación y se obtendrá, en el trámite separado conforme a las normas aplicables y la presente Ley, la correspondiente Licencia Ambiental.

ARTICULO 259. (MEDIACIÓN Y DECISIÓN).- I. Si dentro del plazo previsto en el Artículo 253 no se llegare a acuerdos entre el titular solicitante y la o las comunidades y poblaciones afectadas, el titular solicitante pondrá la situación en conocimiento de Director Regional de la AJAM, acompañando todos los antecedentes necesarios, quien los remitirá al Ministerio de Minería y Metalurgia.

II. Recibidos los antecedentes el Ministerio dispondrá que, mediante una dirección técnica independiente y especializada de su dependencia, se de inicio a un procedimiento de aproximación y de mediación entre las partes, pudiendo al efecto solicitar información, citar a reuniones, realizar gestiones mediadoras y presentar propuestas de acuerdos.

III. Si en un plazo de sesenta (60) días de iniciado dicho procedimiento no se llegare a acuerdos, la Dirección lo informará al Ministerio en cuyo caso el Ministerio será la última instancia administrativa que, mediante Resolución fundada y en marco de las normas legales aplicables, dirima las diferencias y resuelva los derechos y las obligaciones, teniendo en cuenta los de las partes y el interés del Estado, que deberán ejercer y cumplir las partes obligatoriamente.

IV. La Resolución del Ministerio será definitiva e inapelable, salvo únicamente por el derecho de las partes de solicitar y obtener aclaraciones y complementaciones que solicitaren en un plazo de siete (7) días hábiles de su notificación con la Resolución.

V. Si como resultado del procedimiento de mediación se llegare a acuerdos el Ministerio remitirá antecedentes y el tenor de los mismos a la AJAM para su respectiva homologación, mediante Resolución a dictarse en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles administrativos. Si los acuerdos afectaren el Estudio de Impacto Ambiental, el Ministerio, como autoridad nacional ambiental competente minera de acuerdo con la presente Ley, requerirá del titular solicitante las respectivas complementaciones para su aprobación final y otorgamiento de la Licencia Ambiental.  

ARTICULO 260. (COSTOS).- I. Los costos de notificaciones, comunicación e información serán asumidos en su totalidad por el actor minero solicitante.

II. La AJAM correrá con el gasto de traslado y permanencia de los servidores públicos que participen en la consulta previa, incluidos los de los representantes de la autoridad ambiental competente.

III. Las comunidades y poblaciones participantes correrán con sus gastos de traslado, permanencia, asesoría y participación.

CAPÍTULO IX

DE LA VARIACIÓN DE CURSOS DE AGUA

ARTICULO 261. (TRÁMITE).- I. En caso de que un titular de derechos mineros tuviere necesidad justificada de variar cursos de agua de acuerdo con el Libro Primero, presentará solicitud al Director Departamental o Regional competente, acompañando un estudiojustificativo, incluyendo su propuesta de modificación a la Licencia Ambiental, copia de la cual se entregara a la autoridad ambiental competente.

II. La Dirección dictará decreto de admisión disponiendo su notificación a la autoridad pública y/o comunidades o poblaciones afectadas o propietarios o titulares de derechos, públicos o privados afectados en todos los casos para que formulen sus observaciones o peticiones en un plazo prudencial que fije el Director, las cuales serán notificadas al solicitante para que confirme o reformule su petición, si fuera el caso, teniendo en cuenta dichas observaciones o peticiones.

III. El Director notificará a la autoridad ambiental competente sobre la petición, reformulada en su caso, a los fines de su consideración y aprobación de las modificaciones a la Licencia Ambiental.

ARTICULO 262. (ACUERDO).- En base a la solicitud o reformulación del solicitante aprobada por la autoridad ambiental, las partes involucradas firmarán un acuerdo el cual será homologado por el Director mediante Resolución. Si en un plazo de treinta (30) días no se llegare al acuerdo, los antecedentes serán remitidos al Director quien, previa consulta con la autoridad ambiental competente, dictará resolución motivada, aprobando o negando la solicitud. La resolución aprobatoria podrá ser parcial. Cualquier impugnación se tramitará únicamente en la vía administrativa, la resolución de cuyos recursos será final y definitiva. Sobre la base anterior la autoridad ambiental competente confirmará la correspondiente Licencia Ambiental.

CAPÍTULO X

DE LAS RENUNCIAS

ARTICULO 263. (DERECHO A LA RENUNCIA).- I. Salvo por lo previsto en el parágrafo IV del Artículo 92 de la presente Ley, todo titular de derechos sobre áreas mineras podrá en cualquier momento renunciarlos, total o parcialmente, en este último caso en la medida que fuere legal y técnicamente posible, notificándolo a la Dirección Departamental o Regional competente la cual la aceptará mediante Resolución, previo informe técnico del SETMIN.

II. La Resolución se inscribirá en el Registro Minero y se notificará al SETMIN. Se publicará en la Gaceta Nacional Minera.

III. Si la renuncia correspondiere a Contratos Administrativos Mineros, se otorgara adicionalmente la correspondiente escritura pública notarial de resolución contractual. En caso de renuncia parcial se suscribirá una escritura pública de enmienda, sin necesidad de ninguna otra formalidad.

IV. La renuncia no libera al titular del cumplimiento de sus demás obligaciones contractuales o legales. En caso de renuncia parcial cualquier Plan de Trabajo o Desarrollo e inversiones aplicable será modificado y presentado ante la Dirección Departamental o Regional competente.

ARTICULO 264. (INFORME).- Si la renuncia es a una Autorización de Prospección y Exploración, el titular deberá presentar su Informe en Conclusiones con los efectos previstos en la presente Ley, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles administrativos de la fecha de la renuncia. En caso contrario será pasible a una sanción pecuniariaequivalente al 100% de los gastos realizados en los trabajos de prospección y exploración, lo cual no lo releva de la obligación de entrega.

 

CAPITULO XI

DE LA NULIDAD

ARTICULO 265. (CAUSALES Y EFECTOS).- I. La adquisición o el mantenimiento de derechos mineros en contravención a las prohibiciones establecidas en los Artículos 26, 27 y 29 o parágrafos II y IV del Artículo 96 de la presente Ley, será nulo de pleno derecho con los efectos que corresponden a dicha nulidad conforme a la ley civil y genera para el infractor la obligación de reparación por todos los daños y perjuicios que la misma pudiera crear, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.

ARTICULO 266. (PROCEDIMIENTO).- I. Las nulidades previstas en el Artículo anterior podrán declararse a denuncia de cualquier tercero con capacidad legal, de cualquier autoridad pública o de oficio por la Directora o Director Departamental o Regional competente de la AJAM.

II. Presentada la denuncia ante el Director Departamental o Regional competente o dispuesta la verificación por este de oficio, el Director dictará decreto de inicio del trámite de nulidad disponiendo la notificación a él o a los presuntos involucrados quienes tendrán un plazo de quince días hábiles administrativos para presentar todos sus descargos debidamente justificados y/o documentados.

III. Cuando una denuncia involucre a la Directora o Director Departamental o Regional, la misma se presentará ante el Director Ejecutivo Nacional, quien designará a una Directora o Director Regional sustituto para la tramitación.

IV. Presentados los descargos o transcurrido el plazo sin que ello hubiera ocurrido, el Director procederá con el análisis de antecedentes y en su caso descargos presentados. Podrá disponer la apertura de término de prueba de quince (15) días hábiles administrativos prorrogable por un término similar a solicitud justificada del o los involucrados. Si fuera necesaria verificación técnica, el Director dispondrá que la misma se realice y se presente por el Servicio Técnico de Minas dentro del término de prueba.

V. Vencido el periodo de prueba, el Director decretará la clausura del término probatorio y otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles administrativos a el o a los involucrados para que presenten sus alegatos sobre la denuncia y la prueba producida.

VI. Seguidamente el Director, en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos mediante Resolución dispondrá la nulidad o la rechazará o dejará sin efecto la tramitación si inicio el procedimiento de oficio, según corresponda.

VII. Contra la resolución el o los involucrados podrán interponer los recursos de ley, con efecto suspensivo del derecho de llevar adelante la actividad minera prohibida por el denunciado.

VIII. A la conclusión de los procesos, la Directora o Director competente dispondrá mediante Resolución la correspondiente inscripción en el Registro Minero.

CAPITULO XII

DE LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS

ARTÍCULO 267. (PROCEDIMIENTO).- I. En relación a los Contratos Administrativos Mineros, la Dirección Regional o Departamental suscribiente constituye contraparte de los mismos y ejercerá la fiscalización y control de su cumplimiento.

II. Previa verificación por la Dirección, en caso que considere que existe una causal expresa de resolución contractual autorizada por la presente Ley, dispondrá mediante decreto la notificación al Titular sobre los supuestos cargos que dan inicio al procedimiento de resolución contractual.

III. El titular del contrato tendrá un plazo de quince días hábiles administrativos de la notificación con el decreto para presentar sus descargos y justificativos. Si fuera necesaria la producción de prueba, por los medios probatorios habituales reconocidos en las normas de procedimiento administrativo, el Director dispondrá la apertura de término de prueba de quince días hábiles administrativos, durante el cual se dispondrá la producción de la prueba conducente.

IV. Concluido el término probatorio, el titular presentará sus alegatos dentro de los cinco días hábiles administrativos siguientes. El Director en el plazo de diez días hábiles administrativos, presentados o no los alegatos, emitirá Resolución fundamentada declarando la resolución del Contrato Administrativo Minero y disponiendo la reversión de áreas al dominio del Estado o declarando no haber lugar a la resolución del mismo.

ARTÍCULO 268. (EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN). I. Una vez agotadas las vías legales de impugnación que se presentaren y ejecutoriada la resolución administrativa o judicial que dispone la resolución del contrato, el Director competente dispondrá la correspondiente inscripción en el Registro Minero y en el SETMIN a los fines de la presente Ley, quedando resuelto el contrato sin necesidad de formalidad adicional alguna.

II. La resolución final no tendrá efecto retroactivo. Mientras dure la tramitación y resolución de las impugnaciones de ley, el titular del contrato continuará ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus obligaciones contractuales y legales.

CAPITULO XIII

REVOCATORIA Y SUSPENSIÓN DE LICENCIAS

 

ARTICULO 269. (REVOCATORIA DE AUTORIZACIÓN DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN).- I. Si el Director Departamental o Regional que otorgó la Autorización de Exploración, considera, previa verificación, que existe una causal expresa de revocatoria dispondrá mediante providencia la notificación de cargos que da inicio al procedimiento.  

II. El titular de la Autorización tendrá un plazo de quince días hábiles administrativos de la notificación con la providencia para presentar sus descargos y justificativos. Si fuera necesaria la producción de prueba, el Director dispondrá la apertura de término de prueba de quince días hábiles administrativos.

III. Concluido el término probatorio, el titular de la licencia presentará sus alegatos dentro de los cinco días hábiles administrativos siguientes. El Director en el término de 10 días hábiles de vencido el término de prueba, con o sin alegatos, emitirá Resolución declarando la revocatoria de la autorización o desestimando los cargos que dieron inicio al proceso.

IV. Una vez agotadas las vías de impugnación, el Director competente dispondrá la inscripción en el Registro Minero y en el SETMIN de la resolución administrativa o judicial que resuelva el caso. Si fuera de revocatoria la misma se publicara en la Gaceta Nacional Minera.

V. La interposición de recursos no tendrá efecto suspensivo de las obligaciones del titular ni de sus derechos de exploración.

ARTÍCULO 270. (SUSPENSIÓN Y REVOCATORIA DE LICENCIAS).- I. Cuando proceda la suspensión o revocatoria de Licencias de Operación o Comercialización conforme al Artículo 161 de la presente Ley, se seguirá el procedimiento previsto en el Artículo anterior según corresponda. Si se declarara la suspensión, el Director competente otorgará el plazo prudencial de corrección previsto en el Artículo 161.

II. Tratándose de revocatoria de Licencias de Operación la interposición de recursos administrativos y judiciales no tendrá efecto suspensivo. Lo tendrá sin embargo en el caso de revocatoria de Licencias de Comercialización.

CAPÍTULO XIV

DE LA OPOSICIÓN Y DERECHOS PREFERENTES

ARTÍCULO 271. (SUJETOS DE LA OPOSICIÓN).- I. Los titulares de derechos mineros reconocidos u otorgados por el Estado por intermedio de las autoridades mineras competentes o mediante normas legales expresas, que consideren que sus derechos mineros resultan afectados total o parcialmente, podrán interponer ante el Director Regional o Departamental oposición a solicitudes de:

  1. a)Adecuación o Registro de ATE’s.
  2. b) Autorización de Prospección y Exploración,
  3. c) Contratos Administrativos Mineros de Uso y Aprovechamiento,
  4. II.El interesado opositor deberá acompañar la documentación legal que acredite su derecho.

ARTÍCULO 272. (DERECHO PREFERENTE Y OPOSICIÓN).- I. Cuando un titular con derecho a adecuación tuviere contrato de arrendamiento, riesgo compartido o asociación con otro actor productivo minero, y no solicitara la adecuación dentro del plazo previsto al efecto, el Área Minera revertirá al control administrativo del Estado, previa Resolución del Director Regional o Departamental competente.

II. En el caso anterior la contraparte en los referidos contratos, tendrá derecho preferente, para solicitar Contrato Administrativo Minero sobre el área minera revertida, cumpliendo los requisitos de ley. Para el efecto, dentro de los tres meses calendarios de la publicación de la Resolución de reversión, presentará su solicitud acompañando testimonio de la escritura pública de su contrato.

III. La contraparte en los contratos tendrá, asimismo, el derecho de oposición en relación a solicitudes de terceros que no respeten su derecho preferente.

ARTÍCULO 273. (PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN). I. Se podrá interponer oposición dentro de los veinte días hábiles administrativos de la fecha de publicación de la Resolución en la Gaceta Nacional Minera.

II. El Director competente dictará el auto de inicio del procedimiento de oposición y dispondrá su notificación a la parte solicitante y al Servicio Técnico de Minas, el cual, dentro de los cinco días hábiles administrativos de su notificación, presentará al Director el correspondiente informe técnico, con el que serán notificadas las partes.

III. El Director dispondrá la apertura de término de prueba de quince días hábiles administrativos, durante el cual las partes producirán sus pruebas.

IV. Concluido el término de prueba y notificadas las partes, tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles administrativos para presentar sus alegatos. Con o sin alegatos el Director dictará Resolución dentro de los diez (10) días administrativos siguientes.

ARTICULO 274. (EFECTOS). I. La Resolución prevista en el parágrafo IV del Artículo anterior podrá ser impugnada únicamente en la vía administrativa.

II. Desde la fecha de admisión de la oposición hasta su conclusión con efectos ejecutoriados, la tramitación de las solicitudes contra las cuales se presentó oposición quedará suspendida, debiendo luego continuar si la oposición fuere denegada.

  1. III.La Resolución final que resuelva la oposición se inscribirá en el Registro Minero.

TITULO III

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

CAPITULO I

DEL AMPARO ADMINISTRATIVO MINERO

ARTICULO 275. (NORMAS GENERALES).- I. El Director Departamental o Regional competente amparará, con el auxilio de la fuerza pública requerida al Comando Departamental de Policía y de otras medidas efectivas de protección que fueran necesarias, al titular de derechos mineros o al operador legal de la actividad minera previstos en la presente Ley, cuyas áreas mineras, parajes o lugares de actividad o trabajo, instalaciones, campamentos u otras dependencias fueran objeto de (i) invasión, ocupación, bloqueo, avasallamiento, obstrucción de caminos o accesos a los parajes, perturbación de hecho u otros actos similares que de cualquier modo afecten, alteren, perjudiquen el normal y pacífico desarrollo de sus labores y actividades; (ii) amenazas verbales o escritas de cualesquiera de dichos actos; sea que se trate de personas individuales o colectivas, grupos u organizaciones sociales, comunidades, pueblos, autoridad pública sin competencia en materia minera, u otros; o iii) invasión intencional o dolosa por otro actor productivo minero colindante.

II. Las personas responsables de los hechos, acciones y amenazas deberán hacer abandono inmediato de las áreas o lugares de actividad, instalaciones, dependencias, caminos, accesos, campamentos u otros, indebidamente ocupadas o afectadas y deberán abstenerse de proferir amenazas o ejercer directa o indirectamente acciones que perjudiquen el normal desarrollo de las actividades mineras.

III. La Dirección competente y toda autoridad pública que intervenga en el amparo o que tome conocimiento de los hechos, tienen la obligación de entregar o remitir sin demora todos los antecedentes e información del caso al Ministerio Publico para el inmediato inicio de las investigaciones de ley y el correspondiente procesamiento penal de quienes resultaren autores, materiales e intelectuales, cómplices o encubridores de los delitos, quienes responderán asimismo de los daños y perjuicios ocasionados.

ARTICULO 276. (PROCEDIMIENTO).- I. Presentada la solicitud de amparo con las explicaciones, antecedentes o evidencias del caso ante el Director Departamental o Regional competente, el Director de inmediato y a más tardar dentro de las doce horas de presentada la solicitud, se hará presente en el lugar de los hechos, acompañado por un técnico del SETMIN, un representante del Ministerio Público y de la fuerza pública que considere necesario y cuya presencia hubiere requerido según el Artículo anterior. Previa verificación sumaria de los mismos y   en el plazo de 48 horas hábiles siguientes otorgará el amparo disponiendo el inmediato abandono y desalojo de los responsables, la cesación de otros actos hostiles y/o amenazas y otras medidas de amparo, bajo conminatoria de ley.

II. El Ministerio Público dispondrá las medidas de ley y podrá ordenar decomisos de bienes objeto de la ilegalidad y su respectiva custodia.

III. Tratándose de amenazas, identificados que fueren los responsables, la Dirección dispondrá la inmediata entrega o remisión de antecedentes al Ministerio Público a los fines de ley. La falta de identificación de quienes amenazaron no impedirá que se conduzcan las investigaciones correspondientes.

ARTÍCULO 277. (ACTUACIÓN DE OFICIO).- Advertida la autoridad de la existencia de hechos como los señalados en el parágrafo I del Artículo 275, por cualquier otra vía, el Director competente dará cumplimiento a todo lo previsto en el Artículo anterior, según corresponda.

CAPÍTULO II

DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE PASO Y USO EN ÁREAS SUPERFICIALES Y DE LA EXPROPIACIÓN

ARTICULO 278. (DERECHOS DE PASO Y USO EN ÁREAS SUPERFICIALES).-. I. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 84 de la presente Ley, en la eventualidad de que no existiera acuerdo entre el titular de los derechos mineros y el o los titulares de las áreas superficiales, el titular minero podrá presentar ante el Director o Directores Regionales competentes, según corresponda, solicitud de autorización administrativa de paso y uso.

II. Recibida la solicitud, el Director dictará auto de inicio del trámite disponiendo las notificaciones al solicitante y a los titulares de los derechos superficiales involucrados.

III. El auto señalará día y hora para el verificativo de inspección ocular con participación de las partes, que se realizará dentro de los diez días hábiles administrativos siguientes, y dispondrá que el Servicio Técnico de Minas concurra a la audiencia a los fines de elaboración de un informe técnico a presentarse dentro de los diez días hábiles administrativos siguientes al verificativo de la audiencia.

IV. El acta de la Audiencia y el informe del Servicio Técnico de Minas se pondrán en conocimiento de las partes para que en un plazo de diez días hábiles administrativos presenten sus argumentaciones. Presentadas las mismas el Director dictará Resolución aprobatoria o denegatoria, que puede ser total o parcial. La Resolución podrá ser impugnada únicamente en la vía administrativa.

V. Adquirida la condición de cosa juzgada, si la Resolución es aprobatoria se abrirá mediante decreto el procedimiento de determinación de la compensación a ser pagada por el titular minero solicitante.

VI. Las partes podrán acordar el monto de la compensación. El acuerdo que sea suscrito por las partes será homologado por el Director competente.

VII. A falta de acuerdo dentro de los diez días administrativos siguientes a la notificación con la Resolución aprobatoria, el accionante solicitará al Director la designación de un perito profesional independiente encargado de fijar la compensación. El informe del perito deberá emitirse en un plazo de quince días hábiles administrativos, a partir de su designación. La determinación será aprobada mediante Resolución del Director. Solo podrá ser impugnada en la vía administrativa. Los costos del peritaje correrán por cuenta del titular minero solicitante.

  1. VII.Notificado el titular minero con la resolución final determinativa, deberá pagar la compensación dentro de los diez días hábiles administrativos siguientes. En caso contrario perderá su derecho. Notificados los titulares de las áreas o infraestructura afectada y empozado el pago, los propietarios superficiarios deberán permitir el acceso y uso aprobados.

IX.       La falta de la solicitud de designación del perito en el plazo señalado en el caso del parágrafo VII anterior, se entenderá como renuncia al proceso de autorización con archivo de obrados. Sin embargo, el actor minero podrá presentar nueva solicitud de autorización sujetándose al procedimiento previsto en este Artículo.

ARTICULO 279. (CONSTITUCIÓN DE DERECHO DE SUPERFICIE. EXPROPIACIÓN).- I. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 de la presente Ley, en la eventualidad de que no existiera acuerdo entre el titular de los derechos mineros y el o los titulares de las áreas superficiales para la constitución del derecho de superficie a favor del titular minero, este último podrá presentar ante el Director Departamental o Regional competente, según corresponda, solicitud de expropiación de las áreas superficiales necesarias.

II. La conducción, alcance y efectos del procedimiento de expropiación se sujetará a lo previsto en el Artículo anterior, en todo lo aplicable.

III. Para el respectivo peritaje, el perito tendrá en cuenta el valor de mercado del área superficial y de cualquier infraestructura que resultaren afectadas.

ARTICULO 280. (CONSTITUCIÓN DEL DERECHO DE USO DE AGUAS DEL DOMINIO PRIVADO).- I. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 87 de la presente Ley, en la eventualidad de que no existiera acuerdo entre el titular de los derechos mineros y el o los titulares derechos de agua del dominio privado para su uso por el titular minero, este último podrá presentar ante el Director Departamental o Regional competente, solicitud de autorización administrativa para el reconocimiento del derecho de uso.

II. La conducción, alcance y efectos del procedimiento se sujetará a lo previsto en el Artículo 278 de la presente Ley, en todo lo aplicable.

CAPÍTULO III

DE LA AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE DERECHOS DE USO, PASO Y SUPERFICIE

ARTÍCULO 281. (AMPLIACIÓN).- En relación al Artículo 86 de la presente Ley la ampliación de los derechos de uso, paso y superficie se establece mediante acuerdo de partes que debe presentarse al Director Regional competente para su homologación. A falta de acuerdo se aplica, según corresponda, lo dispuesto en los Artículos 84 y 85.

ARTÍCULO 282. (REDUCCIÓN).- I. El titular minero de los derechos de uso, paso y superficie los reducirá voluntariamente de acuerdo con lo previsto en la presente Ley. A falta de reducción voluntaria, el titular superficiario original de los derechos, podrá solicitar al Director Regional competente autorización administrativa que determine la reducción.

II. Presentada la solicitud el Director competente dictará auto de inicio del trámite, disponiendo la notificación a las partes. El auto señalará día y hora para el verificativo de una inspección ocular que se realizará dentro de los diez días hábiles administrativos siguientes, disponiendo que el Servicio Técnico de Minas concurra a la audiencia a efecto de la elaboración de un informe técnico que será presentado dentro de los diez días hábiles administrativos siguientes al verificativo de la audiencia.

III. El acta de audiencia y el informe del Servicio Técnico de Minas se pondrán en conocimiento de las partes para que en un plazo de diez días calendarios presenten sus argumentaciones. Presentadas las mismas el Director Regional dictará resolución aprobatoria o denegatoria, que puede ser respecto del total o una parte de lo solicitado. La resolución sólo puede ser impugnada en la vía administrativa.

IV. En caso de resolución final aprobatoria el titular minero procederá a la devolución de la superficie establecida dentro de los diez días hábiles administrativos siguientes a su notificación, dejándose constancia de la devolución en Acta firmada por el titular y los titulares de los derechos originales, la misma que se copiará al Director Regional competente para fines de registro, control y archivo.

V. Los titulares superficiales originales no tendrán obligación de devolución de las indemnizaciones o compensaciones originalmente pagadas, que se consoliden en su beneficio. Las obras construidas por el actor productivo minero, también se consolidarán a favor del propietario superficiario, salvo que por razones de interés público éstas deban ser entregadas a una autoridad competente.

TITULO IV

NORMAS COMPLEMENTARIAS, FINALES Y TRANSITORIAS

ARTICULO 283. (DE LAS RELACIONES ENTRE TITULARES DE DERECHOS MINEROS).- Los titulares de derechos mineros autorizarán a titulares colindantes el ingreso a sus lugares de trabajo cuando exista fundado peligro de inundación, derrumbe o cualquier otro daño que pudiera serles causado con la ejecución de labores o trabajos de los primeros, con la finalidad de que el colindante adopte medidas preventivas apropiadas con cargo al titular o requiera al titular su inmediata ejecución. En caso de negativa del titular, podrá el colindante solicitar, con las justificaciones necesarias, Autorización del Director Departamental o Regional competente, la cual se otorgará mediante Resolución de efecto inmediato. La Autorización podrá instruir al titular requerido la inmediata adopción de medidas correctivas o preventivas.

ARTICULO 284. (PROPASES).- I. El titular de derechos mineros que propase sus labores a Áreas Mineras ajenas deberá resarcir daños y perjuicios conforme a la ley civil. El titular afectado podrá, con base justificada, solicitar la intervención del Director departamental o regional competente, para que mediante Resolución y previo informe de verificación del Servicio Técnico de Minas, a presentarse en el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos, disponga en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles administrativos de presentado el informe, las medidas de cese y corrección inmediatos que deberán ser cumplidas por el titular reclamado.

ARTICULO 285. (ABROGACIONES Y DEROGACIONES).- I. Se abroga los siguientes cuerpos normativos:…..

II. Se deroga …..

Nota.- Se completará este artículo una vez se revisen todas las normas afectadas por el presente Proyecto.

 

 

 

 

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